Estados Unidos, India: modelos de corrupción

A fecha de hoy es un hecho ampliamente reconocido, y un reciente editorial de The New York Times, («A Comprehensive Accounting of Trump’s Culture of Corruption») lo proclamaba abiertamente, que la presidencia de Trump es, con diferencia, la más corrupta de la historia de Estados Unidos, una historia caracterizada por varias presidencias, que de ningún modo fueron precisamente limpias. Las continuas operaciones en beneficio propio, el descarado enriquecimiento personal de Trump y de su familia, la implicación en sórdidos negocios con criptomonedas, los numerosos casos de uso de información privilegiada (tres mil seiscientas lucrativas operaciones bursátiles registradas solo en el primer trimestre de este año en lo que parece ser un modus operandi fraudulento dirigido desde el propio Despacho Oval), los indultos presidenciales a delincuentes en un sistema bien organizado de favores recíprocos, los actuales intentos de eximir a Trump y a su familia de la inspección tributaria de las autoridades fiscales y su exoneración preventiva de los posibles delitos financieros cometidos, así como el saqueo de los contribuyentes para crear un fondo dedicado a pagar sobornos con el que el actual gobierno estadounidense pretende recompensar a compinches y a otros delincuentes: la lista sigue y no tiene precedentes. En cuanto al país propiamente considerado, en 2025 Estados Unidos alcanzó su peor posición de la historia, situándose en el puesto vigésimo noveno de acuerdo con la clasificación elaborada por Transparency International, que, si bien imperfecta, es una de las pocas disponibles de este tipo. Dicho en otras palabras, a tenor de la misma hay veintiocho países menos corruptos que Estados Unidos.

La India, por supuesto, ha sido en general más corrupta que Estados Unidos. De acuerdo con Transparency International su ubicación en 2025 la colocaba en el puesto nonagésimo primero. Pero los máximos dirigentes políticos indios no son en absoluto tan cleptocráticos como sus homólogos estadounidenses. De hecho, el régimen actual llegó al poder en 2014 tras una fuerte campaña contra los escándalos de corrupción protagonizados por el gobierno anterior, aunque en realidad estos fueron en cierta medida hipertrofiados por los medios de comunicación y por el propio BJP (Partito Popular Indio), así como por una agencia de auditoría pública, que había realizado una estimación exagerada de la cantidad de dinero implicada). Con gran fanfarria, el nuevo régimen prometió poner orden en la India. Luego, en 2016, Modi anunció una medida drástica: la «desmonetización», es decir, la retirada del 86 por 100 del papel moneda con el fin de eliminar la corrupción, el «dinero negro» (es decir, el evadido) y el efectivo ilícito. Pidió a la ciudadanía, en una frase que se hizo famosa, que soportara las penurias de la política durante «cincuenta días», y dijo que estaba dispuesto a aceptar cualquier castigo, si la medida no tenía éxito. La decisión resultó desastrosa para los pobres, en particular para quienes trabajaban en el vasto sector informal, para las pequeñas empresas dependientes de la circulación de dinero en efectivo y para quienes recibían salarios diarios. De acuerdo con la mayoría de los informes, este sector no se ha recuperado del golpe años después de la implementación de esta decisión. La mayoría de los observadores independientes afirman hoy que la medida apenas hizo mella en la corrupción. La clasificación de Transparency International de la India colocó al país en el puesto septuagésimo noveno en 2016, lo cual indica que a tenor de esta evaluación (relativa), la corrupción parece haber empeorado a fecha de hoy. Una cuantificación internacional alternativa, el índice de «control de la corrupción» elaborado a partir los World Bank’s Worldwide Governance Indicators, también muestra cierto deterioro de la India durante la última década.

A veces se afirma, con cierta justificación, que en algunas áreas de gestión administrativa del Estado indio la tecnología ha reducido el margen de la corrupción; por ejemplo, en los pagos de prestaciones sociales, donde las transferencias digitales directas han reducido el número de intermediarios, o en la externalización de la expedición de pasaportes y permisos de conducir. Por otra parte, se han debilitado algunas salvaguardias. La Prevention of Corruption Act de 1988, por ejemplo, se ha diluido al aumentar la carga de la prueba y al dificultar la investigación de un funcionario sin la aprobación previa de una autoridad política o administrativa. La Right to Information Act de 2005 también se ha visto sustancialmente debilitada, porque se ha comprometido la independencia estructural de los Comisionados de Información y se han dejado sus delegaciones inoperativas debido a la falta de personal, lo cual ha provocado la consiguiente acumulación masiva de expedientes, y se han aprobado nueva normativa sobre la privacidad de los datos, lo cual han creado nuevas exenciones a la hora de investigar los casos de corrupción.

El cabildeo y las estrategias de presión bien financiadas no solo mejoran el acceso a la actividad de los legisladores, sino que en el caso estadounidense permite ahora, que los grupos de presión lleguen a desarrollar y redactar en algunos casos la propia legislación. A efectos prácticos, la mayoría de la legislación aprobada en Estados Unidos está en estos momentos en venta

En la literatura sobre la corrupción se suele distinguir entre la corrupción menor o cotidiana presente en los cargos públicos y la «gran corrupción», que suele implicar el nexo ilícito entre los altos cargos políticos y las grandes empresas. En la India es habitual ver a la policía de tráfico aceptando dinero de camiones sobrecargados de forma realmente explícita: la cara visible de la corrupción menor. Pero un solo contrato de defensa dudoso firmado a puerta cerrada con el Pentágono puede implicar mucho más dinero que las sumas que recaudan miles de agentes de tráfico indios a lo largo de un año. Es probable que gran parte de los datos internacionales, como los que utiliza Transparency International, se refieran más a la corrupción menor en las calles, las oficinas y los tribunales que al segundo tipo de corrupción de gran envergadura. A la hora de determinar el nivel de este tipo de corrupción, hay al menos dos factores interrelacionados especialmente importantes. Uno se refiere a la naturaleza monetizada de la política y el otro al «capitalismo de compinches».

En Estados Unidos, la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Citizens United v. Federal Election Commission (2010) eliminó de hecho la mayoría de las restricciones vigentes sobre el gasto político que pesaba sobre los ultrarricos y las grandes empresas

Tanto en Estados Unidos como en la India, la influencia del poder de las grandes empresas en la financiación electoral, el cabildeo, la presión política y el control de los medios de comunicación ha sido considerable desde hace mucho tiempo. Pero con el aumento de la concentración empresarial en ambos países, esta influencia es ahora asombrosamente alta. En Estados Unidos, la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Citizens United v. Federal Election Commission (2010) eliminó de hecho la mayoría de las restricciones vigentes sobre el gasto político que pesaba sobre los ultrarricos y las grandes empresas. Desde entonces, sus donaciones políticas se han disparado, habiéndose multiplicado por diecisiete entre 2010 y 2023, según una estimación. Una cantidad desproporcionada de este incremento de las donaciones efectuadas con fines políticos ha ido a parar al Partido Republicano. Trump ha recompensado a los multimillonarios con enormes recortes fiscales, lucrativos contratos públicos, acuerdos sobre criptomonedas y favores normativos (incluida la exención de las regulaciones medioambientales y la aprobación de normativa que deja IA sin regular, lo cual constituye un peligro potencial para toda la humanidad). El cabildeo y las estrategias de presión bien financiadas no solo mejoran el acceso a la actividad de los legisladores, sino que en el caso estadounidense permite ahora, que los grupos de presión lleguen a desarrollar y redactar en algunos casos la propia legislación (para un relato vívido, véase The Business of America is Lobbying (2015), de Lee Drutman). A efectos prácticos, la mayoría de la legislación aprobada en Estados Unidos está en estos momentos en venta.

En la India, el proceso de cabildeo y presión sobre políticos y legisladores es más turbio y está menos documentado. El poder ejecutivo, bajo el régimen actual, introduce regularmente leyes importantes sin efectuar ninguna consulta y se las impone al poder legislativo sin dejar apenas margen para el debate. En cuanto a la financiación electoral, el sórdido plan de bonos electorales introducido en 2017 permitió al partido gobernante (BJP) acceder a fuentes de recursos en efectivo no reveladas y a posibles esquemas de extorsión (ahora hay pruebas de que las empresas inspeccionadas por las agencias de investigación del gobierno se apresuraron a aumentar su compra de bonos electorales). Incluso tras la suspensión muy tardía del plan por parte del Tribunal Supremo indio, la Association for Democratic Reforms, de carácter no partidista, ha estimado que en el año electoral 2024-2025, el BJP recibió donaciones que decuplicaban las recibidas conjuntamente por los otros cinco partidos políticos de ámbito nacional. Se sospecha que parte de este dinero se gastó para sobornar a políticos de la oposición activos en aquellos estados donde los resultados electorales estaban reñidos para garantizar que el BJP pudiera formar gobierno en los mismos. Las agencias de investigación centrales persiguen enérgicamente los cargos de corrupción contra políticos de la oposición, pero esos cargos se retiran, si dichos políticos deciden cambiar de bando. El partido gobernante es ahora ampliamente descrito en la India como una gigantesca «lavadora» de políticos corruptos.

En cuanto al capitalismo de compinches, no hay duda de que la oligarquía es una característica dominante de las economías tanto de Estados Unidos como de la India. Y estos oligarcas no dudan en identificar sus intereses financieros con los de la nación. En 2023, cuando la firma de inversión neoyorquina Hindenburg Research acusó al conglomerado indio Adani Group de fraude y manipulación bursátil, los representantes del grupo calificaron las acusaciones de «ataque calculado contra la India» (y se aseguraron de que hubiera una gran bandera india detrás de ellos cuando lo dijeron). Por supuesto, el gobierno indio utilizó su abrumadora mayoría para resistirse a todas las demandas de investigaciones parlamentarias sobre tales acusaciones. Del mismo modo, cuando el hijo de Trump, Donald Trump Jr., invitó recientemente a financieros estadounidenses a invertir en su empresa de private equity, 1789 Capital, describió esta acción como un acto de «capitalismo patriótico».

El gobierno indio, al prohibir enérgicamente la investigación de acuerdos comerciales cuestionables o de escándalos financieros, ofrece una especie de «garantía soberana» de impunidad

Dado que el campo de juego es mucho más reducido en la India, el número de conglomerados empresariales para los que se reservan favores y dispensas normativas especiales es, en consecuencia, menor. Las normas se modifican habitualmente para ayudar a esta camarilla de empresas afines a ganar licitaciones, manipular subastas, incurrir en «precios predatorios» para acabar con la competencia (mientras la llamada Comisión de la Competencia mira para otro lado) o violar la normativa medioambiental. El gobierno indio, al prohibir enérgicamente la investigación de acuerdos comerciales cuestionables o de escándalos financieros, ofrece una especie de «garantía soberana» de impunidad.

Al margen del gobierno existen muy pocas investigaciones serias. La ONG Voice, que investiga estas prácticas de mala praxis empresarial e institucional, ha sido silenciada en gran medida mediante la intimidación. La captura de gran parte de los medios de comunicación y la represión del resto significa que el periodismo de investigación sobre la corrupción está casi extinguido (salvo unos pocos intentos valientes pero débiles por parte de organizaciones de pequeña dimensión, que disponen de fondos insuficientes o se financian mediante micromecenazgo; entre estas últimas, he seguido a menudo las cuentas de un grupo llamado The Reporters’ Collective). En Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos efectuados por el gobierno de Trump para intimidar o para conseguir que sus propios amigos y compinches los compraran, los medios de comunicación han mantenido viva la tradición del periodismo de investigación. Pero las ONG acusadas de ayudar a inmigrantes o «terroristas» lo están pasando mal.

El capitalismo de compinches es, por supuesto, un capitalismo corrupto. Es probable que esté en auge en la India. The Economist publica de vez en cuando su «índice de capitalismo de compinches», basado principalmente en datos sobre la riqueza de los multimillonarios. En 2023 estimó que, durante la década anterior, el porcentaje de la riqueza de los multimillonarios indios derivada de sectores, cuyos beneficios proceden de rentas obtenidas mediante normativa o regulaciones sesgadas a su favor o se han visto facilitados por sus conexiones directas con la clase política había aumentado del 5 al prácticamente el 8 por 100 del PIB. Los sectores rentistas corruptos incluyen aquellos relacionados con la extracción de recursos naturales, con la construcción de infraestructuras y con cualquier otro ámbito en el que los permisos o regulaciones gubernamentales sean importantes. El capitalismo de compinches ha comenzado ahora a distorsionar y contaminar todo el clima de inversión privada en la India y, por ende, también el crecimiento económico.

En Estados Unidos, de acuerdo con el mismo índice elaborado por The Economist, la proporción de la riqueza de los multimillonarios derivada de sectores cuyos beneficios proceden de rentas obtenidas mediante normativa o regulaciones sesgadas a su favor, como el petróleo, la minería y los casinos, ascendió en 2023 a alrededor del 2 por 100 del PIB, pero si se incluye el sector tecnológico, que presenta algunos rasgos de «amiguismo», la cifra asciende al 6 por 100. En los últimos dos años, hemos visto cómo no solo Elon Musk y Peter Thiel, sino la mayoría de los titanes tecnológicos, todos ellos beneficiarios de contratos públicos, se han acercado abiertamente al gobierno de Trump, ayudando a financiar sus campañas y ahora su proyecto de salón de baile de la Casa Blanca.

Una noticia reciente pone de manifiesto cómo la corrupción en la India y en Estados Unidos están indisolublemente unidas. Se trata de la relación existente entre la administración de Trump y el Grupo Adani, que mantiene una conexión muy estrecha con el régimen de Modi. De acuerdo con una acusación efectuada por el gobierno de Biden, Adani Green Energy fue imputada en un gran caso de soborno en Andhra Pradesh, donde supuestamente pagó a funcionarios y políticos indios 265 millones de dólares entre 2020 y 2024 para que una empresa pública aceptara un contrato de 6 millardos de dólares en el sector de la energía solar. La acusación estadounidense era que, al hacerlo, el Grupo Adani había engañado a los inversores estadounidenses implicados en el proyecto. En aquel momento, la vieja Foreign Corrupt Practices Act seguía en vigor; una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump tras volver a la presidencia en enero de 2025 fue suspender su aplicación.

Al día siguiente de la victoria electoral de Trump en noviembre de 2024, Gautam Adani, director del grupo, le felicitó en las redes sociales, calificándole de la «encarnación de una tenacidad inquebrantable, de un coraje inconmovible, de una determinación implacable y del valor de mantenerse fiel a sus creencias». Una semana más tarde, Adani prometió 10 millardos de dólares en inversiones en Estados Unidos. A continuación, procedió a contratar a un nuevo equipo jurídico liderado por uno de los abogados personales de Trump, Robert J. Giuffra. El 18 de mayo de este año, los fiscales federales estadounidenses solicitaron al juez correspondiente, que retirara los cargos relacionados con el soborno contra Adani y sus coacusados. En una breve carta, los fiscales afirmaron que habían decidido «no dedicar más recursos a estos cargos penales». Adani ha sabido discernir con astucia la actitud transaccional de la administración de Trump. Mientras tanto, en su país, en la India, Adani puede estar seguro de que no habrá ninguna investigación oficial al respecto. Esto forma parte de la garantía soberana.

Una versión anterior de este artículo se publicó en el Substack del autor.

Recomendamos leer Pranab Bardan, «La “nueva” India: Un diagnóstico económico-político», NLR 136, Alpa Shah, «Explicando a Modi», NLR 124, Achin Vanaik, «Las dos hegemonías de la India», NLR  112 y «La nueva derecha de la India», NLR 9, y Radhika Desai, «La India de Modi: ¿El punto álgido de la hindutva?» Diario Red/New Left Review 147. Grey Anderson, «Destruir al adversario para educar al electorado: de los usos del lobby proisraelí en Estados Unidos», Ant/agón, Dylan Riley y Robert Brenner, «Siete tesis sobre la política estadounidense», NLR 138, y «La lógica política de los horizontes bloqueados del capitalismo», Ant/agón/NLR 155.

Este texto se ha publicado en Sidecar, el blog de la New Left Review, revista bimestral publicada en Madrid por Traficantes de Sueños.