Levantamiento en Bolivia

Tras solo seis meses en el poder, el futuro del gobierno del presidente de centro-derecha de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, pende de un hilo. Cinco semanas de asedio y huelgas han paralizado de hecho el país. Los cortes de carretera, liderados por millones de campesinos, en su mayoría indígenas, rodean La Paz y se mantienen en cinco de los nueve departamentos de Bolivia: Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. Los docentes están en huelga junto a mineros, obreros de fábrica, trabajadores del transporte y los comités de barrio organizados a través de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de la ciudad hermana de La Paz, El Alto. Situada en lo alto de la meseta con vistas a la capital, El Alto conecta La Paz con el resto de la Bolivia andina. Con más de 900.000 habitantes, en su mayoría migrantes, obreros e indígenas, la ciudad ha sido el crisol de las protestas, uniendo a las tierras altas occidentales y los valles de los altiplanos, donde vive la mayor parte de los 11,4 millones de habitantes de Bolivia

La demanda inmediata de los manifestantes es la dimisión del presidente. Desde que asumió el cargo en enero, Paz ha respondido a la aguda crisis del coste de la vida y a la inflación galopante imperante en Bolivia recortando el gasto, reduciendo los subsidios al combustible y vendiendo empresas públicas, lo cual supone la traición de su agenda de «capitalismo para todos». Al restablecer las relaciones con Estados Unidos, ha reconectado sus políticas y al país en sintonía con Trump y concedido prioridad a los intereses mineros, energéticos, financieros y agroindustriales. Los cortes de carreteras y las protestas comenzaron a propagarse a partir de principios de mayo, habiéndose decantado durante las mismas diversas reivindicaciones hechas públicas por los manifestantes: que el gobierno deje de gobernar inconstitucionalmente mediante el recurso al decreto-ley; que retire la propuesta de criminalización de la protesta social; que no se privaticen empresas públicas relacionadas con el suministro de energía eléctrica y agua ni se suban las tarifas; que no se acepten préstamos respaldados por el FMI ni programas de ajuste estructural, promesa electoral de la que Paz se ha retractado; que el suministro de combustible no dañe los vehículos, a diferencia de lo que sucede con el «gas basura» suministrado por el gobierno para cubrir la escasez, y que se reembolsen las reparaciones de los mismos causadas por este; que se concedan subsidios al combustible y al pan y que se introduzcan controles sobre los precios de los alimentos básicos; así como que no se aprueben nuevas leyes, que cedan derechos mineros y territoriales a gobiernos extranjeros y multinacionales bajo la cobertura de acuerdos secretos firmados con ambos.

Los trabajadores del transporte siguen en huelga indefinida en La Paz, provocada por la escasez crónica de combustible. Ni autobuses, ni minibuses, ni taxis circulan por la capital, que está dividida por barricadas que separan el norte y el centro de la ciudad de la acomodada zona sur. Quienes pueden permitirse el combustible no pueden conducir lejos. A excepción de la arteria abierta de forma intermitente hacia los valles subtropicales de los Yungas, en el noreste, y otra abierta el 6 de junio por la policía y el ejército en Río Abajo, en la zona sur, a través de la cual llegan frutas y verduras, el bloqueo ha aislado completamente a La Paz. Miles de camiones están varados en las carreteras y los camioneros duermen en los vehículos y cocinan en comunidad. Los productos frescos escasean y los precios se han disparado para los alimentos todavía disponibles, incluidos productos básicos como patatas, harina, pan, leche y huevos. La gente hace cola durante horas para conseguir combustible o pollo antes de que se agoten. El precio de la carne picada es astronómico. Los hospitales carecen de oxígeno y medicamentos; las farmacias tienen dificultades para surtir los medicamentos de las recetas. El Fondo Nacional de Salud ha anunciado que, a menos que se levanten los bloqueos, los suministros médicos podrían agotarse pronto. A las ambulancias, utilizadas por gobiernos anteriores para transportar armas y a la policía militar, no se les permite pasar por los controles de carretera.

En este enfrentamiento están en juego el significado de la «democracia», el futuro del Estado plurinacional de Bolivia, la soberanía sobre la tierra, los minerales y los recursos naturales, así como la aplicación de la Constitución. Las implicaciones son tanto geopolíticas como internas: como dijo un líder sindical de Oruro, acusando a Paz de gobernar para «las clases pudientes», «no seremos una colonia de Estados Unidos»

Las zonas bloqueadas más contundentemente se encuentran en las regiones de habla predominantemente quechua y aimara, que ayudaron a Paz a conseguir la presidencia. En gran parte gracias a la campaña populista del vicepresidente Edmand Lara, a quien Paz ha marginado desde entonces, Paz ganó holgadamente en El Alto, así como en el altiplano occidental y los valles del altiplano. Muchos votantes se sienten ahora traicionados. Tal y como lo ven quienes marchan y montan las barricadas, ellos llevaron a Paz al poder y ahora ha llegado el momento de destituirlo. Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), Paz estudió en la American University de Washington DC, y su administración está integrada por figuras del establishment curtidas en instituciones internacionales y en el sector privado; a diferencia de sus predecesores, no incluye a figuras provenientes de los movimientos indígenas, las organizaciones campesinas o los sindicatos mineros, y cuenta con muy pocas mujeres. En este enfrentamiento están en juego el significado de la «democracia», el futuro del Estado plurinacional de Bolivia, la soberanía sobre la tierra, los minerales y los recursos naturales, así como la aplicación de la Constitución. Las implicaciones son tanto geopolíticas como internas: como dijo un líder sindical de Oruro, acusando a Paz de gobernar para «las clases pudientes», «no seremos una colonia de Estados Unidos».

*

Las manifestaciones están lideradas por federaciones campesinas y obreras de larga trayectoria. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fundada en 1979, organiza a los campesinos por región (altiplano occidental, valles y llanura oriental), departamento, provincia, cantón y municipios, y ayllus (pueblos rodeados de comunidades campesinas-pastorales andinas), que también actúan como sindicatos rurales (sindicatos agrarios). Los líderes se reúnen con los miembros en asambleas para debatir y determinar la estrategia y las tácticas, se hallan en deuda con las bases, se espera que expresen sus demandas y están sujetos a destitución. Las resoluciones adoptadas por el comité ejecutivo se publican, debaten y aplican en cada uno de los ámbitos territoriales indicados. La Central Obrera Boliviana (COB), la confederación sindical fundada en 1952, de la cual la CSUTCB es la federación más importante, sigue una estructura organizativa y un sistema de liderazgo similares. Aunque sus filas se han reducido desde su apogeo entre las décadas de 1950 y 1980, cuando representaba eficazmente a la sociedad civil, en gran parte debido a la privatización y la desindustrialización iniciadas bajo el mandato del tío abuelo de Paz Pereira, Víctor Paz Estenssoro, que ocupó la presidencia a finales de la década de1980, y continuadas bajo el mandato de Jaime Paz Zamora a principios de la de 1990, sigue siendo una fuerza poderosa.

La movilización contra el actual gobierno boliviano comenzó en enero como respuesta a la aprobación de una legislación de «emergencia», que pretendía atraer la inversión extranjera mediante la reducción drástica de las regulaciones en sectores clave de la economía, la concesión de exenciones fiscales a gran escala y el apartamiento de la Asamblea Plurinacional del proceso de decisión relativos a los proyectos de inversión, entre otras medidas impopulares entre las que se encontraba también la eliminación de los subsidios al combustible. Después de tres semanas de protestas, Paz firmó un acuerdo con la COB y la CSUTCB para modificar la legislación. Posteriormente, a principios de abril, Paz intentó aprobar una impopular reforma agraria, la Ley 1720, que habría abierto las tierras indígenas y campesinas a las grandes empresas. Esta reforma volvió a desencadenar una movilización generalizada y la reforma fue derogada un mes después, el 13 de mayo, después de que trabajadores de los departamentos amazónicos septentrionales de Beni y Pando marcharan hacia La Paz, donde se les unieron la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y representantes de la CSUTCB.

En abril la dirección de la CSUTCB celebró una asamblea, aprobó resoluciones, envió a Paz una petición de quejas, que incluía las promesas electorales incumplidas, y le dio tres semanas para responder. La COB siguió su ejemplo. Liderada por los mineros de la FSTMB, la federación ayudó a iniciar las movilizaciones el 1 de mayo, junto con la Confederación Túpac Katari, la organización regional radical de la CSUTCB de las veinte provincias del departamento de La Paz. El 18 de mayo, cuando decenas de miles de sindicalistas indígenas y campesinos marcharon junto a mineros de Oruro, Potosí y La Paz, así como a miembros de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y La Paz, los manifestantes se encontraron con gases lacrimógenos y balas de goma. En respuesta, intentaron romper las líneas policiales, que custodiaban el Palacio Quemado para forzar la dimisión de Paz, pero no eran suficientes. Lo mismo ocurrió el 22 de mayo.

Tras dos semanas de bloqueos, Paz transportó diez toneladas de pollo desde Santa Cruz a La Paz en un avión prestado por el presidente argentino Javier Milei; la semana siguiente se lograron bajar setenta cisternas de gas desde El Alto. Los gobiernos de Perú, Chile y Brasil también se han ofrecido a enviar «ayuda humanitaria» –alimentos, combustible, medicinas– a los afectados por los bloqueos en La Paz, Santa Cruz y, especialmente, Beni, cuyo gobernador ha declarado una emergencia humanitaria. (Tal generosidad no se ha mostrado hacia Cuba, que se encuentra en una situación muy complicada por la intensificación del bloqueo estadounidense). El 20 de mayo Paz anunció que no dimitiría ni entablaría diálogo con los manifestantes hasta que se desmovilizaran, alegando que «los bloqueos equivalen a la muerte». En su lugar, prometió una remodelación del gabinete, se ofreció a recortar su salario y el de sus ministros y propuso un «Consejo Económico y Social» con el que compartir mediante reuniones mensuales las reformas que planea implementar, incorporando a «todos los sectores» a su gobierno.

Mientras tanto, el 25 de mayo, el primo de Paz, el ministro de Obras Públicas Mauricio Zamora, encabezó una «misión humanitaria» dirigida por el ejército y la policía, aparentemente diseñada para abrir la carretera entre La Paz y Oruro y permitir el paso de oxígeno, medicinas y alimentos. Durante la operación, Víctor Cruz Quispe, un joven de veinticuatro años, padre de dos hijos y miembro de la comunidad aimara de un pequeño pueblo al sur de La Paz, fue abatido a tiros. El gobierno negó inicialmente que se hubiera producido la muerte; más tarde, la policía emitió un informe en el que afirmaba que probablemente se trataba de fuego amigo. El 25 de mayo los manifestantes ocuparon el centro de La Paz por decenas de miles, descendiendo en columnas sucesivas desde El Alto y subiendo por la zona sur desde Río Abajo y Chasquipampa, reiterando el llamamiento a la dimisión de Paz y exigiendo justicia para la viuda y los hijos de Cruz Quispe. Rodearon el Palacio Quemado, aunque no intentaron asaltarlo.

Para el gobierno de Paz, esta movilización tiene precedentes claros. En 2003 y 2005 dos presidentes consecutivos fueron derrocados cuando, tras décadas de reestructuración neoliberal, las insurrecciones populares paralizaron el país

Como respuesta a ello, la policía llevó a cabo redadas en las residencias y albergues en los que se alojaban los líderes de los movimientos sociales, especialmente en El Alto, a pesar de la petición del vicepresidente Lara de que estas se suspendieran. La liberación de los presos y la anulación de las órdenes de detención se han convertido en otra de las principales reivindicaciones de los manifestantes. Según la dirección de la CSUTCB, actualmente hay cerca de quinientos manifestantes detenidos. Los medios de comunicación informan de que al menos cuatro manifestantes han fallecido, uno de ellos en los enfrentamientos, junto con otras ocho personas muertas, porque los cortes de carretera les impidieron recibir atención médica. Al menos catorce policías han resultado heridos en los enfrentamientos, pero no disponemos de información precisa de cuántos manifestantes lo han sido.

Paz ha insistido en que no tiene intención de privatizar las empresas públicas ni de imponer un ajuste estructural a cambio de préstamos del FMI, pero sus palabras han caído en saco roto. Hasta ahora, los mineros cooperativistas de Oruro, Potosí y La Paz son el único grupo que ha suspendido la movilización. Cuando representantes de la asociación de migrantes quechua-aimaras del altiplano de los Yungas se reunieron con Paz el 26 de mayo, las bases convocaron una asamblea, rechazaron su autoridad e impusieron un bloqueo.

*

Para el gobierno de Paz, esta movilización tiene precedentes claros. En 2003 y 2005 dos presidentes consecutivos fueron derrocados cuando, tras décadas de reestructuración neoliberal, las insurrecciones populares paralizaron el país. Entonces, como ahora, los principales protagonistas fueron las asociaciones vecinales de la FEJUVE-El Alto, la COB y, especialmente, la CSUTCB. En 2003 las principales reivindicaciones fueron la dimisión del presidente Sánchez de Lozada, la derogación de una ley que penalizaba la protesta social, el cese de la propuesta de exportación de gas boliviano a través de Chile, la derogación de la Ley de Hidrocarburos de 1996 para facilitar la renacionalización, la no participación en el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y la convocatoria de una asamblea constituyente. Sánchez de Lozada respondió a esta con violencia, militarización y terror de Estado, que se saldó con sesenta y siete muertos, y huyó entonces a Estados Unidos, dejando al vicepresidente Carlos Mesa como presidente interino. «Si no cumplo lo prometido, pueden echarme», prometió Mesa. En 2005 los sectores populares hicieron precisamente eso: lo echaron mediante una insurrección.

Evo Morales llegó al poder tras estos levantamientos. Líder del Movimiento al Socialismo (MAS), una alianza de sindicatos y movimientos sociales formada en 1997, Morales fue el primer presidente en la historia de Bolivia en identificarse como indígena. Obtuvo el 54 por 100 de los votos en 2006, la primera vez que un candidato lograba la mayoría absoluta, con la promesa de nacionalizar el gas boliviano y evitar la erradicación de la coca respaldada por Washington. Su mandato trajo una estabilidad política y una prosperidad económica sin precedentes hasta 2014-2015, cuando el colapso de los precios de exportación del gas provocó una recesión económica. Tras perder el referéndum convocado en 2016 sobre la posible enmienda constitucional, que le habría permitido presentarse a un cuarto mandato, Morales se presentó de todos modos, lo cual erosionó considerablemente su legitimidad. Ganó con el 47 por 100 de los votos, pero eso no fue suficiente para la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos o el bloque contrario al MAS, liderado inicialmente por la clase media de La Paz y otras ciudades, y más tarde por la extrema derecha de las tierras bajas orientales. En 2019 un golpe de Estado basado en falsas acusaciones de fraude electoral obligó a Morales a exiliarse y llevó al poder a un gobierno de extrema derecha liderado por la presidenta Jeanine Áñez, una senadora hasta entonces desconocida de Beni, que hasta hace poco estaba en la cárcel a la espera de juicio por autorizar en 2019 las masacres de decenas de manifestantes desarmados, en su mayoría indígenas, en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), llevadas a cabo bajo el estado de excepción.

La influencia de Morales ha disminuido desde 2019 y ahora apenas se extiende más allá del Chapare y de la federación sindical de cultivadores de coca en las tierras bajas tropicales de Cochabamba. Pero las elecciones de 2020 arrojaron no obstante otra victoria del MAS, que llevó al poder al exministro de Finanzas de Morales, Luis Arce, y le permitió regresar a Bolivia. Sin embargo, las relaciones se deterioraron rápidamente, dividiendo al partido entre arcistas y evistas, lo cual tuvo resultados desastrosos. Morales expulsó a Arce del partido en 2023, mientras que Arce intentó utilizar la Constitución para impedir que Morales volviera al poder. Una orden de detención contra Morales por presuntos cargos de violación y tráfico de personas le llevó a retirarse a las zonas tropicales de Cochabamba, donde se encuentra protegido por sus seguidores. Las dificultades económicas de Bolivia continuaron bajo el mandato de Arce, agravadas por la recesión provocada por la pandemia. Hubo otro intento de golpe de Estado en 2024, supuestamente orquestado por el propio Arce en un intento desesperado por fortalecer el apoyo popular, un rumor promovido con entusiasmo por Morales y sus seguidores. El revuelo erosionó aún más la legitimidad del MAS, que tras dos décadas en el poder llegó a perder todos sus escaños en el Senado en las elecciones de 2025. La «pequeña guerra» entre Morales y Arce allanó el camino para una segunda vuelta presidencial entre el centro-derecha, representado por la candidatura de Paz-Lara, y la extrema derecha, liderada por el expresidente Jorge «Tuto» Quiroga, partidario de Trump y del FMI. Tras la victoria de Paz, Arce fue detenido acusado de corrupción.

*

Amplios sectores de la población urbana se han alineado con Paz, al igual que las regiones orientales, que fueron escenario de contramanifestaciones masivas entre 2003 y 2005. Al igual que en 2019, los comités cívicos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, Tarija y Potosí, liderados por las cámaras de comercio locales, así como por intereses inmobiliarios y de la construcción, alcaldes, concejales y empresarios locales, están en marcha. Abismos de clase, étnicos y demográficos separan a estos contramanifestantes de los millones de campesinos y trabajadores que lideran el asedio. A menudo hay un matiz racista en estas movilizaciones, en parte debido al liderazgo de Santa Cruz, donde el racismo antiindígena es fundamental para la identidad regionalista («camba») del liderazgo económico empresarial, el «desarrollo» y el «progreso». El asedio de La Paz de 1781, liderado por el líder aymara Tupac Katari, sigue rondando la imaginación de los ciudadanos propietarios e incluso de determinados grupos de la clase trabajadora, que se consideran a sí mismos defensores de la nación frente a las que consideran las hordas violentas e irracionales del campesinado indígena.

El gobierno de Paz y los grandes medios de comunicación han intentado estigmatizar el levantamiento de los manifestantes asociándolo con Morales, alegando que están siendo financiados por el narcotráfico y los terroristas. También se han amplificado incidentes aislados de violencia para desacreditar al movimiento. El 18 de mayo manifestantes antigubernamentales retiraron puertas de madera y filas de sillas de un edificio de oficinas para construir barricadas en las calles situadas debajo de la Plaza Murillo. Las imágenes circularon en las redes sociales; los comentaristas, siguiendo el guion oficial, hicieron hincapié en el vandalismo y la violencia. Dos hombres que golpearon a un agente de policía fueron detenidos, condenados y encarcelados. La noche siguiente, en la próspera zona sur de La Paz, circularon rumores infundados de que «indios» de Río Abajo y Chaskipampa venían a saquear y robar (con la implicación de violaciones y asesinatos). Los mismos rumores circularon en 2019 y 2003, pero entonces, como ahora, las excepciones confirman la regla: las movilizaciones son muy disciplinadas y están estrictamente controladas. La ocupación de la capital el 25 de mayo se llevó a cabo con pocos incidentes; lo mismo ocurrió con la marcha de las «ollas vacías» liderada por mujeres al día siguiente, la cual estaba diseñada para dramatizar las pésimas condiciones económicas imperantes en estos momentos en Bolivia.

En cuanto a la coyuntura en la se están produciendo estos levantamientos es preciso indicar, que mientras las insurrecciones de hace dos décadas se produjeron durante la primera ola de las revoluciones bolivarianas, hoy soplan fuertes vientos en contra desde la extrema derecha. Una declaración efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, firmada por Chile, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Perú, ha condenado los esfuerzos por desestabilizar «el orden democrático», es decir, el neoliberalismo militarizado bajo el liderazgo de Estados Unidos

Los llamamientos al presidente Paz Pereira para que imponga el estado de excepción han venido de Quiroga, su oponente en las elecciones de 2025, y de Stello Cochamanidis, jefe del Comité Cívico de Santa Cruz, quien ha exigido «mano dura» para acabar con la rebelión, lo que el nuevo comandante de las fuerzas armadas ha prometido debidamente. Estos llamamientos son impulsados por los grandes medios de comunicación. El 26 de mayo la Cámara Baja derogó la Ley 1341, aprobada en 2020, que imponía límites tanto a los decretos reguladores del estado de excepción promulgados por el poder ejecutivo, como al uso de la fuerza letal por parte del ejército. En una reunión de su Consejo Económico y Social, en la que estaban ausentes todos los líderes relevantes de los movimientos sociales, Paz advirtió que impondría el «orden constitucional» por la fuerza, si los bloqueos no terminaban. El 3 de junio el ministro de Defensa y el ministro de Educación dimitieron sin dar explicaciones en medio de especulaciones de que Estados Unidos estaba tratando de forzar la declaración de la ley marcial. El 8 de junio, tras la aprobación de la Asamblea Plurinacional, Paz firmó una ley que allana el terreno para decretar el estado de excepción, cuya imposición implicaría la suspensión de los derechos constitucionales y facultaría a los militares para despejar los bloqueos; los manifestantes afirman que responderán practicando la desobediencia civil y recurriendo a la resistencia para defender el futuro de sus hijos y nietos. Están dispuestos a morir si es necesario.

Marco Rubio ha insistido en que «no permitiremos que delincuentes y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio». El 4 de junio, tras una conversación telefónica con Paz, Rubio anunció que Estados Unidos estaba intensificando la ayuda de emergencia para paliar la escasez de alimentos y medicamentos. ¿El mensaje de Pete Hegseth a los manifestantes? «Os estamos vigilando»

Hay indicios de una creciente escalada. El domingo 7 de junio una operación conjunta del ejército y la policía para desbloquear las carreteras en el municipio de San Julián, departamento de Santa Cruz, empleó a miembros de la fascista Unión Juvenil de Cochabamba, que intervino en motocicletas; un policía fue herido por una bala en la cabeza (muy probablemente por fuego amigo), seis resultaron heridos, junto con treinta civiles. La policía se vio finalmente obligada a retirarse. Ese mismo día, diversos líderes sindicales nacionales de los sectores minero, industrial, docente, de la construcción y universitario fueron secuestrados en El Alto por agentes enmascarados vestidos de civil y trasladados a la sede de la policía antinarcóticos. El 10 de junio, Vicente Salazar, líder de la confederación Tupac Katari de la CSUTCB, fue detenido en el centro de La Paz; no se pudo verificar de inmediato su paradero.

*

En cuanto a la coyuntura en la se están produciendo estos levantamientos es preciso indicar, que mientras las insurrecciones de hace dos décadas se produjeron durante la primera ola de las revoluciones bolivarianas, hoy soplan fuertes vientos en contra desde la extrema derecha. Una declaración efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, firmada por Chile, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Perú, ha condenado los esfuerzos por desestabilizar «el orden democrático», es decir, el neoliberalismo militarizado bajo el liderazgo de Estados Unidos. El 21 de mayo, el Escudo de las Américas, la nueva coalición militar convocada por Trump, también emitió una reprimenda a los manifestantes. Paz cuenta con el apoyo de Trump, además de con la ayuda del Banco Mundial, del FMI y de la OEA, organización que vuelve a repetir el papel que desempeñó al instigar el golpe de Estado de 2019. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, ha condenado la movilización como un «golpe de Estado en marcha», mientras que Marco Rubio ha insistido en que «no permitiremos que delincuentes y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio». El 4 de junio, tras una conversación telefónica con Paz, Rubio anunció que Estados Unidos estaba intensificando la ayuda de emergencia para paliar la escasez de alimentos y medicamentos. ¿El mensaje de Pete Hegseth a los manifestantes? «Os estamos vigilando».

Estados Unidos ha regresado a Bolivia con enorme energía. La DEA y la CIA están de vuelta en la región natal de Morales, el Chapare, tras haber sido expulsadas en 2008-2009. En marzo, con el beneplácito de Paz, Estados Unidos capturó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz y lo extraditó a Estados Unidos. Sin embargo, la relación del actual gobierno boliviano con los narcóticos es, como mínimo, turbia. A finales de noviembre, Laura Rojas, exdiputada y colaboradora cercana de Paz, voló a Santa Cruz desde Los Ángeles en un jet privado con treinta y dos maletas, que de acuerdo con algunas informaciones contenían 63 millones de dólares, que fueron confiscadas por la aduana y que posteriormente «desaparecieron» de un almacén subcontratado para guardarlas. El almacén está vinculado a una importante operación antidroga (Rojas se encuentra actualmente a la espera de juicio). Los manifestantes alegan que los intentos de los gobiernos estadounidense y boliviano de vincularlos al dinero de la droga forman parte del intento de encubrir el nexo existente entre el gobierno, la DEA y los narcotraficantes. Cosas más raras se han visto.

Un caso atípico es Colombia. El presidente Gustavo Petro ha mostrado públicamente su apoyo a los derechos de los manifestantes, refiriéndose a las protestas como «una insurrección popular» e insistiendo en que defendían «la dignidad latinoamericana». El gobierno de Paz afirmó que los comentarios de Petro equivalían a un «ataque a la democracia» y expulsó al embajador colombiano. Sin embargo, Petro pronto dejará el cargo, y su sucesor, Iván Cepeda, quedó recientemente en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones generales por detrás del abogado mafioso y populista de extrema derecha Abelardo de la Espriella. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de Brasil, donde Lula da Silva ha repetido la línea oficial al pedir el fin de los bloqueos y la apertura de negociaciones (mientras tanto, se ofrece a entregar los minerales de tierras raras de Brasil a Trump en alianza con uno de los gobernadores más reaccionarios del país). México lleva mucho tiempo defendiendo la soberanía nacional, incluida la de Cuba, pero se enfrenta a amenazas contra la suya propia, siendo la más reciente, la petición de extradición por parte del gobierno de Trump de dos gobernadores del partido gobernante Morena.

Paz seguramente recuerda la ignominiosa huida de Lozada a Estados Unidos en 2003; líderes como Severo Marca, de la confederación campesina CSUTCB, han advertido a Paz que dimita mientras aún esté a tiempo de evitar un destino similar

Parece, sin embargo, que a Paz se le acaba el tiempo. Parte del apoyo cosechado entre la clase media urbana ha comenzado a erosionarse; lo mismo ocurre en la extrema derecha. Dos políticos del Partido Demócrata Cristiano de Paz iniciaron una huelga de hambre el 28 de mayo, exigiéndole que se encontrara una solución; ese mismo día Paz no se presentó a una reunión con el Comité Cívico de Santa Cruz, que exige un «Plan de Salvación Nacional». Morales ha exigido la convocatoria de elecciones en noventa días, una propuesta calificada de «sediciosa» por José Luis Lupo, ministro de la Presidencia. Otros actores exigen una sucesión constitucional cortada por el patrón de las acaecidas en 2003 y 2005. El vicepresidente Lara se convertiría en presidente interino y presumiblemente convocaría nuevas elecciones. Quiroga y su rival de centro-derecha, Samuel Doria Medina, serían los probables ganadores en ese escenario. Paz seguramente recuerda la ignominiosa huida de Lozada a Estados Unidos en 2003; líderes como Severo Marca, de la confederación campesina CSUTCB, han advertido a Paz que dimita mientras aún esté a tiempo de evitar un destino similar.

En los levantamientos anteriores, Morales y el MAS ayudaron a negociar los acuerdos que condujeron a la sucesión constitucional, calculando acertadamente que el turno de Morales vendría a continuación. Pero dada la situación actual en la que el MAS es ampliamente impopular, incluso entre muchos y muchas que participan en las manifestaciones, y con órdenes de detención contra Morales, es poco probable que esta sea una opción en estos momentos. Otras instituciones mediadoras, a saber, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, han estado ausentes o han resultado ineficaces. Desacreditadas por los acontecimientos de 2019, son una sombra de lo que fueron en 2003-2005. El vicepresidente Lara ha intentado desempeñar un papel mediador, invitando a Paz el 9 de junio a que se reuniera con representantes de la Asamblea Plurinacional, pero fue plantado y denunciado por otros miembros del gobierno como «sedicioso» por mantener contactos con los líderes del movimiento.

La salida de esta situación estancamiento sigue sin estar clara. El pasado lunes 8 se produjo la mayor marcha desde que comenzó el levantamiento, con campesinos de las regiones septentrionales de Potosí, Oruro y Cochabamba llegando a La Paz desde El Alto junto con decenas de miles de personas más al son de los pututus (cuernos de toro). Lo que sí está claro, dicho con las palabras de los propios manifestantes, es que «¡Fusil, metralla, el pueblo no se calla!».

Recomendamos leer Forrest Hylton, «Avalancha en Bolivia», NLR 37, Forrest Hylton y Sinclair Thomson, «El arcoíris a cuadros», NLR 35, Forrest Hylton y Aaron Tauss, «Colombia en la encrucijada», NLR 99, y Forrest Hylton,  «La hora crítica: Perspectiva histórica de la Colombia de Uribe», NLR 23; Tony Wood, «Perú, lucha de clases, violencia y fragmentación política», Ant/agón, «México en estado de cambio», Diario Red/New Left Review 147, y «¿América Latina domesticada?», NLR 58; Ernesto Teuma, «Una nueva izquierda en Cuba», Diario Red/NLR 150; Rob Lucas, «¿Cuba a punto de ser estrangulada?», Diario Red; André Singer, «Lulismo 3.0: un diagnóstico a mitad de mandato», Diario Red/New Left Review 150, «El regreso de Lula», NLR 139, y «Rebelión en Brasil», NLR 85; Jeremy Adelman y Pablo Pryluka «América Latina: la siguiente transición», Diario Red/New Left Review 149; Juan Carlos Monedero, «Francotiradores en la cocina», NLR 120; Julia Buxton, «Venezuela después de Chávez», NLR 99, Mauricio Velásquez, «La batalla de Bogotá», NLR 91, Camila Vergara, «La batalla por la Constitución de Chile», NLR 135, Rafael Correa, «La vía del Ecuador», NLR 77,  y Maria Stella Svampa, «El fin del kirchnerismo», NLR 55.

Este texto se ha publicado en Sidecar, el blog de la New Left Review, revista publicada en Madrid por Traficantes de Sueños.