En Bolivia ya no se puede gobernar sin los indígenas

Siempre es la experiencia de un agravio la que gatilla los malestares colectivos más profundos de una sociedad. Y en Bolivia, tres han sido las agresiones que desencadenaron el último mes una rebelión indígena y campesina contra el nuevo gobierno. La primera fue la subida de los precios de los combustibles, que se había mantenido subvencionada durante veinte años. De un día para el otro, la gasolina se incrementó el 87 por 100, en tanto que el diésel, que se usa para el transporte pesado, subió el 163 por 100.   La desastrosa gestión económica de Luis Arce, que había ocasionado filas de hasta tres días para poder comprar carburantes, ya había dado lugar a la disponibilidad social al aumento del precio de los combustibles, pero la magnitud del incremento, sin una compensación duradera y real para los sectores populares, llevó a que las «tijeras» entre el incremento del precio de los productos industriales y el de los agrícolas de la economía campesina se abrieran mucho más en detrimento de los últimos. Si a ello sumamos que la gasolina que importó el gobierno de Rodrígo Paz era literalmente basura, con porcentajes de carbonilla varias veces superiores a las normales que arruinaron los motores de cientos de miles de usuarios, un enfado general se apoderó de las clases populares.

En medio, vino la sensación de una «traición». Rodrigo Paz, un candidato anodino, sin estructura política ni programa, ganó las elecciones con apoyo popular por descarte de última hora, a modo de impedir que el candidato ultraderechista de las oligarquías, Quiroga, se hiciera con el gobierno. Pero no bien fue posesionado, Paz cambió de interlocutores. Ya no eran los campesinos ni los vecinos que le dieron el voto con los que se codeaba para promulgar los decretos a su favor, sino las corporaciones empresariales. Anuló el impuesto a las grandes fortunas, liberalizó el mercado de granos, que regulaba el precio con el que las industrias de aceite compraban la soya a los pequeños productores, y suprimió las deudas millonarias con las que la patronal había evadido el pago de impuestos años atrás. Y claro, se anunciaba que las empresas públicas, que habían sostenido la redistribución de ingresos, eran «ineficientes», «corruptas» y que había que dar paso a la inversión privada. Las corporaciones empresariales, y sus planes de depredación de lo público, que habían perdido las elecciones, ahora tenían el poder; en tanto que el voto popular, que había ganado las elecciones, ahora estaba expulsado de la toma de decisiones.

Y, en tercer lugar, el periodo histórico en el que los pueblos indígenas-campesinos habían experimentado por primera vez en siglos el reconocimiento de ciudadanía (2006-2019), en el que habían accedido masivamente a cargos públicos y abandonado la miseria, dado que el 30 por 100 de la población había salido de la pobreza, fue descalificado por el gobierno y por su coro de escribanos, como meros tiempos de «barbarie», de «prebenda», de «desinstitucionalización» y de «dictadura». Y todas estas ofensas estallaron como una ruptura moral entre los sectores populares, especialmente campesinos y urbanos populares de la zona occidental del país, y el gobierno, que se visibilizó con el rechazo a una ley que promovía el mercado y la concentración de tierras de la pequeña propiedad agraria, que constituía el gran sueño de las oligarquías desde tiempos de la presidencia de Mariano Melgarejo (1864-19871). Y, derogada la ley, el ánimo popular saltó inmediatamente al pedido de renuncia del presidente.

Por ello, ya no es posible una Bolivia sin los llamados «indios».  En ocasiones de articulación virtuosa de programa y liderazgo, ellos podrán gobernar a todo el país. En ocasiones de crepúsculo de liderazgos y fraccionalismos políticos, como sucede ahora, no gobernarán, pero podrán definir quién no va a gobernar.  Darán su apoyo a gobiernos más progresistas o más derechistas, pero ellos serán los sujetos que dirimirán ese curso. Es un tema de irreversible demografía politizada

De manera expansiva, los bloqueos de caminos ejecutados por campesinos ocuparon todo el occidente del país. La COB, que agrupa a los trabajadores asalariados formales, sirvió de caparazón inicial de la movilización. Obreros de fábricas y minas salieron a marchar, pero no paralizaron las actividades productivas. El gremio de los maestros también lo hizo, y regresó a las aulas después de recibir un bono de 2400 bolivianos. La verdadera fuerza venía de las comunidades campesinas aymaras y los barrios periurbanos de la ciudad de El Alto. No procedía de un mando centralizado ni de un líder visible. Los bloqueos de caminos emergían regionalmente, fruto de asambleas provinciales, llevando a paralizar todas las carreteras que comunican la sede de gobierno en La Paz y las ciudades altiplánicas –El Alto, Oruro, Potosí– con el resto de las ciudades. Después de semanas, el trópico de Cochabamba, lugar de influencia del expresidente Morales, se sumó al bloqueo de las tierras altas aymaras.

En 1983, René Zavaleta habló del bloqueo campesino de carreteras de 1979 como una forma de poder campesino fundada en el control de la geografía. Y tenía razón. Pero lo nuevo, ya visible desde el 2003, es el control estratégico de la geografía para dirimir el ejercicio del poder estatal en la propia sede de gobierno. Por eso, a diferencia de 1979, no solo se bloquean las carreteras y se cercan las ciudades. También se marcha hacia El Alto y La Paz, porque se sabe que es en ese punto condensado de la geografía donde se ha de resolver el mando del Estado. Se trata de una memoria política indígena de Estado, que solo pudo aparecer por la experiencia del poder estatal campesino durante el gobierno de Evo Morales. Y es aquí donde precisamente radica la causa estructural subyacente de todo el malestar social, que ningún proyecto político, de izquierda o derecha, puede en el momento presente eludir. En Bolivia ya no se puede gobernar sin los pueblos indígenas. No es un tema de opción ideológica, preferencia moral o benevolencia. Es un dato estructural de la realidad sociológica del país.

Durante décadas, todos los gobiernos, civiles y militares, conformaron estructuras patrimoniales del poder, excluyendo de facto a los pueblos indígenas. Ello dio lugar a formas estatales segmentadas y racializadas, que impidieron la cohesión social y la formación de una voluntad general nacional

Durante décadas, todos los gobiernos, civiles y militares, conformaron estructuras patrimoniales del poder, excluyendo de facto a los pueblos indígenas. Ello dio lugar a formas estatales segmentadas y racializadas, que impidieron la cohesión social y la formación de una voluntad general nacional.  La revolución de 1952 dio un paso al incorporar a los campesinos al derecho a la tierra, pero no tomó en cuenta a las naciones indígenas. Y el poder estatal pasó a manos del uso patrimonial de las clases medias pseudo blanqueadas. Eso se derrumbó el año 2000. Y ya no es posible volver atrás. Desde entonces, los pueblos indígenas han atravesado el camino del poder: desde la construcción discursiva de la emancipación indígena –acuérdense de la maravillosa frase del líder aymara Felipe Quispe al expresidente Sánchez de Losada de hablar «de presidente a presidente»–-, pasando por el poder de vetar a quien no va a ser presidente – Sánchez de Lozada, Tuto Quiroga–, hasta definir quién sí va a ser presidente: Evo Morales. Por ello, ya no es posible una Bolivia sin los llamados «indios».  En ocasiones de articulación virtuosa de programa y liderazgo, ellos podrán gobernar a todo el país. En ocasiones de crepúsculo de liderazgos y fraccionalismos políticos, como sucede ahora, no gobernarán, pero podrán definir quién no va a gobernar.  Darán su apoyo a gobiernos más progresistas o más derechistas, pero ellos serán los sujetos que dirimirán ese curso. Es un tema de irreversible demografía politizada.

Solo políticos turistas y escribanos embrutecidos, que no ven más allá de su corbata pueden ilusionarse con regresar a la división gamonal del trabajo en la que los «señores» son dueños de todo y hacen política como asunto familiar, en tanto que los indios trabajan y sufren su desposesión. En términos estrictos, este empoderamiento indígena tiene que ver con cómo se ha construido históricamente la ciudadanía en Bolivia. Al igual que en el resto del mundo, la ciudadanía moderna ha tenido tres capas escalonadas (T. S. Marshall, 1989). La ciudadanía jurídica, que entre 1825 y 1953 estableció la igualdad formal ante la ley. La ciudadanía política, que a partir de 1952 permitió el derecho universal al voto. En el caso de Bolivia, estas dos ciudadanías fueron en el papel, dado que se mantuvieron las limitaciones no escritas de la discriminación por color de piel, idioma y vestimenta hasta inicios del siglo XXI. Luego vino la ciudadanía social, con el Estado del bienestar, acceso a la educación, la salud, la jubilación y los beneficios laborales. En Bolivia esta ciudadanía llegó a los sectores asalariados formales, que nunca pasaron del 20 por 100 de la fuerza laboral total. Con todo, toda ciudadanía en el mundo tiene una arquitectura institucional de cuatro pilares: (1) un sistema de derechos y responsabilidades legalmente consagrados y universalmente aplicados; (2) un sujeto emblemático del acceso a la ciudadanía, como los sindicatos; (3) una economía política institucionalizada de logros y concesiones de la ciudadanía, como las negociaciones tripartitas (Estado/sindicato/patronal), y (4) una forma de redistribución de los recursos públicos, que da sustento material a los derechos (el gasto público social).

En sociedades heterogéneas y con varias nacionalidades mayoritarias en su interior, como la boliviana, estos tres niveles de ciudadanía son incompletos, porque no abarcan a toda la sociedad y consagran mecanismos racializados de exclusión. Por ello desde el año 2006 se ha ido construyendo una ciudadanía plurinacional capaz de agrupar la complejidad social. Esta ciudadanía plurinacional ha supuesto: (1) el reconocimiento constitucional de las naciones indígenas, de su idioma e historia como oficiales; (2) el reconocimiento de los sindicatos, comunidades, gremios, asociaciones barriales como sujetos colectivos de derecho y mediación ante el Estado; (3) la participación de estas estructuras organizativas en la toma de decisiones estratégicas gubernamentales: se trata de un corporativismo democrático que articula modernidad y tradición; y (4) la asignación de recursos públicos en la territorialidad indígena y campesina –en promedio el 35 por 100 de la inversión pública anual– y la priorización de transferencias monetarias directas hacia los sectores populares, reduciendo la subvención a los sectores empresariales.

No hay prebenda colectiva. Cuando los bienes públicos son asignados de manera colectiva (bonos por edad, nivel de ingresos, escuelas por zona, hospitales por región, etcétera), estamos ya ante un derecho

Esto ha permitido que el 80 por 100 de la población que carecía de derechos sociales y cuya «protección» estaba a cargo de acciones de beneficencia de iglesias, oenegés o del gobierno, ahora haya conquistado su ciudadanía materialmente efectiva bajo la forma de un salario mínimo ascendente, que ha pasado de 50 dólares mensuales en 2005 a 310 dólares en 2019, de miles de escuelas dignas (el doble de las que había), de hospitales en el campo, de carreteras (el triple de las que existían), de viviendas rurales (200.000 nuevas), de sistemas de riego, de acopio, de pequeñas factorías comunales, de acceso a crédito social para microempresas con garantías no convencionales, etcétera. Todo ello ha promovido una generalizada movilidad social ascendente de los indígenas y, de hecho, el cooperativismo minero para extraer oro, sostenido por trabajadores de comunidades agrarias, es el que ha recuperado el liderazgo exportador del occidente del país respecto a la agroindustria del oriente. Y hoy los campesinos-indígenas están movilizados para impedir que esa ciudadanía conquistada les sea expropiada.

No entender esta cualidad básica de la realidad objetiva equivale a no comprender lo que Bolivia es hoy. Y no son pocos los que se anotan a esta ceguera cognitiva, comenzando por la intelectualidad conservadora, mediocre, racista y semiletrada, que argumenta que el reconocimiento indígena de las últimas dos décadas no fue más que prebendalismo o un corporativismo premoderno. Un niño de siete años con un diccionario de bolsillo puede leer perfectamente que la prebenda es la entrega de algún recurso público de manera personalizada. No hay prebenda colectiva. Cuando los bienes públicos son asignados de manera colectiva (bonos por edad, nivel de ingresos, escuelas por zona, hospitales por región, etcétera), estamos ya ante un derecho. Y si a cargos públicos se refiere, que los miembros de las clases populares accedan a ellos es un hecho de obviedad demográfica, pues son mayoría. Lo prebendal pudiera ser que representantes de minorías sociales, de la clase media criolla, por ejemplo, accedan preferentemente a esos cargos públicos.

Igualmente ocurre con la sonajera del «orporativismo».  El «corporativismo democrático» forma parte indisoluble de todos los Estados modernos (Schmitter, 1974, Martin, 2024). Pese a la reiterada fabula del triunfo de la individuación mercantil, las sociedades son polimorfas estructuras corporativas, de base laboral, territorial o funcional. En el mundo entero, las fuerzas armadas, la policía, los jueces, los empresarios, los banqueros, los accionistas de bolsa, los profesores, los asalariados, los vecinos de barrio, los comerciantes, los campesinos, los creyentes religiosos, los jueces o los profesionales se organizan en múltiples  asociaciones internas, que en determinados momentos pueden negociar directamente ciertos intereses con el Estado. Hay corporaciones más densas, activas y universalistas, y otras más pasivas, ensimismadas y decorativas. Por lo general, las corporaciones median intereses sectoriales, pero en determinados momentos, pueden pugnar por intereses universales, como las comunidades agrarias indígenas bolivianas, que impulsaron la nacionalización de los hidrocarburos o la asamblea constituyente. Otras son muy influyentes, como las empresariales en Estados Unidos (Oreskes, 2023), que han creado un sofisticado mecanismo de «puertas giratorias», que garantiza la lealtad de los políticos en puestos de gobierno mediante su posterior contratación en las empresas privadas favorecidas (Thomas, 2017). Igualmente, las corporaciones sindicales fueron el sostén del Estado del bienestar en el mundo entero. Las logias, los «grupos de oración» o las comparsas de las clases medias, como sucedió en el golpe de Estado del 2019, pueden devenir también en redes de movilización política antiindígena y, posteriormente, de selección para acceder individualmente a cargos públicos.

Y en Bolivia, antes de que las corporaciones populares e indígenas comandaran el Estado entre 2006 y 2019, estas otras corporaciones, esto es, las corporaciones empresariales locales (CEPB, CAO, CAINCO, Asoban), y extranjeras lo comandaban y hoy lo vuelven a hacer. Solo que antes lo hicieron sin contraparte popular. Pero ahora eso ya no es posible, porque las estructuras organizativas plebeyas han sedimentado en su memoria colectiva la experiencia del poder, es decir, de un nuevo derecho y de una ciudadanía ampliada. Si las corporaciones empresariales quieren estabilidad, tienen que tomar en cuenta ese hecho objetivo. Al momento de escribir este texto, los bloqueos de carreteras aún continúan. Si el gobierno comete el error de una represión sangrienta, la sublevación pudiera expandirse aún más. El malestar social es profundo. Si el gobierno opta por el desgaste, el movimiento ya ha llegado a un tope de expansión sostenida en la movilización campesina que, por ahora, no le permite ganar. Para la renuncia del gobierno faltaría la adhesión movilizada de nuevos sectores de la ciudad de El Alto y de algunos barrios populares de la ciudad de La Paz. Pero, después de casi cuarente días de parálisis del transporte, caída de la actividad comercial, desabastecimiento y exorbitantes precios de los alimentos, es muy difícil que esa movilización urbana acontezca.

Si hubiera habido un mando unificado de la movilización, se podría haber logrado un conjunto de compromisos gubernamentales al momento de mayor expansión de la acción colectiva. Pero en la medida en que se trata también del surgimiento de una nueva generación de dirigentes locales, las estrategias de conducción se van aprendiendo sobre la marcha y a partir de la propia experiencia de errores y aciertos.  Lo cierto es que esta lucha por la defensa de la ciudadanía indígena conquistada, recién se inicia. Se volverá a repetir por oleadas, según los ciclos agrícolas, hasta lograr algún tipo de inclusión o triunfo.  No estamos ante la «última batalla» de una época que se va, como sucedió con el poderoso sindicalismo obrero en 1986. La ciudadanía sindical desapareció, porque se extinguió materialmente la condición obrera de la gran empresa mediante el cierre de industrias, despidos masivos y la fragmentación de la actividad laboral. La extirpación de la ciudadanía plurinacional requeriría la extinción de las naciones indígenas aymara, quechua, guaraní, etcétera. Ciertamente, no faltan quienes lo propugnan gritando en las redes: «haga patria, mate un indio» Pero los indígenas son la mayoría demográfica y política del país y su trabajo es el que sostiene a Bolivia. Por lo tanto, antes de que esas amenazas se cumplan, será más fácil la disolución de las minorías oligárquicas. 

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