Perú, lucha de clases, violencia y fragmentación política

No sería exagerado describir la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el pasado 12 de abril, como una contienda de impopularidades. En una reñida disputa en la que concurrían treinta y cinco candidatos, veintitrés obtuvieron menos del 1 por 100 de los sufragios y solo cinco superaron el 10 por 100. La abstención alcanzó el 26 por 100, cifra no sorprendente, pero sí elevada para un país en el que el voto es obligatorio. Keiko Fujimori, hija del autoritario expresidente Alberto Fujimori, quedó en primer lugar tras hacerse con el 17 por 100 de los votos, pero se tardó más de un mes en determinar quién se enfrentaría a ella en la segunda vuelta, que se celebrará el próximo 7 de junio. Al final, un margen mínimo de 21.209 votos separó a los candidatos que quedaron en segundo y tercer lugar: Roberto Sánchez, de la coalición de izquierda Juntos por el Perú, obtuvo el 12 por 100 de los votos, quedando por delante de Rafael López Aliaga, el exalcalde de extrema derecha de Lima, que se hizo con el 11,9 por 100 de los mismos. Una décima de punto porcentual fue todo lo que salvó a Perú del sombrío escenario de una segunda vuelta dirimida entre dos versiones de la derecha autoritaria. Tal y como están las cosas, las elecciones de junio serán una contienda entre la heredera de Fujimori y una izquierda que busca reunir a la oposición contra su legado.

Las encuestas actualmente muestran a Fujimori (39 por 100) por delante de Sánchez (35 por 100), pero sin olvidar que el 14 por 100 de los votantes ha afirmdo que votará en blanco y que otro 12 por 100 se declara indeciso, lo cual significa que la carrera electoral podría decantarse de forma decisiva hacia cualquier de los dos bandos. Los resultados de la primera vuelta replicaron en cierta medida las divisiones regionales, que en 2021 marcaron la contienda entre Fujimori y Pedro Castillo. En aquellas elecciones, Castillo se impuso en gran parte del interior del país, mientras que Fujimori ganó en la costa. El margen de victoria de Castillo fue inferior a 45.000 votos y su presidencia quedó prácticamente paralizada desde el principio por la resistencia del Congreso, que lo destituyó a finales de 2022 tras su intento de disolver esta cámara legislativa para salir del estancamiento obstruccionista existente. Sustituido por su vicepresidenta, Dina Boluarte, Castillo fue encarcelado en 2025 y a fecha de hoy sigue en prisión.

En las elecciones actuales, Fujimori ha vuelto a obtener mejores resultados en las zonas costeras, de Tumbes y Piura a Ica, mientras que Sánchez se ha impuesto cómodamente en los departamentos del altiplano: Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. Estas zonas suelen ser más pobres y con mayor presencia indígena y aquí fue donde Fujimori ha obtenido sus peores resultados, con porcentajes de voto de un solo dígito. Aparte de dos anomalías regionales –el candidato que quedó en cuarto lugar, Jorge Nieto, ganó en su departamento natal de Arequipa, y Ricardo Belmont, exalcalde de Lima, ganó en Tacna–, la gran excepción al patrón geográfico binario fue Lima, donde López Aliaga quedó en primer lugar tras hacerse con el 19,9 por 100 de los votos. El departamento de Lima, que alberga a alrededor de un tercio del electorado total del país e incluye la capital, se ha inclinado históricamente hacia la derecha y seguramente será un importante bastión electoral para Fujimori en la segunda vuelta, quien en la primera quedó muy cerca de López Aliaga, haciéndose con el 17,9 por 100 de los sufragios, mientras que Sánchez quedó en noveno lugar obteniendo un mísero 3,3 por 100.

Gran parte del drama de las semanas posteriores a la primera vuelta ha girado en torno a la respuesta de López Aliaga a los resultados. Aunque los recuentos iniciales le favorecían, tan pronto como Sánchez le superó en el recuento, López Aliaga y sus seguidores clamaron fraude y trataron de que se anularan los resultados. Se centraron en particular en los recuentos de las zonas rurales, negando su validez en una demostración apenas velada de desdén de clase y racismo. La campaña de López Aliaga ofreció recompensas en efectivo a cualquiera que denunciara irregularidades electorales (lo cual, por supuesto, constituía en sí mismo una violación de la ley electoral). El 2 de abril, diez días antes de la primera vuelta, López Aliaga efectuó una velada amenaza de muerte contra Piero Corvetto, presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; el día después de las elecciones amenazó públicamente con sodomizar a Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La extrema derecha mantuvo sus vitriólicos ataques contra las autoridades electorales en los medios de comunicación mientras comenzaban a contarse los votos. Corvetto finalmente dimitió el 21 de abril. Un mes después de celebrarse las elecciones los partidarios de López Aliaga han amenazado con un levantamiento, si no se anulaban los resultados, mientras él mismo ha declarado, que se estaba produciendo un «golpe electoral». Sin embargo, cuando se anunciaron los recuentos definitivos el 14 de mayo, el partido de López Aliaga capituló de hecho, aunque ha seguido denunciando juego sucio, pero alegando que había «agotado todos los recursos».

Habiendo estado tan cerca de pasar a la segunda vuelta, López Aliaga podría exigir un alto precio por actuar como artífice del ascenso de Fujimori a la presidencia del país. Conocido popularmente como «Porky» por sus rasgos porcinos, López Aliaga (1961) entró en política en la década de 2000, tras haber amasado su fortuna en la banca y el sector hotelero. En cierto sentido, «Porky» es una figura típica de la nueva derecha latinoamericana, que se subió a la ola de la falsa indignación cristiano-conservadora y del sentimiento antizquierdista y contra la «ideología de género» para alcanzar la alcaldía de Lima en 2023 al frente de Renovación Popular, un nuevo partido fundado en 2020. Pero en otros aspectos, como ha señalado la historiadora peruana Cecilia Méndez, López Aliaga representa a las fuerzas más antiguas de la derecha, que no tiene empacho alguno en recurrir a la profunda tradición elitista en la que el poder arbitrario y la violencia, incluida la violencia sexual, se emplean sin reparos en defensa de privilegios arraigados. Cabe señalar, sin embargo, que el 11,9 por 100 de los votos obtenido por López Aliaga solo ha supuesto una mejora mínima con respecto al 11,8 por 100 cosechado en 2021, cuando también quedó tercero, lo cual difícilmente puede considerarse la señal inequívoca del avance inexorable de la extrema derecha. La base de apoyo de López Aliaga fuera de Lima también es insignificante y Fujimori podría calcular que sus seguidores estarán más que dispuestos a respaldarla frente a un candidato de izquierda.

El éxito de Sánchez ha sido quizá la mayor sorpresa de la primera vuelta: su resultado final duplicó con creces el 4-6 por 100 que habían pronosticado las encuestas. Nacido en 1969 en Huaral, una ciudad costera situada a 75 kilómetros al norte de Lima, Sánchez se formó como psicólogo social antes de entrar en política como miembro del ya desaparecido Partido Humanista Peruano, uno de los cuatro partidos que se fusionaron para formar la coalición Juntos por el Perú en 2017. Presidente de la coalición desde entonces, Sánchez fue elegido congresista en 2021 y posteriormente nombrado ministro de Comercio y Turismo en el efímero gobierno de Pedro Castillo, antes de dimitir tras el fallido intento del presidente de disolver el Congreso en 2022. El programa de Sánchez aboga por una «refundación del país» basada en un «nuevo contrato social y un Estado plurinacional, que reconozca el verdadero rostro del Perú». Además de abogar por una nueva Constitución, Juntos por el Perú propuso otras medidas que probablemente atraigan a los votantes del interior: la descentralización del poder de la capital hacia los gobiernos departamentales, la revisión de los contratos mineros con el fin de mantener más ingresos cerca de las explotaciones mineras y medidas para reequilibrar la agricultura del país, alejándola del actual modelo pivotado en torno a las exportaciones. Otras políticas potencialmente populares incluían diversos compromisos para hacer frente al flagelo de las universidades con ánimo de lucro y las promesas de garantizar el acceso a la educación superior, así como la promesa de derogar varias leyes aprobadas por el Congreso desde 2023, que dificultan el enjuiciamiento del crimen organizado.

Durante la campaña Sánchez subrayó su vínculo con Castillo, luciendo el mismo sombrero blanco de ala ancha y prometiendo conseguir la liberación del presidente destituido, lo cual formaba parte del intento por llegar a los votantes que en 2021, recelosos de todos los partidos establecidos, se habían unido al partido de Castillo, el pequeño y marginal Perú Libre, en lugar de optar por Juntos por el Perú. Sánchez no tiene el estatus de alguien situado al margen del establishment como Castillo, y no ha sido capaz de replicar el resultado obtenidos por este último en 2021. Sin embargo, ha superado el 8 por 100 obtenido por la anterior candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, hecho que sugiere que, al menos en las tierras altas del interior, sí fue capaz de atraer a algunos de los votantes de Castillo. El expresidente sigue siendo popular a pesar de que el apoyo a su partido, Perú Libre, ha desaparecido casi por completo en gran parte debido a su incompetencia y a su conducta descaradamente oportunista, tanto antes como después de su destitución. En estas elecciones, el candidato de Perú Libre fue el veterano líder del partido, Vladimir Cerrón, quien lleva desde 2023 huyendo de las autoridades peruanas por cargos de corrupción y que apenas ha obtenido 100.000 votos en todo el país (0,6 por 100).

Fujimori, por su parte, obtuvo un resultado ligeramente mejor que en 2021, incrementando sus resultados en la primera vuelta, que ha pasado del 13 al 17 por 100. Pero dada la fragmentación del panorama electoral, seguramente confiaba en hacerse con más votos de sus oponentes, y su resultado, junto con su marcada distribución regional, sugiere que sigue teniendo un atractivo relativamente limitado más allá del núcleo duro de los fujimoristas. Ha atendido a este electorado, haciéndose eco del planteamiento de su padre en materia de seguridad, prometiendo librar una «guerra frontal» contra la delincuencia. Pero más allá de esto, su esperanza radica en que la hostilidad hacia la izquierda y la cortedad de la memoria –una cuarta parte del electorado tiene menos de 30 años, demasiado joven para recordar el mandato decenal de su padre (1990-2000)– sean suficientes para asegurarle la presidencia en su cuarto intento por convertirse en presidenta del Perú. En cierta medida, la segunda vuelta del 7 de junio dirimirá la cuestión de qué aversión resulta más poderosa: el sentimiento antifujimorista o el anticastillista. Ambas son fuertes: las encuestas de finales de abril mostraban que el 48 por 100 de los encuestados «definitivamente no» votaría a Fujimori, mientras que el 43 por 100 se oponía a Sánchez.

Sin embargo, el panorama político en Perú es más turbio y fragmentado de lo que tal polarización sugiere. La extensa lista de candidatos presidenciales de la primera vuelta es solo el síntoma de una crisis política más profunda y duradera. Su señal más visible ha sido la destitución en serie de los sucesivos presidentes y presidentas del país: desde 2018 cuatro han sido destituidos por la correspondiente moción de censura y dos han dimitido ante la amenaza inminente de que les sucediera lo mismo. Otro síntoma relacionado ha sido la abismal impopularidad tanto de estos presidentes efímeros como del Congreso que los ha destituido e instalado como si fueran muebles de oficina de segunda mano. Durante gran parte de su mandato, Boluarte, que se convirtió en presidenta del país tras la destitución de Castillo en diciembre de 2022, ha sido la jefa de Estado menos popular del mundo y durante el último año de su presidencia, que mantuvo no obstante hasta octubre de 2025 antes de ser también destituida, sus índices de popularidad no superaron el 5 por 100. Quienquiera que gane el 7 de junio será el noveno presidente de Perú en el lapso de una década y asumirá el mando de un poder ejecutivo, que ha sido progresivamente despojado de autoridad y poder.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales coincidió con las elecciones a la Cámara de Diputados y a un nuevo Senado. El retorno al bicameralismo fue el resultado de la reforma constitucional aprobada por el Congreso peruano en 2024, que estableció un Senado por primera vez desde que Alberto Fujimori reescribió la Constitución para abolirlo en 1993. En teoría, cabría imaginar que un aumento del número de cargos electos supone un aumento del poder democrático, pero, de manera reveladora, la ciudadanía peruana se opuso de forma contundente a tal restablecimiento de la cámara alta: en el referéndum celebrado en 2018 el 91 por 100 votó en contra del retorno al bicameralismo y el 86 por 100 votó a favor de prohibir la reelección de los diputados. Aunque esta última medida se aplicó en 2021, la reforma del Congreso de 2024 anuló ambos veredictos, además de permitir que los actuales diputados sean elegidos para el nuevo Senado. Más que un reequilibrio constitucional, el retorno al bicameralismo se considera ampliamente como una maniobra de la clase política actual para ampliar sus propias oportunidades de corrupción.

La desconcertante proliferación de candidaturas y la mezcla de sistemas electorales –los 130 diputados de la Cámara de diputados son elegidos en circunscripciones regionales plurinominales mediante representación proporcional; la mitad de los 60 senadores son elegidos a través de una lista de representación proporcional a escala nacional y la otra mitad en circunscripciones regionales también mediante representación proporcional– dieron lugar a una papeleta electoral de medio metro de largo. La aritmética es compleja, pero los resultados tanto para la nueva Cámara de diputados como para el Senado parecían reflejar en gran medida el patrón de la votación presidencial. Los grandes ganadores, teniendo en cuenta que no son resultados absolutamente definitivos, han sido, tomando las cifras publicadas por Caretas el pasado 18 de mayo, Juntos por el Perú, que ha obtenido 31 diputados, incrementando en 26 escaños su representación respecto a las elecciones de 2021, y Fuerza Popular, que se ha hecho con 39 diputados, incrementando en 15 su representación respecto a las mismas. El perdedor neto ha sido Perú Libre, que ha pasado de ser el partido más votado en 2021, habiendo obtenido 37 diputados, a quedar totalmente fuera de juego y fuera del Congreso en estas elecciones ocasión. Ningún partido se acerca a la mayoría en ninguna de las dos cámaras y es probable que el eventual ganador de la presidencia tenga que entablar constantes negociaciones para implementar algo que se parezca a una agenda política.

Un factor crucial en la opacidad de la política peruana para los observadores externos es que las etiquetas de los partidos tienden a tener, en el mejor de los casos, un significado provisional. Los políticos con una larga trayectoria en su haber bajo las banderas de una sola organización política son la gran excepción, siendo una especie mucho más común la de los «transfugas», que cambian de afiliación en cada ciclo electoral. Cada vez son más comunes también los novatos totales: de acuerdo con lo afirmado por Steven Levitsky y Mauricio Zavaleta en su libro ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú? (2026) más del 90 por 100 de los diputados elegidos en 2021 ocupaban un escaño en el Congreso por primera vez y el 80 por 100 no tenía experiencia previa en ningún cargo electivo. No es difícil constatar cómo estas tendencias son susceptibles de ir de la mano del auge del oportunismo y de la búsqueda de beneficios a corto plazo, lo cual, por supuesto, fomenta el desencanto con los partidos existentes y lleva a los votantes a decantarse por una nueva hornada de candidatos no pertenecientes al establishment, que a su vez decepcionan a los electores, generando indefectiblemente una nueva ronda de fragmentación.

Estas dinámicas forman parte de un proceso a más largo plazo denominado «vaciamiento democrático» por los politólogos Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara, quienes sostienen que mientras que en muchos países la concentración excesiva de poder allana el camino hacia el autoritarismo, en Perú es la dilución del poder la que provoca tal efecto. En Perú este proceso se ha verificado a través de dos vías interrelacionadas. En primer lugar, el desplazamiento del poder de mando del poder ejecutivo hacia el poder legislativo. Este desplazamiento se ha acentuado durante los últimos años, pero, como sostiene el politólogo Omar Coronel, en realidad comenzó con la derrota de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de 2016, quien tras las mismas prometió: «Gobernaremos desde el Congreso». Lo que comenzó como un mero obstruccionismo parlamentario se convirtió en un proyecto para reformar la Constitución de forma sigilosa a medida que el partido de Fujimori tomaba la iniciativa para afirmar el poder del Congreso a expensas del poder del gobierno. El Artículo 113 de la Constitución peruana permite al Congreso destituir al presidente en el cargo por «incapacidad moral o física permanente». Esta redacción concede margen para la interpretación y así durante la última década el Congreso peruano ha convertido esta disposición en un abismo al que pueden arrojarse a los presidentes a voluntad.

Al mismo tiempo Perú ha experimentado el colapso de su sistema de partidos hasta tal punto que, como hemos observado, desde hace tiempo se caracteriza a la democracia peruana como una «democracia sin partidos». Esta segunda línea evolutiva se remonta a la década de 1980, cuando se produjo la doble emergencia de una vertiginosa crisis económica y el conflicto entre las fuerzas armadas y la guerrilla de Sendero Luminoso. Si los partidos de izquierda quedaron en gran medida desmantelados por la profundísima crisis de subsistencia y por la virulenta contrainsurgencia desplegada durante la década de 1990, los partidos de derecha se desintegraron no solo por el autoritarismo de Alberto Fujimori, sino también por la preferencia mostrada por estructuras ad hoc personalistas, como demuestra el hecho de que creara un nuevo partido para cada elección a la que se presentó como candidato presidencial. En ese sentido, como observan Levitsky y Zavaleta, Fuerza Popular de Keiko Fujimori, creada en 2010 para unificar diversos instrumentos organizativos fujimoristas abandonados y todavía en pie dieciséis años después, es una paradójica excepción al patrón general surgido durante las presidencias de su padre.

Esta prolongada fragmentación no se ha remediado en el siglo XXI. En todo caso, se ha acelerado de la mano de la emergencia de partidos carentes de cualquier conexión orgánica con los votantes y mucho menos con sus afiliados, que se limitan a entrar y salir del Congreso en función de cambios, a menudo menores, registrados en el estado de ánimo o las preferencias del electorado. Levitsky y Zavaleta lo denominan «loterización», pero dista mucho de ser un fenómeno aleatorio: una vez que la afiliación masiva y el trabajo de organización sólido quedan fuera de juego, el factor que permite ganar las elecciones son los recursos, ya sea en forma de propiedad de medios de comunicación o de dinero en efectivo para pagar campañas de relaciones públicas y comprar tiempo de emisión. Las fuentes ilícitas de financiación también forman evidentemente parte de este nuevo escenario en el que se constatan los intentos protagonizados por el crimen organizado, las universidades con ánimo de lucro y los intereses de la minería y la tala informales de afianzarse en la esfera política.

Estas características no son en absoluto, por supuesto, exclusivas de Perú, sino que caracterizan de modo omnipresente a los sistemas políticos democráticos de gran parte del mundo. Como argumentó Peter Mair hace más de una década en Ruling the Void (2013), el declive de la participación política y el deterioro de la identificación con los partidos ha ido de la mano de una creciente desconexión de las elites políticas respecto al electorado. Desde esta perspectiva, Perú parece menos una anomalía y más un anticipo de lo que nos espera. Mientras tanto, se necesitará mucho más que una victoria de Sánchez el 7 de junio para que Perú salga de esta espiral de fragmentación y desencanto. Pero una pausa en la rutina orquestada por Fujimori podría al menos proporcionar un respiro en el que empezar a imaginar caminos para salir de este atolladero.

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Este texto se ha publicado en Sidecar, el blog de la New Left Review, revista publicada en Madrid por el Instituto República & Democracia de Podemos y por Traficantes de Sueños.