La ONU abraza el colonialismo: análisis del mandato del Consejo de Seguridad para la administración colonial estadounidense de Gaza

Tras más de dos años de genocidio en Palestina, el Consejo de Seguridad de la ONU ha actuado por fin. Pero lo ha hecho no para hacer cumplir el derecho internacional, proteger a las víctimas y exigir responsabilidades a los perpetradores, sino para aprobar una resolución que incumple abiertamente disposiciones fundamentales del derecho internacional, desempodera y castiga aún más a las víctimas, y recompensa y empodera a los perpetradores. Lo más inquietante es que entrega el control de Gaza y de los supervivientes del genocidio a Estados Unidos, coautor del mismo, y que prevé la participación del régimen israelí en el proceso de toma de decisiones. De acuerdo con el plan, a los propios palestinos no se les concederá tal participación en las decisiones sobre sus propios derechos, sus gobernanza y sus vidas. Al adoptar esta resolución, el Consejo se ha convertido, en efecto, en un mecanismo de opresión de Estados Unidos, en un instrumento para la continuada ocupación ilegal de Palestina y en un actor cómplice del genocidio perpetrado por Israel.

Desde que la ONU dividió Palestina en 1947 contra la voluntad de la población indígena, sentando así los fundamentos para ochenta años de Nakba, la Organización no había actuado de una manera tan descaradamente colonial (y legalmente ultra vires) ni pisoteado de forma tan temeraria los derechos de un pueblo.

Una resolución infernal

El lunes 17 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una propuesta de Estados Unidos para entregar el control de Gaza a un organismo colonial dirigido por Estados Unidos llamado «The Board of Peace» [Consejo de Paz], al tiempo que se desplegaba una fuerza de ocupación delegada, también bajo dirección estadounidense, denominada «The International Stabilization Force» [Fuerza de Estabilización Internacional]. Ambas instituciones responderán, en última instancia, ante el propio Donald Trump. Y ambas funcionarán en consulta con el régimen israelí.

En lo que será recordado durante mucho tiempo como un día de vergüenza para la ONU durante el cual Rusia y China se abstuvieron y no utilizaron su poder de veto y ningún miembro del Consejo de Seguridad tuvo el valor, los principios o el respeto por el derecho internacional para votar en contra de lo que únicamente puede considerarse como una atrocidad colonial perpetrada por Estados Unidos, una ratificación del genocidio y una flagrante renuncia a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La resolución rechaza implícitamente una serie de recientes dictámenes del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), niega abiertamente el derecho de los palestinos a la autodeterminación y fortalece la impunidad del régimen israelí, incluso mientras continúa el genocidio. A pesar del dictamen del TIJ que postula que el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación en su territorio, la resolución le priva de ese derecho y faculta a fuerzas extranjeras hostiles para gobernarlo. A pesar de que el Tribunal ha dictaminado que Gaza (así como Cisjordania y Jerusalén Este) está ocupada ilegalmente y que la ocupación debe terminar rápida y completamente, la resolución prolonga la ocupación israelí, respalda la presencia indefinida de las tropas del régimen israelí y superpone una segunda ocupación liderada por Estados Unidos. Y a pesar de que el Tribunal ha dictaminado que los palestinos no tienen que negociar sus derechos con sus opresores y que ningún acuerdo o proceso político puede prevalecer sobre los mismos, la resolución anula estos y los asigna a la discreción de Estados Unidos y sus socios israelíes, así como de otros actores.

Incluso en medio de un genocidio en curso perpetrado por un régimen de apartheid, en ninguna parte de la resolución se mencionan los crímenes de genocidio, de apartheid o de colonización, los miles de palestinos que siguen recluidos en campos de tortura y exterminio israelíes, ni los principios de responsabilidad de los perpetradores o de reparación para las víctimas. Tampoco se exige a Israel que cumpla sus obligaciones legales de indemnización y reparación, sino que esa responsabilidad se transfiere a los donantes e instituciones financieras internacionales, lo cual equivale a un rescate multimillonario del régimen israelí. En resumen, la resolución garantiza la total impunidad del régimen israelí, además de promover su normalización.

Una administración colonial

La resolución también acoge con satisfacción, respalda y anexa el ampliamente desacreditado plan de Trump (versión del 29 de septiembre) y aunque no cita todas sus disposiciones problemáticas, insta a todas las partes implicadas a que lo apliquen en su totalidad. La resolución faculta al Consejo de Paz presidido por Trump para que actúe como administración de transición encargada del gobierno de la totalidad de la Franja de Gaza, para que controle la totalidad de los servicios y de la ayuda, así como el movimiento de personas que entran y salen de Gaza, y para que gestione el marco, la financiación y la reconstrucción de la misma, incluyendo la autorización, formulada de manera peligrosamente laxa, de «cualquier otra tarea que pueda ser necesaria». Además, concede al Consejo de Paz presidido por Trump la autoridad previa para establecer «entidades operativas» y «autoridades transaccionales» indefinidas, a su propia discreción.

La resolución prevé también un organismo colaboracionista de tecnócratas palestinos, que reciben órdenes y rinden cuentas al Consejo de Paz de Trump en su propio territorio. En clara violación del derecho internacional, la resolución rechaza el control palestino de su propio territorio en Gaza hasta que Trump y sus colaboradores decidan que la Autoridad Palestina ha cumplido los requisitos necesarios de reforma establecidos por el propio presidente estadounidense y por la igualmente odiosa «Propuesta franco-saudí». La resolución no contiene, por otro lado, ninguna promesa de independencia o soberanía palestina.

En cambio, en contradicción directa con los dictámenes del TIJ, retrasa la causa de la libertad y la autodeterminación palestinas con una línea vaga, hipercualificada y evasiva que afirma que, después de que los organismos dirigidos por Trump decidan que el pueblo palestino ha cumplido criterios no definidos de «reforma y desarrollo», «las condiciones podrían finalmente concurrir para establecer una vía creíble hacia la autodeterminación del pueblo palestino y la creación de un Estado palestino». Y si quedara atisbo alguno de esperanza de que las cosas podrían progresar adecuadamente en tales condiciones, este se ve finalmente frustrado por el coup de grace, que establece que cualquier proceso en ese sentido debe ser controlado por Estados Unidos. En otras palabras, el Consejo de Seguridad de la ONU ha concedido a Estados Unidos, principal patrocinador del régimen israelí y coautor del genocidio, el veto sobre la autodeterminación palestina.

La resolución ni siquiera ofrece la esperanza de que termine la privación sistemática del pueblo palestino en Gaza. Aunque el TIJ ha declarado que deben cesar las restricciones impuestas a la entrega de ayuda humanitaria, la resolución solo «subraya la importancia» de esta sin exigir ni su flujo ni su distribución irrestricta.

Una fuerza de ocupación por delegación

La resolución también establece una fuerza de ocupación armada delegada, denominada «Fuerza de Estabilización Internacional», que operará bajo el Consejo de Paz presidido por Trump. Esta Fuerza tendrá un mando aprobado por este Consejo y operará explícitamente en colaboración con Israel, el perpetrador del genocidio, así como con Egipto. Sus miembros serán determinados «en cooperación con» el régimen israelí y trabajarán con este para controlar a los palestinos supervivientes en Gaza. Se le encomendará la tarea de asegurar las fronteras (es decir, encerrar a la población palestina), de estabilizar el entorno de seguridad de Gaza (es decir, reprimir cualquier resistencia a la ocupación, el apartheid o el genocidio), de desmilitarizar Gaza (pero no al régimen israelí), de destruir las capacidades de defensa militar de Gaza (pero no las de Israel), de confiscar las armas de la resistencia palestina (pero no las del régimen israelí), de entrenar a la policía palestina (para controlar al pueblo palestino dentro de Gaza) y de trabajar para los (nefastos) objetivos del «Plan Integral (Trump)».

En otras palabras, la misión de esta Fuerza de ocupación delegada es controlar, contener y desarmar a la población víctima del genocidio, no al régimen que lo perpetra, y garantizar la seguridad no de las víctimas del genocidio, sino de sus autores

La Fuerza de Estabilización Internacional también tiene el mandato de «proteger a los civiles» y prestar asistencia humanitaria en la medida en que Estados Unidos lo permita (o esté dispuesto a hacerlo). Pero a estas alturas debería ser evidente que una fuerza de este tipo, que va a colaborar con Israel, no hará nada para hacer frente a la agresión israelí y a los ataques lanzados contra la población civil. La Fuerza de Estabilización Internacional también debe «supervisar el alto el fuego», un alto el fuego garantizado por Estados Unidos, que ha permitido continuos ataques israelíes contra Gaza ininterrumpidamente desde que se declaró este, matando a cientos de personas y causando una destrucción masiva de la infraestructura civil, pero que no ha tolerado ninguna represalia por parte de la resistencia palestina. No cabe duda alguna, que cualquier supervisión del alto el fuego por parte de dicha Fuerza se centrará principalmente en el lado palestino y no en el régimen israelí como potencia ocupante. En otras palabras, la misión de esta Fuerza de ocupación delegada es controlar, contener y desarmar a la población víctima del genocidio, no al régimen que lo perpetra, y garantizar la seguridad no de las víctimas del genocidio, sino de sus autores.

En otra impresionante violación del derecho internacional, la resolución autoriza a las fuerzas del régimen israelí a seguir ocupando (ilegalmente) Gaza hasta que el Consejo de Paz liderado por Estados Unidos y las fuerzas del régimen israelí decidan colectivamente lo contrario. Y, en cualquier caso, la resolución establece que las Fuerzas de Defensa de Israel pueden permanecer en Gaza para ocupar un «perímetro de seguridad» de forma indefinida. Por último, tanto al Consejo de Paz colonial como a su «Fuerza de Estabilización» de ocupación se les concede un mandato de dos años y la posibilidad de prorrogarlo tras consultar a Israel (y a Egipto), pero no a Palestina.

La locura de los colonizadores

Huelga decir que esta resolución ha sido rechazada por la sociedad civil palestina, por casi todas las facciones políticas y de la resistencia palestinas, así como por los defensores de los derechos humanos y expertos en derecho internacional de todo el mundo. Desde el punto de vista del derecho internacional, la ocupación de Palestina es ilegal y el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación y a resistir la ocupación extranjera, la dominación colonial y los regímenes racistas como Israel. Esta resolución no solo pretende negar estos derechos, sino que llega incluso a fortalecer la presencia ilegal de Israel y a autorizar sus propios mecanismos de ocupación extranjera y dominación colonial. Además, el Consejo de Seguridad deriva todos sus poderes de la Carta de las Naciones Unidas. Esa Carta, como tratado, forma parte del derecho internacional, no está por encima de él. Como tal, el Consejo de Seguridad está obligado por las normas del derecho internacional, incluidas y especialmente las más importantes, las denominadas normas jus cogens y erga omnes, como la autodeterminación y la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza. Su flagrante desprecio por los dictámenes del TIJ sobre estas cuestiones revela hasta qué punto muchos de los términos de esta resolución son, de hecho, ilegales y ultra vires (más allá de la autoridad del Consejo de Seguridad).

Como tales, las ramificaciones de esta acción deshonesta del Consejo de Seguridad de la ONU tendrán implicaciones mucho más allá de Palestina. El Consejo de Seguridad, si no está limitado por el derecho internacional, se convierte en un peligroso instrumento de represión e injusticia. Esto es precisamente lo que hemos presenciado en este caso, ya que el Consejo de Seguridad ha ignorado el derecho internacional y, en la práctica, ha entregado a los supervivientes de Gaza a los coautores del genocidio.

Estos planes son fundamentalmente defectuosos desde el principio, ya que pretenden imponer resultados desprovistos de legalidad (a tenor del derecho internacional), carentes de legitimidad (al excluir a la agencia palestina) y privados de ninguna esperanza razonable de éxito (dado su rechazo cuasi universal tanto en Palestina como en el resto del mundo)

Y quienes hayan seguido el comportamiento del Consejo de Seguridad sabrán muy bien que el veto se ha utilizado repetidamente en el mismo para negar los derechos de los palestinos. En este caso, cuando podría haberse utilizado para proteger sus derechos, el veto ha brillado por su ausencia. En un minuto de votación, el Consejo de Seguridad ha perdido toda su legitimidad.

El camino que debemos seguir

El intento de Estados Unidos de imponer una forma de colonialismo del siglo XIX al largamente maltratado pueblo palestino de Gaza, al igual que el plan colonial franco-saudí que le precedió, está destinado al fracaso. Estos planes son fundamentalmente defectuosos desde el principio, ya que pretenden imponer resultados desprovistos de legalidad (a tenor del derecho internacional), carentes de legitimidad (al excluir a la agencia palestina) y privados de ninguna esperanza razonable de éxito (dado su rechazo cuasi universal tanto en Palestina como en el resto del mundo). Es posible que Estados Unidos pueda amenazar y sobornar a suficientes Estados para que apoyen el Plan en una votación de la ONU, pero conseguir suficientes tropas y el resto de personal necesario para aplicar la resolución sobre el terreno en contra de la voluntad del pueblo indígena puede ser otra cuestión. Y mantener el apoyo cuando el Plan (inevitablemente) comience a desmoronarse será todavía más difícil.

Mientras tanto, para quienes estamos comprometidos con la justicia, los derechos humanos y el Estado de derecho, la tarea está clara. Hay que oponerse a este Plan en todas las ciudades del mundo y en todo momento. Hay que presionar a los gobiernos para que pongan fin a su complicidad con los abusos de Israel, con los excesos de Estados Unidos y con este atroz plan colonial. El régimen israelí debe ser aislado. Deben redoblarse los esfuerzos de boicot, desinversión y sanciones. Debe imponerse a Israel un embargo militar, de combustible y de tecnología. Los responsables israelíes deben enfrentarse a procesos judiciales en todos los tribunales disponibles. Y las calles deben resonar con el grito justo por la libertad palestina lanzado por millones de personas a través de manifestaciones, de huelgas, de actos de desobediencia civil y de acciones directas.

Y cuando este castillo de naipes colonial se derrumbe, habrá otra solución más justa lista para ocupar su lugar. Si la mayoría global se pone en pie ante el emperador y afirma su poder colectivo, actuando bajo el mecanismo de la Asamblea General de las Naciones Unidas Uniting for Peace para eludir el veto de Estados Unidos, adoptando medidas de rendición de cuentas para aislar y castigar al régimen israelí, y desplegando una protección real para Palestina, entonces la ONU podrá seguir luchando un día más. De lo contrario, con toda seguridad se marchitará y morirá víctima de sus propias heridas, ninguna más profunda que la vergonzosa resolución del 17 de noviembre de 2025.

Recomendamos leer Craig Mokhiber, «Cómo podría actuar hoy la ONU para detener el genocidio en Palestina», «Las sanciones de Trump contra Francesca Albanese son ilegales e intensifican la complicidad de Estados Unidos en el genocidio», «Estados canallas: la ilegalidad de los ataques israelíes contra Irán respaldados por Estados Unidos», «El pueblo vs. el abismo: la Declaración de Sarajevo del Tribunal de Gaza» y «Estados Unidos e Israel coaccionan a la Corte Penal Internacional», Huda Ammori, «Palestine Action: sabotaje a la industria bélica israelí», Michael Arria, «Veinte años de BDS: entrevista con Omar Barghouti, cofundador del movimiento» y Frédric Lordon, «El sionismo y su destino», todos ellos publicados en Diario Red. Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Informes de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, «Anatomía de un genocidio» (2024), «De la economía de la ocupación a la economía del genocidio» (2025) y «Gaza Genocide: a Collective Crime» (2025). Ilan Pappé, «Fantasías de Israel. ¿Puede sobrevivir el proyecto sionista?» y «El colapso del sionismo», El Salto. Antony Loewenstein, El laboratorio palestino (2024).

Este artículo se ha publicado originalmente en Mondoweiss y se publica aquí con consentimiento expreso de su editor.