Una pacificación aterradora. Italia en 2026: entre el estado de emergencia permanente y la criminalización de la disidencia
En Bolonia, se han presentado 100 denuncias contra activistas; en Génova, el número de procedimientos ha llegado a 80; en Cagliari, se han emitido 90 decretos penales contra quienes se atrevieron a cuestionar la implicación del país en la guerra. El poder judicial ha activado las herramientas previstas en el Paquete de Seguridad del 11 de abril de 2025, imponiendo multas de hasta 12.000 euros por persona. Esta estrategia de agotamiento económico pretende hacer que el coste de la disidencia sea insoportable para quienes tienen empleos precarios y para las redes de solidaridad internacional, afectando especialmente a los simpatizantes de la Global Sumud Flotilla.
Salvatore Palidda reconoce en estas prácticas la función esencial de la policía en la historia de la reunificación. Observa que «el uso de la policía, antes y después de la unidad nacional, siempre ha sido crucial para el mantenimiento del poder político, es decir, para reprimir y repeler cualquier forma de oposición» (Palidda, Polizia postmoderna, p. 1). La estructura institucional actual perfecciona esta misión mediante un ejercicio de poder que el autor define en términos de cirugía social. El objetivo reside en la segregación de segmentos de la población considerados perjudiciales, estableciendo una distinción radical incluso antes de que se inicie una acción penal. Palidda aclara este concepto con precisión: en este escenario, la seguridad deja de ser una garantía para el ciudadano; se convierte en un mecanismo de inmunidad para el poder soberano y de exclusión para cualquiera que se niegue a acatar o seguir las decisiones del gobierno.
El Decreto contra el Antisemitismo: Un Ataque de Pánico Moral
Bajo el cielo de marzo, ha surgido un instrumento legislativo que distorsiona la verdad histórica. El proyecto de Ley contra el antisemitismo, aprobado en el Senado con una precipitación que delata su urgente intención de censurar, representa la culminación de un cerco ideológico del espacio público. Esta ley nació de la paradoja de querer condenar a cualquiera que se manifieste contra el genocidio, mientras que toda la culpa recae sobre quienes lo cometen. La integración de la definición de trabajo de la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto) en la legislación nacional logra lo que Stuart Hall denomina la "movilización de la ley" (Hall, Policing the Crisis). El poder legislativo despoja al término antisemitismo de su connotación de odio étnico y lo confina a los límites de la lealtad diplomática absoluta. Este giro semántico criminaliza la oposición a las políticas coloniales, genocidas y de apartheid de Israel en Gaza y Cisjordania, calificando la crítica política como una manifestación de intolerancia racial, al tiempo que olvida que los palestinos también pertenecen a los pueblos semitas.
La medida se basa en un auténtico pánico moral alimentado por la manipulación estadística. Los 963 incidentes antisemitas registrados por la Fundación CDEC en 2025 sirven de pretexto para justificar una mayor severidad punitiva. Según Stuart Hall, el pánico moral sirve para «identificar una amenaza simbólica que desencadena ansiedades y preocupaciones previamente no expresadas» (Hall, cit.). En el contexto actual, el aumento de los incidentes antisemitas en línea (557 casos) se está descontextualizando para atacar a los movimientos prosemitas, borrando la distinción fundamental entre el prejuicio religioso y el horror ante el genocidio de Gaza.
La votación del pasado 5 de marzo marcó el colapso de la mediación liberal dentro de la izquierda institucional. Senadores del Partido Demócrata como Delrio y Verini optaron por votar junto a la mayoría de derecha, respaldando una ley que incluye indicadores de la IHRA relacionados con las críticas a Israel como prueba de un delito de odio. Esta decisión ratifica el giro hacia el consenso autoritario descrito por Hall, donde la oposición parlamentaria se convierte en cómplice de la construcción del estado de excepción. La ley crea un perímetro de incertidumbre jurídica que, en la práctica, genera una anamorfosis del Estado de derecho, en la que las normas informales de un grupo de interés oscurecen las normas constitucionales (véase S. Palidda, Polizia postmoderna).
La geopolítica de la sangre y los reflejos internos
La alineación de Italia con la estrategia de guerra global sirve como marco ideológico para su control autoritario interno. La agresión militar llevada a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán, tras el secuestro del presidente venezolano Maduro y el genocidio en Gaza, marca el tono brutal de la política interna. Esta guerra sin límites sirve como justificación absoluta para el carácter excepcional de las medidas de control. Estamos presenciando una repetición de la agresión de 2003 contra Irak, donde la retórica de la defensa preventiva sirvió para enmascarar una masacre continua de civiles. Si hace 23 años el pretexto radicaba en armas de destrucción masiva inexistentes, hoy el objetivo cambia constantemente, desde el cambio de régimen hasta el programa nuclear fantasma de Teherán. Un país soberano, Irán, sigue siendo blanco de ataques en violación de todas las normas internacionales.
Mientras los drones, misiles y el aire impregnado de petróleo del bombardeo de las refinerías de la Operación Furia Épica trazan geometrías abstractas en los cielos de Teherán, la carne torturada de las 165 niñas de Minab se borra de la conciencia colectiva. La guerra de 2026 se consume como un videojuego en las pantallas de televisión, donde misiles inteligentes surcan cielos digitales, ocultando el polvo de los cuerpos enterrados bajo el hormigón de la escuela primaria de las niñas. Esta abstracción bélica facilita la producción de un pensamiento único que expulsa cualquier conocimiento alternativo y cualquier chispa de empatía. Mark Neocleous advierte que "la doctrina de la seguridad nacional implica la interrelación de tantos factores sociales, económicos, políticos y militares que cualquier acontecimiento puede considerarse un impacto en el orden liberal" (Neocleous, Crítica de la seguridad).
La continua represión gubernamental de la disidencia también permite el uso de bases estadounidenses en territorio nacional para operaciones ofensivas, aceptando que la necesidad militar prevalece sobre la soberanía constitucional, sin dejar a nadie libre para protestar enérgicamente contra la complicidad en una guerra ilegal. Esta postura externa exige un esfuerzo de pacificación interna correspondiente. La gestión de las plazas públicas italianas se ha convertido en una extensión del frente de guerra externo, donde los manifestantes son percibidos como elementos subversivos que deben ser neutralizados preventivamente.
Una trayectoria represiva secuencial a través de la Ley de Seguridad
El alcance de las libertades civiles en Italia ha sufrido una redefinición radical mediante una sucesión coordinada de decretos que han creado un estado de emergencia permanente. Esta metamorfosis legal comenzó con el Decreto Rave, que introdujo el artículo 633-bis del Código Penal para castigar las reuniones espontáneas con penas de hasta seis años. Esta ley inauguró la era de la criminalización preventiva, transformando la sociabilidad autónoma en una amenaza para la seguridad pública.
La trayectoria represiva continuó con el Decreto Cutro, destinado a endurecer los controles migratorios mediante la eliminación de la protección especial y el fortalecimiento de la detención administrativa, y con el Decreto Caivano, dirigido a combatir la delincuencia juvenil mediante la extensión de la Ley de Protección de Menores contra la Delincuencia Urbana (DASPO) a los jóvenes de 14 años y el aumento desproporcionado de las penas por delitos menores.
El alcance del control se ha expandido y alcanzó su punto máximo con el Decreto de Seguridad (anteriormente Ley 1660), una verdadera declaración de guerra interna que introdujo delitos específicos para reprimir cualquier forma de disidencia material:
1. Criminalización de la Resistencia Pasiva (Artículo 415-bis del Código Penal): Esta es quizás la disposición más controvertida. Equipara la negativa no violenta a obedecer una orden en centros de detención o prisiones (como las huelgas de hambre o la negativa a regresar a la celda) con un acto de revuelta, punible con hasta ocho años de prisión. La resistencia ya no tiene que ser violenta para ser severamente castigada; simplemente debe ser pasiva.
2. Represión de los bloqueos de carreteras: Lo que antes era una sanción administrativa (frecuentemente utilizada en protestas sindicales o ambientales) se convierte en delito penal si lo cometen varias personas o si se considera persistentemente obstructivo. Esto afecta directamente los métodos de protesta de los movimientos climáticos (como Última Generación) y de los trabajadores en huelga.
3. El delito antigandhiano: La ley penaliza a quienes se manifiestan contra grandes proyectos (como el TAV o el puente sobre el estrecho de Messina), introduciendo circunstancias agravantes específicas para los manifestantes cerca de lugares estratégicos, lo que en la práctica ilegaliza los piquetes y la presencia física de grupos de oposición.
4. Detención de madres: El decreto ya no exige penas suspendidas para mujeres embarazadas o madres con recién nacidos, lo que abre la puerta a la detención de niños muy pequeños, supuestamente para evitar la impunidad.
5. Enfoque en la detención preventiva (Decreto Legislativo 23/2026): La última medida, introducida en febrero de 2026, estableció una detención preventiva de doce horas para cualquier persona sospechosa de perturbar un acto público y autorizó a los prefectos a establecer zonas rojas urbanas con facultades de expulsión inmediata (DASPO urbana reforzada).
Ejemplos concretos de aplicación
El bloqueo económico: en las plazas de Bolonia, Génova y Cagliari, las autoridades han activado las medidas del Paquete de Seguridad para imponer multas de hasta 12.000 € por persona. Esta estrategia apunta directamente a los trabajadores precarios, intentando sofocar las protestas endeudando a los activistas (especialmente a los vinculados a los movimientos pro-Pal y a la Flotilla Global Sumud).
El experimento Askatasuna: el desalojo desproporcionadamente masivo del Centro Social Askatasuna en Turín ha sido definido como un experimento de Estado en el que el poder ejecutivo eludió la mediación política para imponer una lógica de ocupación militar en el territorio, transformando un lugar de mutualismo en un símbolo de peligro público bajo los nuevos dictados de la ley.
El escudo criminal: La introducción de mayores garantías legales para las fuerzas del orden (a menudo denominadas escudo criminal) actúa como una barrera que exime a los agentes de las consecuencias legales en caso de enfrentamientos, como se vio en el dramático caso Mansouri en Milán, donde se utilizó la retórica del ataque preventivo para justificar el uso de la fuerza letal.
Este marco legislativo transforma la disidencia, de un derecho constitucional a un obstáculo técnico para el funcionamiento del sistema, donde la pacificación interna se convierte en el objetivo supremo a expensas de las garantías individuales.
El caso Mansouri y la fábrica de inmunidad soberana
El asesinato de Abderrahim Mansouri en Milán es la manifestación extrema de la actual desinformación en materia de seguridad. El agente Carmelo Cinturrino justificó el tiroteo describiéndolo como un ataque preventivo, una frase que refleja fielmente la retórica bélica internacional del gobierno de Meloni. Las investigaciones revelaron que la escena del crimen fue alterada para simular la legítima defensa, colocando una pistola de juguete junto al cuerpo de la víctima para manipular las pruebas. Este suceso confirma las teorías de la mentalidad guerrera analizadas por Alex Vitale, según las cuales los agentes ven a los civiles como un enemigo constante en lugar de una comunidad a la que proteger. Mark Neocleous explica que la inmunidad otorgada a los funcionarios estatales sirve como "cobertura para la violencia soberana", permitiendo a los agentes actuar al margen de la ley. Aclara los orígenes claramente políticos de este concepto: "Lo que originalmente estaba en juego con la inmunidad era una decisión política sobre el privilegio, en el sentido de una ley que se aplicaba solo a ciertas clases de personas o individuos" (Neocleous, La política de la inmunidad, pp. 11-12).
La derecha política respondió al caso invocando el escudo criminal que contenía el decreto de seguridad y ensalzando la agresión policial como una virtud cívica. Esta inmunidad crea una zona de excepción donde la ley ya no se aplica a los agentes del orden, mientras ataca ferozmente a los excluidos. El asesinato de un hombre desarmado se transforma en un acto necesario para salvaguardar la civilización occidental contra la amenaza asimétrica que representan los grupos que no se pliegan a la ley. Es evidente cómo la subjetividad de los agentes está moldeada por una psicología de la sospecha que transforma cada interacción en un potencial enfrentamiento bélico. Esta percepción distorsionada produce subjetividades dóciles a través del miedo, reduciendo la ciudadanía a un ejercicio de obediencia silenciosa.
La represión de Sumud y la Global Sumud Flotilla
La aplicación material de este mecanismo ha sido particularmente feroz contra la Global Sumud Flotilla, la iniciativa marítima lanzada desde los puertos de Barcelona y Catania para desafiar el bloqueo naval de Gaza. El gobierno italiano respondió a esta misión de solidaridad con una combinación de detenciones administrativas y cargos penales, amparándose en el nuevo marco normativo. Todo gesto inspirado en el concepto de Sumud, la firmeza y resiliencia del pueblo palestino, es interpretado por la policía como una amenaza a la seguridad nacional. Salvatore Palidda destaca cómo la policía posmoderna ostenta ahora un «monopolio sobre la gestión del desorden», un poder que le permite establecer arbitrariamente los límites entre la libertad de acción y el escándalo político (Palidda, Polizia postmoderna, p. 1).
La represión de la Flotilla y los bloqueos solidarios de los puertos constituyen un ejemplo de intervención social destinada a cortar el apoyo material a la población atacada, protegiendo al mismo tiempo el flujo del tráfico de armas. En Catania, más de 40.000 personas se congregaron para despedir a los barcos, soportando cargos e identificaciones masivas que anunciaron su posterior interceptación ilegal en aguas internacionales. Esta conducta institucional demuestra la transformación del derecho en un instrumento de guerra interna contra cualquiera que se niegue a una neutralidad cómplice. La disidencia se desestima sistemáticamente como un problema de decadencia urbana o un obstáculo para el desarrollo económico, legitimando la suspensión de las garantías constitucionales en nombre de la pacificación, lo que constituye una forma de ocupación policial de la vida civil.
La excepción como nueva normalidad
Un análisis de Italia en 2026 revela una sociedad dominada por el miedo y el resentimiento reactivo. La criminalización de la disidencia es la piedra angular de una estrategia de pacificación destinada a mantener el equilibrio de poder existente. Las teorías de Fassin, Hall y Neocleous nos permiten reconocer la coherencia de este plan represivo, que vincula la aprobación del Decreto sobre el Antisemitismo con la violencia policial de los subsiguientes decretos de seguridad. La distorsión de la verdad por parte de los medios de comunicación, aislando incidentes para incitar a la guerra de guerrillas urbanas, facilita la aprobación de leyes liberticidas que convierten al país en un laboratorio del tecnofascismo europeo. El Estado se ampara en la inmunidad soberana, protegiendo a agentes como Cinturrino y silenciando a cualquiera que imagine una alternativa a la guerra permanente.
La pasión de la sociedad contemporánea por el castigo alimenta símbolos como los maranza [jóvenes racializados de las periferias] para justificar castigos excesivos que solo afectan a los más vulnerables. Didier Fassin observa que «esta tendencia no afecta por igual a todas las transgresiones ni a sus perpetradores. A menudo perdona a las clases dominantes y ataca a las clases trabajadoras. El fraude fiscal suele tolerarse mejor que el hurto en tiendas» (Fassin, Punire, p. 2). El reto para los movimientos de oposición es romper el círculo vicioso de la seguridad y recuperar el conflicto como elemento vital de la verdadera democracia. Sin una crítica radical del mecanismo de pacificación, Italia seguirá atrapada en un estado excepcional donde la libertad se reduce al deber de la conformidad absoluta. La pacificación no es paz; es una guerra continua contra la posibilidad misma de un futuro imprevisto.
