La crisis de la hegemonía sanchista

La política en la era de la globalización neoliberal, que arrasó el bienestar de los Estados occidentales para apuntalar la primacía militar de Washington, es el arte de acumular legitimidad nacional mediante gestos simbólicos en el escenario internacional. Cuando Donald Trump amenazó en marzo con un embargo comercial a España por negarse a ceder Rota y Morón para atacar Irán, Pedro Sánchez respondió con cuatro palabras: «No a la guerra». El mismo presidente que ha militarizado el gasto público como ninguno desde la transición bajo la rúbrica del apoyo a Ucrania convirtió el pacifismo en su mayor activo electoral con Oriente Medio y volvió a ganar el relato sin responder a la pregunta de por qué no impidió desde el principio que Estados Unidos utilizara las bases para sostener el genocidio, ni por qué su gobierno sigue comprando misiles antitanque a Israel.

El 17 y 18 de abril se celebró en Barcelona la cumbre internacional «En defensa de la democracia», concebida para consolidar a Sánchez como líder de una internacional progresista frente a las fuerzas autoritarias. Junto a Luiz Inácio Lula da Silva, Yamandú Orsi, Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum, Cyril Ramaphosa, António Costa y otras segundas espadas europeas, el presidente español llamó a renovar las instituciones internacionales surgidas tras la Segunda Guerra Mundial –«una ONU más representativa»–, a luchar por una «Internet habitable» y a defender «políticas contra la desigualdad». Cientos de ponentes, docenas de influencers con millones de seguidores y medios de comunicación de todo el mundo postrados ante el proyecto sanchista. Plenario Salvador Allende, sala Angela Davis, sala Nelson Mandela, sala Dolores Huerta, sala Hannah Arendt, sala Frida Kahlo, sala Edward Said, plenario Ernest Lluch… El name dropping alineaba, en una serie de conferencias públicas, a los restos de la marea bolivariana latinoamericana con una socialdemocracia europea en retirada, y pareció hasta un «acontecimiento», un suceso inexplicable dentro de las reglas habituales del mundo. Pero lo cierto es que la cumbre no celebraba un programa regional socialista frenéticamente antisistémico. Era una pose simbólica compartida –la de erigirse en dique–, pero con las patas demasiado cortas cuando tus enemigos controlan el complejo judicial-mediático español.

El 19 de mayo la Audiencia Nacional acordó imputar a José Luis Rodríguez Zapatero por liderar una estructura «jerarquizada» de tráfico de influencias y falsedad documental en el rescate de la pequeña aerolínea Plus Ultra, con seis aviones y un puñado de destinos americanos. Le acusa de integrar una organización criminal con operaciones internacionales de alto valor económico vinculadas al petcoke, el oro y las divisas, con ramificaciones en Venezuela, China y los Emiratos Árabes. El juez, su tocayo José Luis Calama, investiga además el presunto blanqueo de capitales y el desvío de fondos durante la pandemia. No deja de ser paradójico que el auto reconozca la colaboración de Washington: la agencia federal Homeland Security Investigations (HSI) filtró a la Policía Nacional información extraída de un dispositivo móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, exdueño de la aerolínea e investigado en la causa. Lo personal también es geopolítico.

El núcleo de la hegemonía sanchista –la fama mundial– se ha resquebrajado, pues, solo con el soplido diplomático de Trump, como puede observarse al constatar que su valedor más ilustre haya aparecido en las portadas de los medios de todo el mundo por un auto de la Audiencia Nacional dos días después de que María Jesús Montero perdiera las elecciones en Andalucía, el feudo más importante del PSOE, que gobernará el PP con la ayuda de Vox

Tras declarar ante Calama el 17 de junio, siendo el primer expresidente del gobierno que comparece como imputado, Zapatero desplegó una ofensiva, que cuestionó los hechos judiciales y la forma en que se obtuvieron las pruebas: su defensa pidió anular las conversaciones que originaron la imputación, esto es, los chats donde se le menciona como «Zorro», alegando que se desconoce qué resolución judicial autorizó su análisis, y reclamó que se aclare cómo llegó a la causa el material estadounidense cinco años después de su recopilación y sin garantías sobre su cadena de custodia. En realidad, existía una fuga: la plataforma Cloud de la Audiencia, el sistema digital al que estaban personadas diez acusaciones populares con veintitrés accesos habilitados entre procuradores y abogados, entre ellas Hazte Oír e Iustitia Europa, todo ello en una instrucción nacida, además, de una denuncia de Vox. Desde ese reservorio compartido, las informaciones más comprometedoras para la imagen de Zapatero se filtraban «constantes e inmediatas» a los medios de la derecha, alimentando la campaña de desprestigio contra el gobierno de Sánchez, hasta que Calama estrechó el círculo: ahora solo la acusación agrupada bajo la dirección del PP, el principal enemigo electoral del PSOE, puede entrar en el Cloud.

El núcleo de la hegemonía sanchista –la fama mundial– se ha resquebrajado, pues, solo con el soplido diplomático de Trump, como puede observarse al constatar que su valedor más ilustre haya aparecido en las portadas de los medios de todo el mundo por un auto de la Audiencia Nacional dos días después de que María Jesús Montero perdiera las elecciones en Andalucía, el feudo más importante del PSOE, que gobernará el PP con la ayuda de Vox. En la orgánica del partido nadie está ya a salvo de la ofensiva de los enemigos y la débil «estructura de sentimientos» con la que se armó Sánchez para surfear el shock pandémico y organizar el día a día del capitalismo español ha quedado atrapada en sus tuberías más profundas. Desde Ábalos hasta Zapatero. El Estado español no es el Estado emprendedor que Mariana Mazzucato pregonaba en el evento de Barcelona: es un «Estado feroz», que lo mismo permite a un exjugador del Club Estudiantes tomar el mando institucional de la cuarta potencia de la UE que lo arroja al infierno de los tribunales nacionales si no sigue el camino marcado por los síntomas mórbidos de los tiempos.

***

La Tercera Vía, el último proyecto de la socialdemocracia europea, murió políticamente cuando Tony Blair y Gordon Brown abandonaron Downing Street, y la parada cardíaca con la que se la quiso reanimar no ha hecho sino allanar el terreno a una formación histórica de signo conservador, enérgica y tenaz en su batalla por la conquista del Estado. El Partido Socialista francés es una formación moribunda. El Partido Laborista de Keir Starmer, ahora ya defenestrado pese a la victoria aplastante obtenida en 2024, perdería ante Reform UK, el instrumento político de Nigel Farage. La ultraderecha gobierna en Italia, Hungría, Eslovaquia, la República Checa y los Países Bajos, y es la principal fuerza de oposición en Alemania, Francia, Austria y Portugal, donde Chega se ha convertido en la segunda fuerza política del país, enterrando el legado de António Costa, ahora presidente de la Comisión Europea. Mientras tanto, la ampliación hacia el este de la UE amenaza con desatar nuevas inestabilidades. Algunos de los nueve países candidatos, Georgia, Serbia, Turquía y Ucrania, que difícilmente cruzarán el umbral de la adhesión, funcionan menos como futuros socios que como vectores de inestabilidad geopolítica permanente. Es una ampliación virtual, que tensa la cohesión del bloque sin llegar a ensancharlo y pone a prueba su capacidad para sostener la gobernanza democrática dentro de la propia Unión. Es en ese contexto donde ha cobrado toda su dimensión la excepción española: el único bastión donde la socialdemocracia europea sobrevive, haciéndolo en la improbable figura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, Sánchez fue investido presidente del gobierno con el apoyo de una coalición de partidos a su izquierda. De alguna manera, consiguió capitalizar las demandas de cambio de la última década, proponiendo una alternativa socialista ala desintegración del entorno institucional posterior a la crisis económica de 2008, cuando el colapso de la actividad capitalista desencadenó una enorme contestación política en las calles

En un momento de aceleradas turbulencias sistémicas, a las que se suman la revolución digital y verde, la economía de guerra, la crisis del orden unipolar y la fractura del Estado de bienestar, todo elemento nacional particular influye de manera determinante en las relaciones internacionales. El consenso nacional alcanzado por el sanchismo es producto de esa tensión: su imagen interior se ha desgastado, amenazando con hundirse durante el verano, mientras se apoya cada vez más en el crédito exterior que le procura encarnar la antítesis de la ultraderecha; una fisura que sus adversarios parlamentarios han aprendido a explotar con eficacia de manera reciente. La carrera política de Pedro Sánchez tiene el arco dramático de una película de Hollywood, que ningún productor se atrevería a aprobar, salvo quizá Susan Sarandon: demasiado inverosímil en sus giros políticos, kitsch, atravesada por ese «deseo de aparentar ser» lo que no se es. Desde su nombramiento como secretario general del PSOE en 2014, su ascenso fue fulgurante. Se convirtió en el candidato del partido a la presidencia del gobierno tanto en diciembre de 2015 como en junio de 2016. Tras seiscientos nueve días sin presupuestos generales, ante el dilema de abstenerse para permitir un nuevo gobierno de Rajoy o intentar una alternativa progresista, Sánchez se niega a facilitar la investidura. En una escena propia de un thriller, choca con los contubernios de su partido y dimite como diputado nacional. Un año más tarde, en junio de 2017 regresa a la dirección del PSOE aupado por la militancia y convertido en héroe, como el mejor Perón. «No estoy muerto, estoy aquí», dijo en una hamburguesería cerca de la Moncloa, en una entrevista con Jordi Évole en Salvados. Sánchez se presentó a la ciudadanía como el profeta de una religión con una concepción del mundo «activa», que actúa sobre un pueblo pulverizado para organizar su voluntad colectiva. Replicó el discurso contra la casta de Podemos, cuando el partido amenazaba con propinar el correspondiente sorpasso al PSOE, y atacó duramente al IBEX 35, a César Alierta, expresidente de Telefónica, y a Prisa, editora de El País, por impedir un gobierno con Podemos.

Sánchez llegó al poder en 2018 tras una sentencia judicial que probaba la existencia de financiación irregular en el Partido Popular durante dos décadas. Solo en el último gobierno de Mariano Rajoy se investigaron sesenta casos de corrupción en los que se vieron implicados mil doscientos treinta y seis cargos. Pocos meses después publicó Manual de resistencia, relatando su azarosa trayectoria desde que asumió el liderazgo del PSOE hasta la presidencia, lo cual le convirtió en el primer mandatario español en escribir sus memorias en pleno mandato y en acudir a la Fashion Week de Madrid. Un columnista español lo comparó con James Dean: «Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver». Tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, Sánchez fue investido presidente del gobierno con el apoyo de una coalición de partidos a su izquierda. De alguna manera, consiguió capitalizar las demandas de cambio de la última década, proponiendo una alternativa socialista a la desintegración del entorno institucional posterior a la crisis económica de 2008, cuando el colapso de la actividad capitalista desencadenó una enorme contestación política en las calles.

En su autobiografía, Verdades a la cara (2022), Pablo Iglesias reconocía la renovación de la cultura de la Transición en líneas sanchistas: «Pensábamos que los movimientos del régimen iban a ser mucho más unívocos, estábamos convencidos de que iba a haber un acuerdo del tipo que fuera entre el PP y el PSOE. Ese acuerdo no terminó de producirse, lo que generó una tensión sin precedentes dentro del PSOE

Reflexionando sobre Maquiavelo a la luz del «mito» soreliano, Antonio Gramsci escribió que en El príncipe la «ideología política no se presenta como una fría utopía, ni como una argumentación doctrinaria, sino como la creación de una fantasía concreta, que actúa sobre un pueblo disperso y pulverizado para suscitar y organizar su voluntad colectiva». Al dividir el terreno de lucha en dos bloques rivales sin construir una organización política capaz de sostener el ataque contra las clases dominantes, la izquierda a la izquierda del PSOE preparó el escenario para que fuera otro actor el que capitalizara el descontento: Sánchez hegemonizó la lógica dicotómica nacida en las plazas –el pueblo frente a la casta– pero invirtió su sentido para reacreditar al bloque gobernante. En su autobiografía, Verdades a la cara (2022), Pablo Iglesias reconocía la renovación de la cultura de la Transición en líneas sanchistas: «Pensábamos que los movimientos del régimen iban a ser mucho más unívocos, estábamos convencidos de que iba a haber un acuerdo del tipo que fuera entre el PP y el PSOE. Ese acuerdo no terminó de producirse, lo que generó una tensión sin precedentes dentro del PSOE. Pedro Sánchez fue el producto de esa tensión». Este acuerdo era altamente improbable, si no totalmente imposible, en un país que sufre la contaminación franquista irreductible del PP, pero el príncipe salvó a su partido en las elecciones y se salvó a sí mismo, un arte que no dejó de cultivar.

En las últimas elecciones generales, cuando un insulto viral de la derecha –«Perro Sanxe»– amenazó su imagen, se apropió del meme y lo usó para politizar al electorado joven. Un año después, cuando Santiago Abascal presentó una moción de censura que tildaba a España de régimen bolivariano, Sánchez convirtió la esfera pública en un debate que ponía el foco en la matriz franquista de Vox. Cuando la derecha activó el lawfare judicial contra Begoña Gómez, se retiró cinco días. «Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Necesito parar». El país quedó paralizado esperando a saber si dimitía hasta que regresó con una carta a la ciudadanía, calculada y emocional, llamando a los valores de la democracia. El mayor referente del neoconservadurismo español, José María Aznar, calificó el suceso de «comedia de caudillismo lacrimógeno». Hasta cuando compareció en el Senado por un caso de corrupción, unas gafas Dior vintage eclipsaron el escándalo y lo devolvieron al apodo de sus inicios: «Mr. Handsome». Si consigue cerrar su mandato en 2027, Sánchez será el segundo presidente más longevo de la democracia española tras Felipe González. Pero las cabeceras periodísticas repiten al unísono que el sanchismo está agotado simbólicamente, q es un fantasma.

En el registro de su despacho –una oficina que el PSOE le prestaba justo enfrente de su sede federal de Ferraz, donde el partido asegura desconocer que hubiera instalado una caja fuerte sin autorización– la policía halló ciento tres joyas tasadas en 1,3 millones de euros, cuyo origen Zapatero no ha podido documentar. La misma batalla moral con la que el sanchismo desalojó al Partido Popular se vuelve hoy contra él, mientras los medios de derechas reducen al entorno de Sánchez a un espejo del peor Rajoy. Esa derrota simbólica es la gota que colma el vaso de la presunta trama de corrupción ocurrida durante la pandemia. El Tribunal Supremo ha condenado al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García a 24 años y 19 años de prisión respectivamente por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Santos Cerdán, secretario general del partido socialista desde 2021, está imputado en el caso Leire Díez por una presunta trama para desestabilizar investigaciones al PSOE o al gobierno. En paralelo, el #MeToo ha explotado en el PSOE, obligando a dimitir por acoso sexual y abuso de poder a Paco Salazar, mano derecha del presidente en la Moncloa, y a otros seis altos cargos. Mientras que la derecha, en su radicalización, se ha masculinizado, la izquierda y especialmente el PSOE solo gana por el voto progresista de las mujeres. Pero los números de las encuestas empiezan a mostrar que el carisma de Sánchez no puede combatir el descontento. La derecha y la extrema derecha aglutinan casi la mitad de los votos, si se añade la marca del agitador Alvise Pérez, mientras que la izquierda apenas alcanzaría el 40 por 100. No gobernaría ni poniendo de acuerdo a todos los aliados actuales.

El PSOE se desplomó electoralmente en diciembre en su principal feudo, Extremadura: perdió diez escaños y firmó su peor resultado desde la restauración democrática, mientras Vox duplicaba su representación. La sangría se repitió en febrero en Aragón, donde el PSOE igualó su mínimo histórico y Vox volvió a duplicar su voto hasta convertirse en socio imprescindible del PP. Y en mayo, en Andalucía, la comunidad más poblada del país y antaño granero socialista, María Jesús Montero no logró arrebatar la Junta a Juanma Moreno; el PP retuvo el poder, aunque perdió la mayoría absoluta y quedó a merced de Vox. Allí donde el bipartidismo se desgasta, la ultraderecha avanza hasta hacerse llave de los gobiernos regionales. En su último anuncio antes de las Navidades, Pedro Sánchez pidió perdón a las feministas del PSOE, cuyo perfil es de marcado carácter abolicionista y antitrans, cerró filas ante las demandas de un cambio de gobierno y lanzó un abono mensual de transporte público por 60 € en todo el país. Pero su capacidad legislativa pende de un hilo: el partido de Carles Puigdemont, el líder que proclamó la independencia catalana a través de un referéndum en 2017 y permanece en el autoexilio, ha bloqueado los presupuestos generales y buena parte de la agenda legislativa del gobierno. Y no es solo el imprevisible Junts: hasta el PNV, el más pragmático de sus socios, da la legislatura por amortizada. En la apertura de su nueva sede de Lasarte-Oria, su presidente, Aitor Esteban, la describió «completamente paralizada», con un «ambiente irrespirable».

Liderada por Pedro Sánchez, la socialdemocracia española ha vampirizado las instituciones sociales y absorbido las demandas populares solo para gestionar mercados electorales. Y los mercados, como sabemos, son volátiles. Especialmente en tiempos de guerra, donde el autoritarismo se convierte en la lógica política del capitalismo tardío

Para mantener el pulso, Sánchez pidió a finales de año a los ministros medidas sociales que no dependiesen del Congreso y renovar sus gabinetes con expertos en política públicas. Sin embargo, el consenso sanchista pronto se enfrentó a un nuevo varapalo. En noviembre de 2025 el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, anunció la condena penal al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos y le impuso una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, procesado por fraude a Hacienda y presuntamente agente corrupto beneficiario de contratos públicos firmados con el sector sanitario privatizado por los sucesivos gobiernos del PP y durante los últimos siete años por su actual compañera sentimental la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Esa condena ha abierto una brecha en el último reducto institucional que el gobierno todavía controlaba. La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que habían contenido por la vía jurídica el avance de la ultraderecha, quedan ahora ellas mismas en el punto de mira. Liderada por Pedro Sánchez, la socialdemocracia española ha vampirizado las instituciones sociales y absorbido las demandas populares solo para gestionar mercados electorales. Y los mercados, como sabemos, son volátiles. Especialmente en tiempos de guerra, donde el autoritarismo se convierte en la lógica política del capitalismo tardío.

***

El aura internacional de Sánchez ha funcionado como una marca comercial: una imagen cuidada que sobrevive a costa de la realidad. Se fraguó en la primera decisión de Sánchez como presidente tomada en junio de 2018. Después de que Italia y Malta negaran el asilo a 629 migrantes a bordo del Aquarius, ordenó que el barco fuera acogido en un puerto de Valencia. Se enfrentó al ultraderechista Matteo Salvini, ahora vicepresidente de la República Italiana, y defendió los valores de la libre circulación de personas. Cuatro años después se produjo la «masacre de Melilla», en la que murieron decenas de migrantes por la represión violenta de las fuerzas marroquíes y españolas en el enclave norteafricano. Este evento cuestionó la política de gestión de fronteras y la falta de rendición de cuentas de Sánchez. Por otro lado, tras ser uno de los grandes valedores del pacto migratorio europeo, convenciendo a Giorgia Meloni en un viaje a Roma, se conoció que el gobierno había abierto dos cárceles de migrantes en África, con cunas para menores. La frontera sur opera bajo el sanchismo con las mismas políticas coloniales de represión, que reclama la derecha: desde 2018 ha absorbido al menos 541 millones de euros en tecnología de control, el 60 por 100 de los cuales adjudicados sin concurso público, y más de la mitad de ese gasto ha ido a parar a las mismas cuatro empresas: Escribano, Telefónica, Thales e Indra, con exministros y mandos militares sentados en sus consejos de administración.

Las contradicciones políticas no tienen un coste electoral, cuando escapan al escrutinio mediático. Al igual que Javier Milei en Argentina, con quien se ha enfrentado en distintas ocasiones, Pedro Sánchez ha utilizado la agenda internacional para galvanizar su base interna y distraer a la oposición. El semanario progresista L'Espresso lo celebró como la «persona del año» y los italianos lo respetan casi tanto como al Papa. Sánchez se ha convertido en el refugio más visible de la imagen liberal del Viejo Continente y de su proyecto primigenio: garantizar la paz mediante el comercio.

Pese a sus contradicciones, esa dialéctica de «genocidio no, guerra sí» ha situado a Sánchez como una figura de primer orden. Al contrario que buena parte de la tecnocracia comunitaria, no cree que la «doctrina Monroe» de Trump vaya a beneficiar a la Unión Europea en materia económica o militar. El gobierno español ha apostado por una política de seguridad «autónoma» de Washington, la construcción de gigantes tecnológico-militares nacionales como Indra, el desarrollo de sectores estratégicos y la producción nacional de recursos

«Para los padres fundadores, la integración militar y securitaria de Europa era tan o más prioritaria que la integración económica», defendió ante el Consejo Europeo citando a Jean Monnet y Robert Schuman. Su política exterior se ha movido entre denunciar el «genocidio» en Gaza, calificando a Israel como «potencia ocupante» ante el Tribunal Internacional de Justicia y proporcionar a Ucrania equipamiento militar de producción nacional por valor de 1 millardo de euros anuales; entre defender la financiación a Volodímir Zelenski «por razones morales» y las transferencias de material militar a Benjamín Netanyahu tres meses después de la aprobación del embargo, esta vez invocando «intereses nacionales».

Pese a sus contradicciones, esa dialéctica de «genocidio no, guerra sí» ha situado a Sánchez como una figura de primer orden. Al contrario que buena parte de la tecnocracia comunitaria, no cree que la «doctrina Monroe» de Trump vaya a beneficiar a la Unión Europea en materia económica o militar. El gobierno español ha apostado por una política de seguridad «autónoma» de Washington, la construcción de gigantes tecnológico-militares nacionales como Indra, el desarrollo de sectores estratégicos y la producción nacional de recursos. Sánchez se ha enfrentado a Donald Trump por las tarifas comerciales y el incremento del 5 por 100 del gasto exigido por la OTAN, así como por el bombardeo a Irán. Al mismo tiempo, se ha convertido en el «mediador» entre Europa y China, ha impulsado la minería de minerales críticos, abriendo nuevos caminos comerciales hacia África a través de sus relaciones con Mauritania, y ha negociado la no dependencia del gas ruso en acuerdos con Argelia.

Asimismo, los miembros más destacados del gobierno de Sánchez han orientado a la tecnocracia europea hacia un rol más geopolítico. Nadia Calviño, la ministra de Economía que pilotó la salida de la pandemia absorbiendo en tiempo récord los fondos europeos y reforzando la estabilidad financiera, fue nombrada presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica y responsable de negociar el energy price cap ibérico, esto es, el tope al gas que permitió abaratar la factura eléctrica en España y Portugal es ahora comisaria de Competencia de la Comisión Europea. Ambas han sido clave en la autonomía europea: Calviño anunció una inversión de 6,5 millardos de euros en dos años para alimentar a las empresas de defensa, como las españolas, cuadruplicando el gasto del BEI y canalizando cerca del 5 por 100 de su financiación total hacia el sector. «Nos hemos dado cuenta de que no podemos depender enteramente de Estados Unidos para la defensa, ni enteramente de China para la tecnología», declaró en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Ribera, por su parte, lidera las sanciones contra las grandes tecnológicas estadounidenses, que este año ascienden a 4 millardos de euros en concepto de multas. Tras abrir una investigación contra Google, afirmó: «No aceptaremos ninguna forma de subordinación en el ejercicio de nuestras funciones».

Sánchez incluso se ha sumado al bloque no alineado en la declaración sobre la intervención estadounidense en Venezuela, país con el que ha mantenido abiertos canales diplomáticos a través de José Luis Rodríguez Zapatero hasta el final, manteniendo que esta constituye «un intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos»

Del mismo modo, la diplomacia de Pedro Sánchez ha conseguido articular una nueva constelación progresista con América Latina, diversificando las relaciones comerciales de la UE hacia bloques regionales distintos a Estados Unidos, mientras se abría a un multilateralismo basado en los derechos humanos: ha firmado declaraciones con Gustavo Petro sobre justicia climática, ha coordinado con Gabriel Boric intercambios sobre estrategias de reforma constitucional, se ha alineado con Luiz Inácio Lula da Silva en política industrial y liderazgo del Sur global, siendo una de las voces más favorables en el acuerdo Mercosur, y ha retomado la relación con Claudia Sheinbaum para disculparse formalmente, a través de Felipe VI, por la violencia colonial. Dicho con sus palabras: existió «mucho abuso» durante la conquista española de América. Sánchez incluso se ha sumado al bloque no alineado en la declaración sobre la intervención estadounidense en Venezuela, país con el que ha mantenido abiertos canales diplomáticos a través de José Luis Rodríguez Zapatero hasta el final, manteniendo que esta constituye «un intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos». Con este mismo fin, la política exterior de Sánchez ha engrasado los presupuestos de cooperación al desarrollo de América Latina, buscando estabilidad y crecimiento en un momento en que muchos países sufren el asedio electoral de la ultraderecha. También ha impulsado que una mujer latinoamericana lidere las Naciones Unidas, demostrando su esfuerzo por reconfigurar la gobernanza multilateral.

***

Pese a la presión privatizadora del mercado durante el último medio siglo y especialmente desde 2008, las relaciones internas del Estado, ese entramado entre administraciones, empresa pública y negociación con sindicatos y patronal que el desmantelamiento neoliberal no ha disuelto del todo, han facilitado un cierto nivel de comando democrático. En estos años, la economía española es la que más ha crecido entre los grandes países de la eurozona, destrozados por la crisis energética posterior al conflicto militar en Ucrania; el PIB creció el 2,8 por 100 el pasado año, con la demanda interna y la inversión como motores principales. La reforma laboral, además, ha reducido la temporalidad creada por la austeridad del 30 por 100 antes de la legislatura al 13 por 100 actual. El keynesianismo sanchista se ha traducido en una mayor recaudación para políticas públicas, con un gasto que rompió la barrera récord de los 700 millardos en 2024 (la mayor partida destinada a las pensiones), en una mayor protección para los hogares vulnerables y en el fortalecimiento de la capacidad de ahorro de las familias.

En un momento en que el autoritarismo recorre el mundo occidental, el melodrama barroco de Sánchez ha consagrado una versión invertida del «capitalismo popular» de Margaret Thatcher: donde aquél ataba las clases populares al mercado de vivienda convirtiendo a sus miembros en pequeños propietarios, pareciera que éste las liga al Estado convirtiéndolas en perceptoras de prestaciones sociales. La estrategia de legitimación de la socialdemocracia ha sostenido un ciclo político reformista de casi una década: el Ingreso Mínimo Vital para hogares en riesgo severo, pese a su escasa cobertura; una reforma fiscal que combina impuestos a los beneficios extraordinarios de energéticas, banca y grandes fortunas, si bien los gravámenes son temporales y la recaudación modesta; una reforma del sistema de pensiones que «garantiza la sostenibilidad sin recurrir a grandes recortes», algo que la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la institución «que tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo», no da por asegurado; y un nuevo modelo para los autónomos dirigido a que quienes ganen menos paguen menos, impulsado por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno tras la salida de Pablo Iglesias del gobierno, pero que no transforma un sector de rentas precarias y falsos autónomos, donde las cotizaciones bajas perpetúan unas pensiones entre las más paupérrimas del sistema.

La respuesta al problema de la vivienda, que es sin duda la primera preocupación social del país, muestra cómo la hegemonía neoliberal ha hecho buena la formulación inicial de Thatcher: será un derecho que solo se garantizará, si la inversión público-privada funciona y su implementación y gestión son objeto de una financiarización total

Mientras tanto, el parque de vivienda social apenas alcanza el 3,4 por 100 del total frente al 9 por 100 de la media europea y los precios no han dejado de marcar récords, superando ya el máximo nominal de la burbuja de 2007: el metro cuadrado subió el 7,5 por 100 en 2025 hasta los 1902 euros, precio que se sitúa casi el 4 por 100 por encima de los 1832 euros registrados antes de la crisis. La respuesta al problema de la vivienda, que es sin duda la primera preocupación social del país, muestra cómo la hegemonía neoliberal ha hecho buena la formulación inicial de Thatcher: será un derecho que solo se garantizará, si la inversión público-privada funciona y su implementación y gestión son objeto de una financiarización total. En enero de 2026 Sánchez anunció como medida estrella para atajar la crisis habitacional un fondo soberano bautizado como «España Crece». Con una dotación de aproximadamente 10,5 millardos de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –elaborado por el gobierno para implementar los fondos Next Generation Estados Unidos– y gestionado por el ICO, el fondo aspira a apalancar esos 10,5 millardos hasta movilizar 60 millardos de forma directa y alcanzar 120 millardos de inversión pública y privada destinados a la vivienda, la energía, la digitalización y las infraestructuras, de los que 23 millardos se destinarían a construir 15.000 viviendas al año.

En otras palabras, el Estado coinvierte con el gran capital inmobiliario —mediante préstamos, avales e instrumentos financieros— y compromete las rentas futuras del alquiler al pago de la deuda con que se financia. El activo público nace así destinado a trocearse y revenderse en los mercados: su valor no reside en la vivienda como tal, sino en cuánta renta pueda extraerse de ella en los años venideros. Es lo que Marx llamó capital ficticio en el libro tercero de El capital. Si lógica detrás del modelo económico sanchista funciona, los inversores cobran sus retornos; si fracasa, las pérdidas las asume el Estado, que termina privatizando el modelo que financió con dinero público. Convertido en agente de valorización del capital a gran escala, Sánchez ha pasado de la austeridad fiscal directa a una austeridad estructural sostenida sobre el endeudamiento condicional.

Los antepasados del PSOE integraron a sus coetáneos del Partido Comunista en un nuevo consenso para cumplir con los requisitos de entrada en la UE primero y en la OTAN después. Hoy, Pedro Sánchez ha conseguido hacer lo mismo con los partidos que acumularon su base social tras el 15-Marx, esto es, el movimiento de los indignados de 2011. En este caso, para llevar al país más azotado por la austeridad, junto con Italia, a la cima de la eurozona. La prima de riesgo de ambos países alcanzó en diciembre su nivel más bajo en dieciséis años, dejando atrás la etiqueta de periferia europea (o PIIGS, el acrónimo acuñado durante la crisis de la deuda para denominar a las «economías frágiles»). Los indignados no ponen en duda la estabilidad del euro, la institucionalización de la política ha vaciado las plazas de su cometido revolucionario y el ciclo iniciado en Sol ha terminado como la caída del French 75 en One Battle After Another: inmerso en un bucle psicosexual. Gracias al sanchismo, ahora todos somos eurocomunistas.

El bloque histórico de Sánchez ha tratado también de borrar del mapa al resto de fuerzas sociales que provocaron la mayor crisis de legitimidad del Estado desde la transición: el referéndum de independencia catalán de 2017, conocido como «el procés». Para normalizar las difíciles relaciones del gobierno con Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, los partidos que lo proclamaron, Sánchez ha concedido una amnistía que les perdona los «delitos» por los que se encausó al independentismo, es decir, convocar un referéndum para decidir la independencia de Cataluña y desobedecer al Tribunal Constitucional. También ha presionado a Bruselas para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en la UE. En el mismo año en que la independencia de Catalunya quedó enterrada en las cloacas del Tribunal Constitucional, el exministro de Sanidad Salvador Illa, una de las figuras mejor valoradas durante la gestión de la COVID-19, se convirtió en presidente de la Generalitat. Jaume Collboni, alcalde socialista, llegó a la alcaldía de Barcelona, antaño una de las plazas del cambio y en la actualidad candidata a «corredor mediterráneo militar».

Al mismo tiempo, el PSOE cogobierna Euskadi y Navarra con los nacionalistas vascos de derecha e izquierda respectivamente. Las transferencias del Estatuto de Gernika, firmado hace cuarenta y seis años, están a punto de culminarse gracias a las amenazas del PNV, delegando nuevas competencias administrativas, que incluyen la gestión de la Seguridad Social, la política lingüística del euskera y la de migración. Mientras, EH Bildu se ha convertido en el socio más disciplinado del sanchismo a cambio de competencias administrativas, el fin de la dispersión, que no de la excepcionalidad de sus presos, como denuncian las organizaciones Sare y Etxerat, y la respetabilidad institucional.

Pero, igual que le ocurrió a Zapatero, que negoció la paz con ETA y aprobó derechos LGTBQ+ antes de sucumbir a la austeridad, la gestión política de un capitalismo cada vez más turbulento puede hacer descarrilar el proyecto sanchista y poner en evidencia los límites orgánicos de la socialdemocracia: la contradicción existente entre garantizar las condiciones de acumulación capitalista y el bienestar social.

***

España ha crecido gracias a los milagros obrados en materia de política energética que han bajado la factura de los ciudadanos, a las mejoras introducidas en el mercado laboral impulsoras de la demanda interna, a los ingresos turísticos y a los fondos europeos. No obstante, si se rasca la superficie se encuentra un modelo enteramente dependiente de fuerzas de mercado, que se están evaporando rápidamente con la reconfiguración del mundo en líneas reaccionarias. El crecimiento no equivale a una transformación del régimen de acumulación: una recuperación cíclica eleva el empleo sin alterar la estructura productiva, anclada en sectores de bajo valor añadido y mano de obra barata, pero sobre todo donde escasean las ganancias de productividad capaces de sostener una mejora duradera de la parte salarial. A esa debilidad interna se suma otra externa: la disciplina de los marcos fiscales europeos, que constituyen la forma institucional de la subordinación de la periferia al centro de la eurozona. De ahí la existencia de un Estado dotado de una escasa capacidad y de un reducido margen redistributivo, caracterizado por una presión fiscal que situada en torno al 37 por 100 del PIB se mantiene por debajo de la media comunitaria.

La respuesta política de la socialdemocracia son intervenciones diseñadas para los titulares de prensa, que aumentan los ingresos sin romper el techo de gasto. La regularización de más de 500.000 migrantes por parte de Sánchez, iniciativa similar a la medida de Zapatero anunciada tras los atentados de Madrid en 2004, ejemplifica esta lógica a la perfección. Como entonces, y pese a que la medida mejora de forma tangible la vida de quienes regulariza, dado que les reconoce derechos básicos, responde a una gestión fiscal calculada para incorporar a trabajadores latinos informales al sistema y asegurar así la sostenibilidad de las pensiones frente al envejecimiento de la población. Sin embargo, la economía sigue dependiendo de la explotación del trabajo precario en los cuidados, la hostelería, la agricultura y la construcción.

Dado que el Plan ha respondido a las exigencias de los capitalistas nacionales sin proteger a los sectores más empobrecidos, estos fondos se parecen más a una «revolución pasiva» diseñada para aminorar las posibles situaciones de insurrección social. Bruselas entregó fondos a los países meridionales, sumamente endeudados y azotados por la pandemia, para evitar que las periferias volvieran a las calles e iniciaran revueltas populares todavía más intensas que las de 2011

Asimismo, tras presentarlo como la muerte de la ideología neoliberal y la panacea a todos los problemas estructurales, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, esto es, los aproximadamente 160 millardos de euros asignados en concepto de subvenciones y préstamos procedentes de los fondos Next Generation EU entre 2021 y 2026, solo ha conseguido equiparar la inversión privada en sectores de alto valor añadido (energías renovables, digitalización, industria) con la media europea. Dado que el Plan ha respondido a las exigencias de los capitalistas nacionales sin proteger a los sectores más empobrecidos, estos fondos se parecen más a una «revolución pasiva» diseñada para aminorar las posibles situaciones de insurrección social. Bruselas entregó fondos a los países meridionales, sumamente endeudados y azotados por la pandemia, para evitar que las periferias volvieran a las calles e iniciaran revueltas populares todavía más intensas que las de 2011. Pero la tecnocracia de Sánchez empleó los fondos para salvar a las grandes empresas en un rescate, que tendrá un coste similar al de 2008 y que perpetuará el estado de excepción presupuestario como queda constatado por el informe del think tank liberal EsadeEcPol, «Evolución de los Fondos Next-Gen EU en España» (2026): de los 63,4 millardos de euros en concepto de transferencias adjudicados hasta marzo de 2026, el 1 por 100 de los beneficiarios (grandes infraestructuras, PERTEs, consorcios estratégicos) acapara el 71,4  por 100 de los mismos, mientras las PYMES reciben una fracción ínfima. El sector de la construcción se lleva más de 13 millardos millones; salud y educación juntas menos de 1,3.

Es el precio de la integración en la eurozona: una arquitectura que ata a los Estados a los mercados de deuda y permite que el capital global extraiga beneficios de la deuda pública y del alquiler de los hogares. Si en el caso de España le añadimos el gasto militar, la coyuntura solo puede resolverse mediante una nueva forma de recorte de los derechos fundamentales

La financiación de los sectores esenciales para las personas en situación de pobreza quedó atrapada en los límites de gasto impuestos tras el rescate financiero. Solo seis de cada diez médicos de familia superan las 1500 tarjetas sanitarias, el tope para una atención de calidad, de modo que la saturación de atención primaria es una práctica generalizada y el colapso sanitario de las urgencias de los hospitales es generalizable a todo el país. En la enseñanza, la escasa inversión pública convive con el crecimiento exponencial del gasto en la enseñanza privada: los conciertos educativos se han disparado el 170 por 100 desde 2000, pasando su financiación de los 2923 a 7883 millones de euros, sobre todo en Madrid, el País Vasco y Cataluña y a considerable distancia, pero al alza, en Andalucía. La política de vivienda, además, ha empoderado a los especuladores antes que a los inquilinos: el precio de la vivienda está en máximos históricos, superando los niveles de la burbuja inmobiliaria, con una subida interanual del 12 por 100. Blackstone, uno de los mayores caseros privados del país con cerca de 19.600 viviendas repartidas en veintisete filiales, exprime el alquiler de los ciudadanos mientras BlackRock y Vanguard sostienen la deuda soberana. Es el precio de la integración en la eurozona: una arquitectura que ata a los Estados a los mercados de deuda y permite que el capital global extraiga beneficios de la deuda pública y del alquiler de los hogares. Si en el caso de España le añadimos el gasto militar, la coyuntura solo puede resolverse mediante una nueva forma de recorte de los derechos fundamentales.

En la obra de Maquiavelo, explica Gramsci, la dimensión bélica nunca es puramente técnica, sino que está subordinada a un proyecto político más amplio de construcción estatal. La Historia de Florencia diagnostica las condiciones materiales concretas, El príncipe formula el programa político que responde a esas condiciones, y Del arte de la guerra articula el componente militar que requiere. El método maquiveliano del sanchismo ha mutado del keynesianismo pandémico al «neoliberalismo militar», movilizando el gasto en defensa más grande de la historia del país y presentando al sector militar como la única forma de alcanzar la prosperidad económica nacional. Solo en la recta final de diciembre, Defensa adjudicó una veintena de Programas Especiales de Modernización por cerca de 23 millardos a contratistas privados, cuya facturación bate récords históricos. Para cumplir con la OTAN, en un solo año España pasó del 0,88 al 2,42 por 100 del PIB, equivalente a 39,476 millardos de euros, colándose entre los quince países con mayor gasto militar del mundo. Cuando el rearme es el sentido común de nuestro tiempo, poco importan las poses humanitarias ante las cámaras. La sociedad civil queda aturdida y la ultraderecha politiza el malestar. Como si fuera una profecía electoral autocumplida, la lógica securitaria desplaza la deliberación democrática.

El problema de fondo, avisaba Evgeny Morozov hace años, es la falta de imaginación institucional de la socialdemocracia desde la irrupción de la Tercera Vía, una ideología según la cual el mercado es el único mecanismo posible para responder a los problemas políticos. Hoy, el solucionismo tecnológico sirve como la expresión más contemporánea de ese agotamiento: la promesa de que las apps, las plataformas y las herramientas de inteligencia artificial pueden despolitizar las cuestiones de redistribución y poder. Esta es precisamente la trampa que debe ser evitada para desafiar a la ultraderecha, porque cuando los partidos progresistas abandonan la tarea de construir instituciones públicas robustas en favor de parches tecnocráticos, ceden el terreno de la agencia colectiva y la soberanía democrática que la derecha ocupa con mitologías nostálgicas y resentimiento nihilista. Y, de nuevo, nadie encarna esta situación como Pedro Sánchez. La estética almodovariana, esa fusión de lo trash del folklore popular con una genuina ambición artística, hoy sobrevive en buena medida a través de las inversiones multimillonarias de Netflix en la industria cultural española, una absorción que ha alcanzado ya a la propia televisión pública: desde junio, La Revuelta de David Broncano, programa estrella de TVE, se emite también en el catálogo de la plataforma estadounidense.

Tras la pandemia, las plataformas de las Big Tech comenzaron a ser las únicas disponibles para acceder a la educación, la salud y la movilidad. La estrategia de defensa depende ahora de satélites de comunicaciones militares de SpaceX, mientras el Ministerio de Defensa implanta el software de Palantir en el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Los puestos de mando del Estado español han sido silenciosamente entregados a las empresas extranjeras y casi nadie se ha percatado de ello

En un momento de austeridad permanente en el que la ideología dominante profesa hacer más con menos, la narrativa transgresora de la España posfranquista se reduce a la promesa de hacer la Administración pública más eficiente gracias a las bases de datos de Microsoft. Lo que fue una imaginación política enraizada en la reinvención cultural se ha convertido en colaboración público-privada con Silicon Valley. La ensoñación de una política industrial innovadora y sostenible, centrada en el desarrollo de los talentos jóvenes, se ha externalizado a Amazon y Google. España se proyecta como un hub europeo de centros de datos caracterizado por inversiones extranjeras que superarán los 90 millardos de euros durante la próxima década. Tras la pandemia, las plataformas de las Big Tech comenzaron a ser las únicas disponibles para acceder a la educación, la salud y la movilidad. La estrategia de defensa depende ahora de satélites de comunicaciones militares de SpaceX, mientras el Ministerio de Defensa implanta el software de Palantir en el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Los puestos de mando del Estado español han sido silenciosamente entregados a las empresas extranjeras y casi nadie se ha percatado de ello.

¿La respuesta del gobierno? Atacar a Elon Musk en su propia plataforma y prohibir las redes sociales a menores de 16 años, media que a fecha de hoy no pasa de ser un proyecto de ley en tramitación en el Congreso, sin fecha ni garantía de aprobación. Este es el clásico juego de trileros de Sánchez: regular los servicios y el acceso a los productos de las plataformas mientras entrega la infraestructura tecnológica subyacente. Que cualquier adolescente con una VPN pueda saltarse la prohibición revela la lógica operativa del populismo digital: dicotomizar, fabricar al villano, hegemonizar el miedo a los tecnoligarcas. El gesto es quijotesco más que laclausiano. Los molinos devienen gigantes mientras la alianza estructural entre ultraderecha y Silicon Valley permanece intacta, naturalizada, invisible. La tradición de los oprimidos a la que apela la socialdemocracia solo pervivirá en el tiempo, si arrebata el control de la narrativa del futuro al capitalismo autoritario. Para ello, esta debe volver a las raíces del progresismo: un proyecto que abole las jerarquías de raza, género y clase para permitir a cada individuo alcanzar su potencial a través de entornos mediados social e institucionalmente. La creatividad, el devenir y el descubrimiento, dice Morozov, son sus valores nucleares. Europa los ha construido y escalado a través del Estado del bienestar, pero también de instituciones culturales y mediáticas. Si las fuerzas neoliberales están ganando, es porque han logrado posicionar al mercado como la única institución que facilita estos procesos. El objetivo es construir infraestructuras públicas e instituciones sociales para aprovechar el hecho de que todas las personas, en el fondo, inventamos nuevas técnicas y formas de acción para sortear problemas genuinamente desconocidos y acuciantes.

Estas discusiones más excitantes, así como el arduo trabajo de articular una nueva formación histórica que responda al bolchevismo de Vox y MAGA en sus propios términos, todavía escapan a las capacidades mismas del lenguaje político español. La crisis del sanchismo ha vuelto a poner al país en la casilla de salida: tensionado por la precariedad, ingobernable. Pero esta vez es la ultraderecha y no la izquierda la que llega a los territorios rurales y a la clase trabajadora. Los conflictos sociales llegarán. ¿Serán lo suficientemente poderosos como para reconfigurar el orden político o el establishment bipartidista fabricará otra falsa clausura, instrumentalizando la amenaza fascista? En el quincuagésimo aniversario de la muerte de Franco, España está a punto de descubrir si la transición fue realmente completada o simplemente suspendida.

* Una versión mucho más reducida de este artículo se publicó en inglés en The Ideas Letter el 19 de febrero de 2026 bajo el título «Sanchismo’s Last Stand», versión traducida por Revista Anfibia y publicada el 5 de marzo de 2026 bajo el título «Pedro Sánchez contra el trumpismo».