Después de Petro

El 10 de agosto, a las 7:34 horas de la mañana, un terremoto sacudió el oeste de Colombia, causando la muerte de más de trescientas personas y dejando a muchas más sin hogar. La tercera ciudad más grande del país, Cali, se vio gravemente afectada; allí, tres días antes, el presidente Abelardo de la Espriella había celebrado su toma de posesión, cometiendo una controvertida violación de la norma constitucional, que establece que los presidentes asuman el cargo en el Congreso Nacional de Bogotá. Mientras la gente buscaba frenéticamente supervivientes entre los escombros, el Ministerio de Asuntos Exteriores anunciaba el reconocimiento oficial por parte del nuevo gobierno de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán ocupados, así como de la reivindicación de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, dando un giro de 180 grados a las políticas del gobierno saliente de Gustavo Petro. El momento elegido no contribuyó precisamente a disipar la impresión de que el gobierno de De la Espriella dará prioridad a los intereses de Estados Unidos e Israel frente a los del pueblo colombiano. Durante una rueda de prensa de emergencia celebrada esa misma tarde, se grabó a De la Espriella riendo y lanzando besos. «Nos enfrentamos a una tragedia nacional», le recordó su vicepresidente.

La victoria de De la Espriella mantiene la tendencia reciente del patrón de voto de elección de gobiernos de extrema derecha en toda América Latina, los cuales se hallan en gran medida desvinculados del conservadurismo tradicional, aunque representen los mismos intereses de clase

Tras haber trasladado el acto de investidura, De la Espriella también pretende que la ciudad norteña de Barranquilla, donde tiene vínculos familiares, sea una de las sedes principales del gobierno. Ambas medidas tienen como objetivo presentar su elección como una ruptura con el poder establecido, que De la Espriella describe conformado tanto por la derecha tradicional como por una izquierda históricamente tratada de modo brutal, que contra todo pronóstico llegó al gobierno en 2022. Al igual que en otros lugares, la postura populista de De la Espriella ha resultado eficaz. En la segunda vuelta de junio, venció por un estrecho margen al potencial sucesor de Petro, Iván Cepeda, senador de izquierda y activista pro derechos humanos, hijo del senador comunista Manuel Cepeda, asesinado por los paramilitares en 1994.

Como demostró la elección de Petro en 2022, un programa basado en la consolidación de la paz, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos sociales atrae un fuerte apoyo en regiones marginadas política y económicamente, como el Cauca y Nariño, pero tiene menos repercusión en las grandes áreas urbanas, donde los votantes se ven menos afectados por el conflicto y el abandono estatal

La victoria de De la Espriella mantiene la tendencia reciente del patrón de voto de elección de gobiernos de extrema derecha en toda América Latina, los cuales se hallan en gran medida desvinculados del conservadurismo tradicional, aunque representen los mismos intereses de clase. La mayoría de los analistas esperaban que el Centro Democrático, construido sobre el culto a la personalidad en torno al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), planteara el desafío de extrema derecha al Pacto Histórico de Petro y Cepeda y, de hecho, algunos sectores de la izquierda se mostraron optimistas ante la posibilidad de que de la Espriella dividiera el voto de la derecha y asegurara una victoria en primera vuelta para Cepeda. Sin embargo, mientras la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, intentaba suavizar la imagen de línea dura del uribismo para atraer a los votantes de centro, De la Espriella la flanqueó por la derecha y los votantes conservadores se decantaron en masse por el recién llegado. El sorprendente resultado de la primera vuelta, en la que de la Espriella obtuvo el 43,7 por 100 de los votos en una contienda con 13 candidatos, supuso un duro golpe tanto para la izquierda como para la derecha del establishment colombiano.

Abelardo de la Espriella pasó su tercera década de vida invitando a comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el mayor grupo paramilitar del país, a intervenir en foros universitarios, al tiempo que hacía campaña en contra de su extradición, una táctica preferida en ciertos círculos de poder para impedir que antiguos colaboradores testificaran sobre la connivencia de las elites colombianas en las atrocidades cometidas por las fuerzas paramilitare

Al igual que Noboa en Ecuador o Kast en Chile, De la Espriella explotó las inquietudes de la ciudadanía ante la percepción de un deterioro de la seguridad, bautizando de forma significativa al partido que fundó en 2024 como Defensores de la Patria. En el ámbito económico, su campaña argumentó que las políticas contra el capital fósil del Pacto Histórico estaban afectando a los hogares con menos recursos. La promesa de oponerse al aborto y a la paternidad de personas del mismo sexo atrajo a los votantes religiosos conservadores, que es un grupo considerable en el país. Estratégicamente, bajo el sistema electoral de representación proporcional de Colombia, la campaña de De la Espriella se centró en las zonas urbanas densamente pobladas. La participación fue inusualmente alta, alcanzando el 64 por 100 y los 12,9 millones de votos obtenidos por De la Espriella superaron el recuento de cualquier candidato presidencial anterior. Aunque Cepeda ganó en dieciocho de los treinta y dos departamentos regionales de Colombia, así como en Bogotá y Cali, su campaña tuvo dificultades en los bastiones conservadores tradicionales, especialmente en el norte. Como demostró la elección de Petro en 2022, un programa basado en la consolidación de la paz, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos sociales atrae un fuerte apoyo en regiones marginadas política y económicamente, como el Cauca y Nariño, pero tiene menos repercusión en las grandes áreas urbanas, donde los votantes se ven menos afectados por el conflicto y el abandono estatal.

Al igual que sucede con muchos autoproclamados «outsiders», el ascenso de De la Espriella fue posible gracias a su proximidad al poder. Nació en el seno de una familia acomodada de Córdoba, un bastión conservador. Su padre era juez y su madre, heredera de una finca ganadera. La pareja desempeñaba un papel destacado en la política regional: su padre se convertiría más tarde en director regional de la exitosa campaña presidencial de Uribe en 2002, lo que aumentó la exposición del joven Abelardo a figuras influyentes, tanto del ámbito legal como del extralegal. Pasó su tercera década de vida invitando a comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el mayor grupo paramilitar del país, a intervenir en foros universitarios, al tiempo que hacía campaña en contra de su extradición, una táctica preferida en ciertos círculos de poder para impedir que antiguos colaboradores testificaran sobre la connivencia de las elites colombianas en las atrocidades cometidas por las fuerzas paramilitares. Una investigación ordenada en 2007 por el Tribunal Supremo colombiano sobre la Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ) auspiciada por Abelardo por sus vínculos con los paramilitares, fue bloqueada por el fiscal general, amigo personal suyo.

Tras trasladarse a Miami y obtener el título de abogado, De la Espriella defendió a narcotraficantes y adquirió la ciudadanía estadounidense. Se forjó un estilo llamativo acorde con el ambiente conservador latino de Miami: dientes relucientes, barba inmaculada, trajes ceñidos. De vuelta en Colombia, contó en programas de entrevistas anécdotas sobre matar gatos con fuegos artificiales, lo que más tarde afirmó que era una broma, cuando resurgieron las imágenes durante la campaña electoral. Los insultos misóginos y homófobos, los matices autoritarios y su promesa de «destruir a la izquierda» no fueron desmentidos.

Tras haber liderado las encuestas en la recta final, Cepeda obtuvo la cifra sin precedentes de 12,7 millones de votos, 1,5 millones más que el total con el que Petro ganó en 2022, con un margen de derrota inferior al 1 por 100. Sin embargo, su campaña cometió varios errores gratuitos, porque tardó en diversificarse en las redes sociales y se centró excesivamente en los electores ya convencidos. Por otro lado, la personalidad mesurada de Cepeda quedó eclipsada por la combatividad incendiaria, ganadora de audiencia, tanto de Petro como de De la Espriella. Los buenos resultados obtenidos podrían justificar una nueva candidatura en 2030, pero, por ahora, el afectuoso y digno Cepeda tendrá que continuar la lucha desde la oposición.

Los índices de aprobación de Petro son altos para un presidente saliente, lo que refleja los notables logros de su gobierno. Los sindicatos colombianos acogieron con satisfacción la legislación laboral promulgada por su gobierno (Ley 2466/2025), que formalizó la economía de plataformas y a los trabajadores del sector de los cuidados, aumentó la remuneración de las horas extras, fortaleció el contenido de los contratos laborales, estableció salarios obligatorios para los aprendices, tomó medidas drásticas contra la subcontratación e impuso la semana laboral de 42 horas

Los índices de aprobación de Petro son altos para un presidente saliente, lo que refleja los notables logros de su gobierno. Los sindicatos colombianos acogieron con satisfacción la legislación laboral promulgada por su gobierno (Ley 2466/2025), que formalizó la economía de plataformas y a los trabajadores del sector de los cuidados, aumentó la remuneración de las horas extras, fortaleció el contenido de los contratos laborales, estableció salarios obligatorios para los aprendices, tomó medidas drásticas contra la subcontratación e impuso la semana laboral de 42 horas. Su gobierno redistribuyó más de medio millón de hectáreas de tierra productiva a familias rurales en comparación con las apenas 13.000 hectáreas repartidas por el gobierno anterior. Petro abordó una reivindicación histórica con el reconocimiento de la población campesina rural como «sujeto de derechos», lo que proporcionó garantías sobre el acceso a la tierra, la producción de alimentos y la inversión estatal en las comunidades. El gobierno de Petro prohibió también el fracking y las licencias de exploración de combustibles fósiles. En el ámbito internacional, Petro promovió la integración regional y la autonomía, reanudó las relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba, y desarrolló el comercio Sur-Sur, duplicándose las exportaciones a África. Su postura sobre Gaza lo convirtió en una figura emblemática global del movimiento propalestino. Aunque sus avances legislativos se ven ahora amenazados –de la Espriella ha revocado la prohibición del fracking y planea ampliar la extracción de petróleo y gas, mientras que los sindicatos se preparan para contener el ataque del nuevo gobierno contra los logros conseguidos con tanto esfuerzo en materia laboral–, la fuerza del Pacto Histórico en el Congreso debería impedir un retroceso total.

Las reformas sociales del Pacto Histórico pretendían corregir las marcadas desigualdades del país –el 10 por 100 de la población colombiana posee alrededor del 70 por 100 de la riqueza nacional– y proponían ampliar el acceso de la clase trabajadora y las personas con bajos ingresos a la educación, la sanidad, las pensiones y los derechos laborales. Al final del mandato de Petro, solo se habían aprobado versiones diluidas de estas dos últimas reformas. Bajo la presión de la derecha, el proyecto de ley de reforma laboral, aunque contenía importantes protecciones de los derechos individuales, fue despojado de sus garantías en materia de negociación colectiva y derecho a la huelga, pilares fundamentales del poder de la clase trabajadora

Sin embargo, a pesar de esta resistencia, la izquierda no ha logrado, en última instancia, garantizar su continuidad en el gobierno. Petro asumió el cargo con un mandato de cambio estructural y redistribución de la riqueza, pero se vio frustrado por un sistema político intransigente. Su falta de mayoría en el Congreso le obligó a entablar desde el principio un coqueteo con los liberales y los conservadores, que se derrumbó como un castillo de naipes, ya que los partidos tradicionales se opusieron a los esfuerzos por reformar el arraigado sistema de libre mercado y ampliar el acceso público a servicios esenciales. Para el primer gobierno de izquierda del país esto ha sido una lección reveladora sobre de qué lado está el centro político del país. El discurso de Petro viró hacia la izquierda al intentar dinamizar la base del Pacto Histórico, pero se topó con un Congreso obstruccionista, que le obligó a alcanzar compromisos con la oposición, que diluyeron o bloquearon las reformas progresistas. Dada la historia de conflictos de clase del país, muchos sectores poderosos nunca aceptaron a un exguerrillero como presidente, ni siquiera a uno procedente del movimiento M19, más moderado, que había abrazado la socialdemocracia.

Los legados del conflicto histórico colombiano también han ensombrecido el panorama. Con una duración de más de medio siglo y en el que participaron el Estado, grupos guerrilleros marxistas y paramilitares de derecha, el conflicto dejó más de 400.000 muertos y desplazó a la fuerza a millones de personas hasta su resolución parcial mediante el acuerdo de paz de 2016 firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC

Las reformas sociales del Pacto Histórico pretendían corregir las marcadas desigualdades del país –el 10 por 100 de la población colombiana posee alrededor del 70 por 100 de la riqueza nacional– y proponían ampliar el acceso de la clase trabajadora y las personas con bajos ingresos a la educación, la sanidad, las pensiones y los derechos laborales. Al final del mandato de Petro, solo se habían aprobado versiones diluidas de estas dos últimas reformas. Bajo la presión de la derecha, el proyecto de ley de reforma laboral, aunque contenía importantes protecciones de los derechos individuales, fue despojado de sus garantías en materia de negociación colectiva y derecho a la huelga, pilares fundamentales del poder de la clase trabajadora. Al no poder bloquear la legislación en el Congreso, el bloque de derecha liderado por el Centro Democrático recurrió a los tribunales: la reforma de las pensiones, que proporciona ingresos públicos a hasta tres millones de jubilados previamente privados de toda cobertura, y el aumento del 23 por 100 del salario mínimo del pasado mes de enero se encuentran ambos estancados en medio de impugnaciones judiciales (De la Espriella afirmó apoyar el aumento, que goza de gran popularidad, pero pocos creen que vaya a implementarlo). Elegido en medio de unas expectativas públicas desmesuradas, que Petro nunca podría cumplir de forma realista en el único mandato de cuatro años que permite la Constitución colombiana, el Pacto Histórico no logró introducir los beneficios materiales que muchos habían anticipado. Mientras tanto, se volvió a sacar a relucir la manida acusación de la negligencia fiscal supuestamente característica de la izquierda, atribuyendo la elevada deuda al supuesto gasto excesivo de Petro, sin mencionar el déficit que había heredado.

Los legados del conflicto histórico colombiano también han ensombrecido el panorama. Con una duración de más de medio siglo y en el que participaron el Estado, grupos guerrilleros marxistas y paramilitares de derecha, el conflicto dejó más de 400.000 muertos y desplazó a la fuerza a millones de personas hasta su resolución parcial mediante el acuerdo de paz de 2016 firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. En 2022 la Comisión de la Verdad de Colombia determinó que los paramilitares de derecha habían cometido el 45 por 100 de los abusos durante el conflicto armado, una cifra significativamente superior a la de la guerrilla de las FARC o las fuerzas de seguridad, aunque estas últimas a menudo fueron cómplices de aquellos. El gobierno del Centro Democrático de Iván Duque (2018-2022), ferozmente opuesto al proceso de paz con las FARC, descuidó la aplicación del acuerdo, lo que provocó vacíos de poder en amplios territorios, que antes estaban bajo control de las FARC. Los grupos armados compitieron por llenar ese vacío, lo que propició su enfrentamiento recíproco y con las comunidades, que se oponían a su presencia. Los ataques judiciales contra exguerrilleros, en violación del acuerdo de paz, y el recrudecimiento de la violencia provocaron, que una minoría abandonara el proceso de reintegración y volviera a las armas.

En cuanto al desenvolvimiento de las elecciones, Petro se muestra inflexible en que el resultado de las elecciones es ilegítimo, alegando la injerencia de la empresa israelí de software BlackCore, haciéndose eco de las acusaciones formuladas en Escocia, Francia, Angola y otros lugares. Cepeda sostiene que la doble nacionalidad de De la Espriella le inhabilita para presidir el poder ejecutivo del país

Tras los avances iniciales, la política de «Paz Total» de Petro, basada en la negociación con los grupos armados, se tambaleó al expirar los alto el fuego vigentes e incrementarse los niveles de violencia, arraigada esta en la lucha por el control de las economías ilícitas y del territorio. Mercenarios colombianos regresaron de Ucrania y Sudán entrenados en nuevas técnicas, como la guerra con drones. Los enfrentamientos entre grupos han sido especialmente devastadores; los choques en el Catatumbo en enero de 2025 protagonizados por el ELN provocaron la mayor crisis humanitaria de Colombia en dos décadas. El gobierno suspendió las conversaciones con la guerrilla del ELN como respuesta a la situación creada en esa región. Activistas y exguerrilleros son asesinados con una frecuencia escandalosa. Las atrocidades vuelven a ser algo habitual. En abril de este año, un atentado con bomba mató a veintiún civiles en un autobús en el Cauca. La retórica de la derecha acusa a la izquierda de ceder e insiste en la necesidad de un enfoque de mano dura. De la Espriella hereda nueve procesos de diálogo distintos, algunos en curso, otros paralizados, otros apenas iniciados, a los que pondrá punto final. También procederá al cierre de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que coordina la consolidación de la paz, y la Unidad Nacional de Protección, que proporciona escolta a quienes se consideran en situación de riesgo. Atacará el acuerdo de 2016, en particular su capítulo sobre justicia transicional, detestado por la derecha colombiana, que sanciona tanto los abusos del ejército colombiano como los de las FARC.

En cuanto al desenvolvimiento de las elecciones, Petro se muestra inflexible en que el resultado de las elecciones es ilegítimo, alegando la injerencia de la empresa israelí de software BlackCore, haciéndose eco de las acusaciones formuladas en Escocia, Francia, Angola y otros lugares. Cepeda sostiene que la doble nacionalidad de De la Espriella le inhabilita para presidir el poder ejecutivo del país. El nuevo presidente no lo tendrá fácil en el Congreso: ya ha logrado lo que parecía imposible al unir al Centro Democrático y al Pacto Histórico para bloquear a su candidato a la presidencia del Senado. Deseoso de preservar su influencia política frente a un rival advenedizo, el Centro Democrático consiguió colocar a su propio candidato en el cargo, y el Pacto Histórico respaldó el «mal menor». Por otro lado, el Pacto Histórico forma el mayor bloque parlamentario, mientras que la renuncia de Defensores de la Patria a las alianzas prometida durante la campaña, lo cual forma parte de la imagen de «outsider» de De la Espriella, podría pasarle factura en el gobierno. Como descubrió Petro, lograr el consenso legislativo es una tarea ingrata. El partido del expresidente intentará desplegar la misma maquinaria empleada contra su gobierno, la cual logró frustrar gran parte de su propia concepción de reforma del país.

El día antes de tomar posesión, el nuevo presidente mantuvo una reunión de tres horas con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien acogió con satisfacción el traslado previsto de la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, se tomó un respiro de su asalto a la mezquita de Al-Aqsa para felicitar al nuevo gobierno de Colombia. Al igual que con otros líderes de la extrema derecha latinoamericana, el apoyo incondicional a Israel ha sido fundamental para asegurarse el respaldo de Estados Unidos

Estados Unidos respaldó públicamente la candidatura de De la Espriella, tras haber interferido en las recientes elecciones de Argentina y Honduras. De la Espriella se inspira en otras figuras regionales partidarias de la línea dura, ya sea el encarcelamiento por parte de Bukele de casi el 2 por 100 de la población salvadoreña o el bombardeo de pequeñas embarcaciones por parte de Trump y la ejecución sumaria de los supervivientes. Poniendo en primer plano la seguridad y una imagen hipermasculina, De la Espriella, que se autodenomina «El Tigre», se comprometió a intensificar la confrontación militar con los grupos armados, a construir megacárceles, a exterminar a los narcotraficantes y a restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, que habían sido rotas por Petro a raíz del genocidio de Gaza. El día antes de tomar posesión, el nuevo presidente mantuvo una reunión de tres horas con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien acogió con satisfacción el traslado previsto de la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, se tomó un respiro de su asalto a la mezquita de Al-Aqsa para felicitar al nuevo gobierno de Colombia. Al igual que con otros líderes de la extrema derecha latinoamericana, el apoyo incondicional a Israel ha sido fundamental para asegurarse el respaldo de Estados Unidos.

Colombia se ha sumado ahora a la alianza «Escudo de las Américas» de Trump; su recompensa ha sido un paquete de seguridad de mil millones de dólares anunciado horas después de que De le Espriella tomara posesión. Creada en marzo de 2026, la alianza tiene como objetivo «detener la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, las bandas y los cárteles criminales y narcoterroristas, así como la inmigración ilegal y masiva». En esencia, otorga a Estados Unidos vía libre, tanto en el ámbito militar como en otros, ya que el giro conservador de América Latina ha conseguido que la mayoría de los gobiernos regionales se sumen a ella. Guatemala, Ecuador y Venezuela han consentido ataques estadounidenses en su territorio. El 12 de agosto Pete Hegseth confirmó operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Colombia en territorio colombiano. En julio, su subordinado Joseph M. Humire se refirió al «Plan Patriot 2.0», sucesor del Plan Patriot respaldado por Estados Unidos e integrado en el acuerdo más amplio del Plan Colombia, que dio luz verde a abusos masivos contra los derechos humanos por parte del ejército durante la presidencia de Uribe.

En toda América Latina se ha hecho muy poca justicia a las víctimas de la violencia histórica orquestada desde Washington. Ahora, bajo el «Escudo de las Américas», la sombra de la Operación Cóndor, el programa de la década de 1970 respaldado por Estados Unidos, que coordinaba a las dictaduras militares regionales para secuestrar y asesinar a disidentes, comienza a resurgir de la historia

La designación por parte de Estados Unidos de sus oponentes como «terroristas» (activistas de Antifa) o de «Estados patrocinadores del terrorismo» (gobierno cubano) y la perpetración con total impunidad de ataques contra barcos pesqueros, que supuestamente albergan a «narcoterroristas», está creando un escenario a todas luces alarmante en todas las Américas. Las acciones militares en tierra afectarán inevitablemente a la población civil. ¿Qué impedirá, se preguntan ahora muchos, que el actual gobierno militarista de extrema derecha de Colombia persiga a opositores y activistas, asesinados por miles durante las décadas de 1980-2000? ¿Es así como De la Espriella planea «destruir a la izquierda»? En toda América Latina se ha hecho muy poca justicia a las víctimas de la violencia histórica orquestada desde Washington. Ahora, bajo el «Escudo de las Américas», la sombra de la Operación Cóndor, el programa de la década de 1970 respaldado por Estados Unidos, que coordinaba a las dictaduras militares regionales para secuestrar y asesinar a disidentes, comienza a resurgir de la historia.

El epicentro del terremoto del pasado 10 de agosto se situó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, una de las regiones más afectadas por el abandono histórico del Estado y el por conflicto armado. Hoy en día más del 60 por 100 de la población del Chocó vive por debajo del umbral de la pobreza y el 30 por 100 carece de acceso a agua potable. La mortalidad materna es tres veces superior a la media nacional y la esperanza de vida es más de una década inferior. Los gobiernos centrales negaron durante mucho tiempo a la región una red de carreteras o servicios básicos, aislando a la mayoría de la población de ascendencia africana del resto del país. Los grupos armados llenaron ese vacío. Al igual que otras zonas de conflicto, el Chocó votó de forma abrumadora, el 81 por 100, a favor de Cepeda, cuyo enfoque constructivo respecto a la paz y al subdesarrollo era la única propuesta capaz de llevar la urgentísima transformación social a las regiones periféricas abandonadas de Colombia. Veinticuatro horas después del terremoto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, declaró en un telediario que no disponía de información alguna sobre la situación en el Chocó, mientras De la Espriella rechazaba los equipos de rescate de México, China y España por motivos políticos. En los albores del espriellismo, la catástrofe podría ocupar el lugar de las esperanzas que muchos colombianos tenían en un futuro basado en la inclusión, la soberanía y la paz, ahora reducidas a cenizas.

Recomendamos leer Forrest Hylton y Aaron Tauss, «Colombia en la encrucijada», NLR 99;  Mauricio Velásquez, «La batalla de Bogotá», NLR 91; Forrest Hylton,  «La hora crítica: Perspectiva histórica de la Colombia de Uribe», NLR 23; Jeremy Adelman y Pablo Pryluka «América Latina: la siguiente transición», Diario Red/New Left Review 149, y Juan Carlos Monedero, «Francotiradores en la cocina», NLR 120.

Este texto se ha publicado en Sidecar, el blog de la New Left Review, revista bimestral de política y teoría publicada en Madrid por Traficantes de Sueños.