La misión de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum tomó las riendas del país hace un año cabalgando una enorme ola de popularidad. Habiéndose hecho con el 60 por 100 de los votos y disfrutando de una mayoría cualificada para su partido MORENA en ambas cámaras legislativas, la presidenta mexicana asumió el cargo presidencial en octubre de 2024 con un índice de aprobación de alrededor del 70 por 100, cifra que no solo ha mantenido, sino que durante algunos meses eventualmente ha superado, alcanzando el máximo del 80 por 100 de aprobación, lo cual la convierte en una de las líderes más populares del mundo. Con un mandato claro, Sheinbaum ha impulsado una serie de reformas constitucionales, ha ampliado los programas de bienestar social y ha sabido manejar exitosamente la tensa relación existente con el gobierno de Donald Trump. Sheinbaum, cuyo mandato como alcaldesa de Ciudad de México (2018-2023) se saldó con la reducción del 40 por 100 en la tasa de homicidios, también ha protagonizado avances en el enorme problema del crimen organizado imperante en el país: aunque la violencia regional sigue siendo elevada y el reciente asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ha empañado cualquier triunfalismo, el gobierno de Sheinbaum puede presumir de la reducción del 37 por 100 en la tasa de homicidios.

El Pew Research Center ha demostrado igualmente, que la «satisfacción de los mexicanos con su democracia» se ha disparado 36 puntos entre 2017 y 2019. Esta legitimidad se basa en los logros del pacto social posneoliberal de MORENA

El ciclo político que comenzó con la elección en 2018 del predecesor y mentor político de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, se ha caracterizado por una importante legitimidad democrática. Según la OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions, publicada el pasado 10 de noviembre, el 54 por 100 de los mexicanos tiene una confianza alta o moderadamente alta en el gobierno federal, muy por encima de la media del 39 por 100. Una encuesta de Gallup del año pasado indicaba que la «confianza en el gobierno nacional» había aumentado del 29 al 61 por 100 desde que MORENA llegó al poder, y que la «confianza en la honestidad de las elecciones mexicanas» había aumentado 25 puntos. El Pew Research Center ha demostrado igualmente, que la «satisfacción de los mexicanos con su democracia» se ha disparado 36 puntos entre 2017 y 2019. Esta legitimidad se basa en los logros del pacto social posneoliberal de MORENA: la «Cuarta Transformación» de AMLO, esto es, la renovación nacional concebida en la línea de los levantamientos históricos, comenzando por la lucha por la independencia en el siglo XIX. Durante el mandato de López Obrador, los salarios reales aumentaron casi el 30 por 100 y más de 13 millones de personas salieron de la pobreza.

Sin embargo, la construcción de la «segunda planta» de la transformación, como Sheinbaum ha descrito su misión, ha puesto de manifiesto tensiones cruciales, que acosan al proyecto populista de izquierda: ampliar las políticas de bienestar con un aparato estatal muy deteriorado; aplicar estrategias neodesarrollistas en medio de una crisis ecológica cada vez más grave; aprobar una reforma fiscal progresista en un contexto de estancamiento del crecimiento económico; liberar a la economía mexicana de su estatus subordinado en los circuitos transnacionales del capital sin abandonar los mercados globales tout court. Estas cuestiones interrelacionadas ponen de manifiesto no solo las particularidades del caso mexicano, sino también los límites estructurales y los dilemas estratégicos a los que se enfrentan las fuerzas progresistas en todo el mundo.

Hasta ahora, la presidencia de Sheinbaum podría definirse como un mandato caracterizado por dos objetivos principales: supervisar el surgimiento de un nuevo institucionalismo, que canalice el poder democrático, y reanimar el desarrollismo capitalista impulsado por el Estado consistente en una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones adaptada al siglo XXI

Las segundas plantas también requieren una ingeniería diferente y una adaptación a tensiones que no eran evidentes en la planta baja. Sheinbaum ha tenido que lidiar, en primer lugar, con el clásico problema de quienes ocupan el poder y tienen al mismo tiempo que hacer campaña y gobernar, como ella misma dice, «con continuidad, pero introduciendo cambios». Como abanderada de la Cuarta Transformación, posee un peso simbólico que la empodera y la limita a la vez. Debe ser una líder, debe renovar y reconstituir el bloque gobernante, pero tiene que hacerlo redoblando su apuesta por el legado de AMLO. En el ámbito político, ello implica no solo poner a prueba, si el obradorismo puede funcionar sin su protagonista original, sino también establecer la infraestructura institucional necesaria para un orden político transformado. En el ámbito económico, ello ha supuesto un acto de equilibrio entre la soberanía y la integración en el mercado global, el cual se ha visto complicado por las presiones contradictorias ejercidas por el vecino del norte. Hasta ahora, la presidencia de Sheinbaum podría definirse como un mandato caracterizado por dos objetivos principales: supervisar el surgimiento de un nuevo institucionalismo, que canalice el poder democrático, y reanimar el desarrollismo capitalista impulsado por el Estado consistente en una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones adaptada al siglo XXI.

¿Cómo sobrevive un movimiento construido en torno a una figura carismática tras su partida? AMLO, que fundó MORENA en 2011 y fue una figura omnipresente en la política mexicana hasta que cedió la presidencia el año pasado, se ha retirado del centro de atención y se ha recluido en su bucólica finca de una hectárea en Palenque, Chiapas. Hasta la reciente publicación de un vídeo promocionando la publicación de un libro, no había hecho ninguna declaración pública desde que dejó la presidencia. El vacío ha provocado sin duda incertidumbre y una reorganización de las alianzas políticas y ha avivado el temor entre la base del partido de que MORENA esté siendo invadida por oportunistas influyentes. Pero las intrigas políticas han sido sorprendentemente leves. Mientras tanto, aunque los datos son escasos, las bases de apoyo de Sheinbaum parecen ser similares a las de AMLO. Según la encuesta de Mitofsky/El Economista, que desglosa el apoyo por categoría profesional, Sheinbaum es más popular entre las amas de casa (81 por 100), seguida de los trabajadores del sector informal, los jubilados y los campesinos, todos ellos por encima de la media nacional de aprobación del 72 por 100. Por el contrario, su apoyo es más débil entre los empresarios (55 por 100) y los profesionales (56 por 100), registrando  una diferencia de 26 puntos entre el extremo superior e inferior de la escala de ingresos. Esta estratificación se cruza con el nivel de estudios: el 75 por 100 de las personas con un nivel educativo más bajo apoya a Sheinbaum, frente al 69 por 100 de los titulados universitarios. Sin embargo, su apoyo sigue siendo relativamente sólido en todos los grupos demográficos. A pesar de los temores de que careciera del carisma de su predecesor, Sheinbaum ha demostrado que no solo puede mantener, sino también aumentar el número de seguidores de MORENA. Su estilo más tecnocrático ha demostrado tener su propio atractivo entre los sectores titulados académicamente, que se habían alejado en la segunda mitad del mandato de AMLO.

La elevación de las cuestiones relacionadas con la mujer a la importancia institucional de merecer un ministerio, por ejemplo, o la reducción de la edad de jubilación de las mujeres en reconocimiento de las disparidades laborales existentes por motivos de género, han consolidado a Sheinbaum como una líder por derecho propio

La continuidad de los pilares fundamentales del programa de AMLO –ampliación de las políticas sociales, lucha contra la corrupción, programa económico nacionalista– se ha combinado con nuevos objetos de interés político, que reflejan el diferente origen y bagaje experiencial de Sheinbaum. La elevación de las cuestiones relacionadas con la mujer a la importancia institucional de merecer un ministerio, por ejemplo, o la reducción de la edad de jubilación de las mujeres en reconocimiento de las disparidades laborales existentes por motivos de género, han consolidado a Sheinbaum como una líder por derecho propio. Sin embargo, la tarea más urgente ha sido avanzar en el marco institucional necesario para implementar la Cuarta Transformación. Lo realmente relevante en este sentido ha sido que Sheinbaum ha supervisado la implementación de una importante reforma judicial, que ha transformado las modalidades de selección de los jueces en todos los niveles del escalafón, de los tribunales locales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La confianza pública en los tribunales, conocidos por sus arraigadas redes nepotistas, es baja. A finales de 2022, las revelaciones sobre la celebración de reuniones secretas entre la expresidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y los líderes de partidos de la oposición sugirieron una coordinación política inapropiada. La Suprema Corte también ha derogado leyes clave, como la relativa a la soberanía energética, por motivos procesales superficiales. Cuando AMLO anunció su «Plan C» –buscar una mayoría de dos tercios en el Congreso en las elecciones de 2024 para aprobar dieciocho reformas constitucionales– vinculó explícitamente la participación democrática al cambio institucional. La aplastante victoria posterior obtenida por MORENA, que le aseguró no solo la presidencia, sino también la mayoría cualificada necesaria en el Congreso y las asambleas legislativas locales, proporcionó lo que sus partidarios consideran un mandato claro para acometer una reforma sistémica.

La esencia de las reformas es sencilla. Todos los cargos judiciales están ahora sujetos a elección popular. Si bien las elecciones judiciales existen en diversas formas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde los jueces hacen campaña abiertamente siguiendo las líneas del partido para puestos electivos en algunos estados, y aproximadamente la mitad de los estados eligen a sus tribunales supremos, el alcance del planteamiento de México no tiene precedentes, ya que abre todos los cargos judiciales a la elección, incluidos los puestos en la Suprema Corte de Justicia. Las críticas se han centrado en varias preocupaciones fundamentales. La bajísima participación del 13 por 100 en las primeras elecciones judiciales, celebradas en junio, plantea serias dudas sobre su legitimidad democrática, problema que, segú­­­n los partidarios de MORENA, refleja la falta de promoción de estas nuevas elecciones por parte del Instituto Nacional Electoral, que también impone restricciones estrictas a los titulares de cargos públicos, incluido el presidente, para promover el voto. La continuidad de la baja participación sin duda deslegitimaría la reforma, pero cabe señalar que los bajos índices de participación en las elecciones judiciales son un problema en las democracias consolidadas. Los temores sobre la influencia de los cárteles de la droga en la selección judicial, aunque graves, dados los retos de seguridad a los que se enfrenta México, se aplican igualmente a las elecciones locales realmente ­­­­existentes, así como a las afirmaciones de que los votantes carecen de los conocimientos suficientes para evaluar a los candidatos.

La principal objeción a las elecciones judiciales hace hincapié en el riesgo de «captura política». El Financial Times observó que «la nueva Corte Suprema de México estará compuesta exclusivamente por jueces nombrados por la coalición gobernante», mientras que The Economist advirtió que los magistrados veteranos están siendo sustituidos por magistrados «novatos y partidistas». Si bien es lógico suponer que la mayoría de los jueces elegidos tienen cierta afinidad ideológica con el gobierno, aunque no necesariamente una conexión partidista orgánica con el mismo, esto no es consecuencia del diseño de la reforma, ni necesariamente un signo de «captura política»: al fin y al cabo, los altísimos índices de aprobación de Sheinbaum hacen que no sea de extrañar que los jueces de izquierda también sean populares. En cuanto a la acusación de que la coalición de Sheinbaum monopolizó las nominaciones, conviene recordar que los procedimientos de selección de candidatos fueron boicoteados de modo sistemático por la oposición, que después se retiró cínicamente del proceso para luego alegar que había sido excluida. La reforma estipula que los candidatos se seleccionan al azar de listas separadas elaboradas por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado. Pero el poder judicial se negó a elaborar una lista de posibles candidatos en señal de protesta; su poder de preselección se transfirió entonces al Senado, donde la coalición gobernante tiene una mayoría cualificada.

Más revelador todavía es el fracaso de la oposición a la hora de articular una visión alternativa coherente. Tras sufrir sendas derrotas catastróficas en 2018 y 2024, hasta el punto de que sus antiguos rivales, el PRI y el PAN, ahora hacen campaña en coalición, los partidos tradicionales se vieron obligados a defender la separación de poderes de forma abstracta, sin poder explicar cómo el anterior sistema de nominación presidencial y ratificación por el Congreso garantizaba una independencia genuina. Así pues, sus intentos de equiparar el gobierno mayoritario con el autoritarismo sonaron huecos. ¿Denunciarían el supuesto fin de la separación de poderes, si pensaran que sus jueces favoritos tienen posibilidades de ganar?

La reforma transgrede menos las normas establecidas de lo que podría parecer a los observadores internacionales: a diferencia de la reverencia cuasi religiosa que rodea al Tribunal Supremo de Estados Unidos, el máximo tribunal de México carece de profundas raíces históricas, ya que fue reconstituido en la década de 1990 bajo la presidencia de Ernesto Zedillo. No obstante, las reformas suponen una profunda reinvención de la democracia y del poder institucional. La recién elegida Corte Suprema presenta interesantes posibilidades para una verdadera independencia judicial. Su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, un abogado indígena de la izquierda rural autónoma con un historial de representación de comunidades marginadas, puede situarse incluso a la izquierda de MORENA en determinadas cuestiones. Su reciente contratación del abogado que representa a los estudiantes de Ayotzinapa –un caso infame relacionado con la desaparición de cuarenta y tres estudiantes en 2014, que terminó en conflicto con el gobierno de AMLO– señala una posible independencia de la influencia del poder ejecutivo. Los mandatos escalonados de 8 a 15 años, determinados por la proporción de votos, crean un amortiguador contra los cambios políticos rápidos y evitan la sustitución de la totalidad de los magistrados de los tribunales con cada ciclo electoral. Detrás de estas batallas institucionales se esconde una pregunta fundamental: ¿quién determina los límites de la participación democrática en una era de creciente desigualdad y de control institucional por parte de la clase alta? The Economist lamenta que se ceda el estrado a los «partidistas», pero la protección que la anterior Corte Suprema otorgó a evasores fiscales adinerados, como el magnate de los medios de comunicación Ricardo Salinas Pliego, demuestra que las instituciones formalmente independientes, dirigidas por expertos supuestamente imparciales, pueden en realidad servir a los intereses de una élite reducida.

Además de la reforma del poder judicial, Sheinbaum ha continuado con la orientación en pro de las políticas sociales inaugurada por su predecesor, como queda demostrado por la introducción de becas universales para la escuela primaria el próximo año y el aumento de las pensiones en función de la inflación. El gobierno se ha comprometido a construir 1,1 millones de viviendas en seis años, muchas de ellas a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que anteriormente se dedicaba principalmente a la concesión de hipotecas. Las viviendas cuestan entre 35.000 y 60.000 dólares y el programa contempla la concesión de préstamos sin intereses de los que pueden disfrutar los trabajadores y trabajadoras, que ganan hasta el doble del salario mínimo, concediéndose prioridad a las poblaciones desfavorecidas. Se prevé que el programa genere aproximadamente 600.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción cada año.

Una peculiaridad de esta renovada provisión pública es que se está llevando a cabo sin un crecimiento económico significativo y sin estar impulsada por la deuda, basándose, por el contrario, en la reestructuración presupuestaria y el aumento de la recaudación tributaria, lo cual podría situar al proyecto en una posición política más sólida que la de sus homólogos de la primera ola de las revoluciones bolivarianas, que dependían del auge de los precios de las materias primas y se vieron debilitados cuando este decayó. Sin embargo, el proyecto incrementa la presión para encontrar oportunidades de crecimiento. En este caso, la necesidad de un equilibrio entre la soberanía y la integración global se ha hecho especialmente evidente, agudizada por las amenazas de Trump de imponer aranceles y por las disputas sobre la renacionalización del sector eléctrico, que incumple las normas comerciales del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Hay que reconocer que Sheinbaum no ha respondido a las payasadas de Trump defendiendo el orden neoliberal global, como han hecho muchos líderes de todo el mundo, sino que ha abogado, por el contrario, por la reformulación de la relación existente entre el Estado y el mercado.

El Plan México, presentado en enero, representa un renacimiento selectivo de la industrialización por sustitución de importaciones adaptada a la era contemporánea caracterizada por las cadenas de suministro globales y el comercio globalizado. Con una inversión de 277 millardos de dólares, distribuida en dos mil proyectos, que abarcan objetivos económicos, sociales e industriales, esta iniciativa es una de las estrategias de desarrollo más ambiciosas de México de las últimas décadas. El plan persigue simultáneamente la sustitución de importaciones y la expansión de las exportaciones, aprovechando las tendencias de reubicación de las cadenas de producción en el territorio estadounidense y las tensiones surgidas entre Estados Unidos y China en lugar de rechazar por completo los mercados mundiales. A diferencia de las amenazas arancelarias aleatorias de Trump, el gobierno de Sheinbaum está reinstaurando algunos aranceles estratégicos, en particular sobre las importaciones asiáticas, acompañados de determinadas políticas industriales. Su objetivo es garantizar que el 50 por 100 del suministro y el consumo nacionales en industrias seleccionadas, como la textil, sean «Made in Mexico».

El Plan México presta especial atención a sectores estratégicos como los semiconductores, la industria aeroespacial, los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos y los vehículos eléctricos. El Plan exige que el 54 por 100 de la generación de electricidad siga bajo control público, al tiempo que se aceleran los permisos para producir energía proveniente de fuentes renovables. (Sheinbaum, antigua científica climática, ha mantenido la inversión en combustibles fósiles con la paradójica esperanza de que sus ingresos ayuden a pagar la transición energética). La expansión de la infraestructura energética incluye ciento cuarenta y cinco proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, cuyo objetivo es aumentar la capacidad de producción de energía. La inversión en infraestructuras es un componente crucial, contemplándose la construcción de 3000 kilómetros de nuevas vías férreas, incluidas líneas de pasajeros, que conectarán la Ciudad de México con Querétaro y Pachuca, y fondos para reparar 4000 kilómetros de carreteras federales. El plan de Sheinbaum también incluye inversiones en la infraestructura hídrica, que van de la modernización de los sistemas de riego a proyectos de limpieza de ríos.

El Plan México no se limita, sin embargo, a la inversión pública. Influenciado por el marco del «Estado emprendedor» de Mariana Mazzucato, que posiciona al gobierno como creador de mercado en lugar de regulador pasivo del mismo, la idea es que el Estado configure activamente la dirección económica de México a través de objetivos orientados en torno a misiones, al tiempo que despliega «capital paciente» en sectores estratégicos. En lugar de limitarse a corregir los fallos del mercado, el objetivo es que el Estado mexicano establezca nuevos mercados mediante la introducción de garantías de contratación pública e inversiones en infraestructura capaces de atraer al capital privado.

Por el momento, Sheinbaum cuenta con el apoyo necesario para perseguir estos objetivos, dado que la oposición de derecha sigue siendo relativamente débil, aunque es preciso constatar que se está radicalizando. Tras haber optado por fingir su apoyo durante las últimas elecciones presidenciales a la agenda de bienestar social promovida por AMLO («los programas se quedan, MORENA se va» era uno de sus lemas), la acumulación de dos masivas derrotas electorales consecutivas ha dejado a la derecha en búsqueda de una nueva estrategia político-electoral. En su reciente cambio de imagen, el PAN, de centro-derecha, se ha inclinado por el magnate de los medios de comunicación Salinas Pliego, que parece pasar la mayor parte del día en X retuiteando contenidos reaccionarios. Recientemente condenado por la Suprema Corte a pagar los impuestos evadidos durante décadas, está listo para entrar en la contienda política. Por su parte, el PAN desempolvó un viejo eslogan en su cambio de imagen de octubre: «Patria, familia y libertad». Las apuestas por el éxito de Sheinbaum, ya de por sí altas, siguen creciendo.

Recomendamos leer Edwin F. Ackerman, «El proyecto AMLO» y «Transformar México», y Hilary Goodfriend, «El Salvador: la excepción indefinida», todos ellos publicados en El Salto. Jeremy Aldeman & Pablo Pryluka; «América Latina: la siguiente transición», Diario Red/NLR 147, Tony Wood, «México en estado de cambio», Diario Red/NLR 147 y «Retroceso en Ecuador», NLR 129, y Franklin Ramírez Gallegos, «El turbio triunfo de la derecha en Ecuador», todos ellos publicados en Diario Red. Forrest Hylton y Aaron Tauss, «Colombia en la encrucijada», NLR 137, y Camila Vergara, «La batalla por la Constitución de Chile», NLR 135.

Este texto se ha publicado en Sidecar, el blog de la New Left Review, publicada en Madrid por el Instituto Republica & Democracia de Podemos y por Traficantes de Sueños.