Sudáfrica a la sombra de la historia: composición de clase, dinámicas de clase y forma política

Han pasado más de treinta años desde las primeras elecciones celebradas sin segregación racial en Sudáfrica. La gran mayoría de los votantes de 1994 habían luchado toda su vida bajo el yugo asfixiante del apartheid, en el centro de trabajo, en el campo, en sus barrios; el futuro solo podía ser mejor. Hasta cierto punto, así ha sido. Aunque millones de personas siguen viviendo en asentamientos informales, las condiciones de vivienda han mejorado^[1]. Se ha devuelto una cantidad considerable de tierras a quienes fueron desalojados por la fuerza de las mismas por los programas de reasentamiento del apartheid, a pesar de la lentitud de los avances. Las pensiones se han igualado al alza hasta el nivel que antes solo disfrutaban los blancos, lo que proporciona una red de seguridad crucial para muchos hogares africanos. Los pobres reciben una asignación semanal gratuita de electricidad. Se ha eliminado la segregación en las escuelas, al menos formalmente, y los africanos han ascendido en la escala educativa y más de dos tercios alcanzan ahora la educación secundaria. Las tasas de afiliación sindical son elevadas. Se ha contratado a africanos en todos los niveles de la función pública.

Por otro lado, aunque Sudáfrica había competido durante mucho tiempo con Brasil por la dudosa distinción de tener la distribución de ingresos más desigual del mundo, esto ya no es así; Sudáfrica ocupa ahora el primer lugar de tal clasificación. A los ricos les ha ido muy bien en la era posterior al apartheid, en parte debido a la impresionante expansión del sector financiero; pero la participación en los ingresos del 40 por 100 más pobre de la población es apenas la mitad del promedio del registrado en los países calificados bajo la rúbrica de «mercados emergentes»

Por otro lado, aunque Sudáfrica había competido durante mucho tiempo con Brasil por la dudosa distinción de tener la distribución de ingresos más desigual del mundo, esto ya no es así; Sudáfrica ocupa ahora el primer lugar de tal clasificación. A los ricos les ha ido muy bien en la era posterior al apartheid, en parte debido a la impresionante expansión del sector financiero; pero la participación en los ingresos del 40 por 100 más pobre de la población es apenas la mitad del promedio del registrado en los países calificados bajo la rúbrica de «mercados emergentes»^[2]. La segregación espacial impuesta durante la era del apartheid apenas ha cambiado, pero si se han expandido, sin embargo, los asentamientos informales de los municipios para incorporar a inmigrantes de otras partes del África subsahariana. La tasa de crecimiento del PIB per cápita se ha estancado desde 2008, debido solo en parte al fuerte crecimiento demográfico. El estancamiento económico refuerza la inmovilidad ocupacional, que todavía arrastra la racialización residual de la jerarquía de competencias: «los blancos en la cima», seguidos de los indios, los mestizos y los africanos^[3]. La tasa de desempleo formal es asombrosamente alta: más del 50 por 100 entre los jóvenes. Los informes de tráfico advierten regularmente de protestas con bloqueos de carreteras mediante las cuales las comunidades locales y los desempleados, armados con piedras y neumáticos en llamas, exigen puestos de trabajo y servicios.

Estos problemas macroeconómicos se han visto agravados por el notable deterioro de las infraestructuras públicas del país: electricidad, agua, transporte. Desde 2007 la creciente demanda de electricidad ha superado la oferta de Eskom, la empresa estatal de suministro eléctrico, lo que ha provocado importantes cortes de electricidad o «desconexiones». Los apagones han tenido graves efectos sobre la economía fundamentalmente al interrumpir el suministro de agua, que debe bombearse hasta la meseta alta donde se encuentran el triángulo industrial del Vaal y las minas del Rand. El deficiente funcionamiento de los trenes de mercancías ha supuesto que Transnet, la empresa estatal de ferrocarriles y logística, haya tenido dificultades para transportar el mineral de hierro y el carbón a los puertos, lo que representa una pérdida de exportaciones estimada en casi 5 millardos de dólares al año. Afectado por los altos costes energéticos y la incertidumbre del transporte, el complejo minero-energético, que ha sido el motor del desarrollo de Sudáfrica desde la década de 1880, está empezando a estancarse.

La caída de la participación en las últimas elecciones es una medida de hasta qué punto se ha evaporado el optimismo posterior al apartheid. Del 87 por 100 registrado en 1994, la participación cayó al 73 por 100 en 2014, al 66 por 100 en 2019 y al 59 por 100 en 2024. El voto directo al Congreso Nacional Africano (CNA) ha pasado de 12 millones en 1994 a 6,4 millones en 2024, y su porcentaje del total ha bajado del máximo del 70 por 100 registrado en 2004 al 40 por 10 en la actualidad

A estas dificultades se ha sumado el aumento de los delitos violentos. La tasa de homicidios se situó en 42 por cada 100.000 habitantes en 2021, solo superada por Jamaica, y muy por encima de las tasas de los países vecinos Namibia, Botsuana o Zimbabue^[4]. Las agresiones, los allanamientos y los robos de vehículos se han convertido en algo habitual en las noticias diarias. Los ricos recurren a toda una panoplia de medidas de seguridad privada, pero los sudafricanos más pobres están mucho más expuestos. El trabajo informal, a menudo ilegal, es vulnerable a la extorsión bajo la amenaza de violencia; esto es algo sistemático para los zama zamas, mineros autónomos que excavan en minas de oro abandonadas a costa de asumir un gran riesgo físico. Para agravar todavía más la situación, en los últimos años, el vandalismo ejercido contra las infraestructuras se ha convertido en un problema importante. Cualquier objeto metálico es susceptible de ser robado: señales de tráfico, tapas de alcantarillas, el cobre de los cables. Los saqueos se dispararon durante la pandemia, cuando, al quedarse en casa los pasajeros y los guardias de seguridad, el sistema ferroviario de cercanías de la zona de Johannesburgo quedó totalmente destrozado, como testimonian fotos de vías arrancadas y estaciones saqueadas. Los efectos son regresivos: quienes no tienen coche quedan a merced de las compañías de taxis gestionadas por bandas, cuyas guerras territoriales pueden acabar en tiroteos en los cuales pueden verse envueltos los pasajeros.

La caída de la participación en las últimas elecciones es una medida de hasta qué punto se ha evaporado el optimismo posterior al apartheid. Del 87 por 100 registrado en 1994, la participación cayó al 73 por 100 en 2014, al 66 por 100 en 2019 y al 59 por 100 en 2024. El voto directo al Congreso Nacional Africano (CNA) ha pasado de 12 millones en 1994 a 6,4 millones en 2024, y su porcentaje del total ha bajado del máximo del 70 por 100 registrado en 2004 al 40 por 10 en la actualidad, lo que ha obligado al partido a formar un gobierno de coalición con la Alianza Democrática, de orientación liberal y el partido preferido por la mayoría de los votantes blancos, indios y mestizos, y dos agrupaciones conservadoras, el Partido de la Libertad Inkatha, fundado por los descendientes de la familia real zulú, que tiene su bastión en KwaZulu-Natal, y la Alianza Patriótica, un pequeño partido de derecha, que moviliza a los mestizos pobres de la provincia del Cabo Occidental. Estas fuerzas heterogéneas constituyen la base parlamentaria del segundo mandato presidencial de Cyril Ramaphosa. La oposición está formada ahora por el partido Lanza de la Nación (MK) del expresidente Jacob Zuma, un partido zulú populista que obtuvo el 15 por 100 de los sufragios, equivalente a más de dos millones de votos principalmente procedentes del CNA, en las elecciones de 2024; y los Economic Freedom Fighters (EFF), el partido negro nacionalista y comunista, de Julius Malema, un partido populista de izquierda, que obtuvo 1,5 millones de votos, esto es, el 10 por 100 del total de los sufragios. La pluralización de las fuerzas parlamentarias puede ser positiva, tras veinte años de predominio indiscutible del CNA, pero el grado en que el nuevo panorama partidista se correlaciona con las agrupaciones étnicas y tribales es un mal presagio. Ahora se habla con frecuencia de Sudáfrica como un «Estado fallido» o, como prefiere enunciarlo en la actualidad la comunidad internacional de ONG, un Estado «frágil»^[5].

¿Cómo se explica el deterioro de las condiciones sociales y económicas de Sudáfrica? Las dos explicaciones más comunes se centran en el historial del CNA, pero ofrecen análisis opuestos sobre dónde se ha equivocado. Para la izquierda, el punto de inflexión fue la connivencia de los líderes del CNA y del Partido Comunista Sudafricano (PCSA) con el capital al aceptar un marco neoliberal durante la transición de 1990-1994. Los críticos liberales también identifican al CNA como uno de los problemas cruciales, pero para ellos la cuestión es que el partido se ha mantenido fiel al estatismo de izquierda y no ha sido lo suficientemente neoliberal.

¿Es culpa del partido?

¿Cómo se explica el deterioro de las condiciones sociales y económicas de Sudáfrica? Las dos explicaciones más comunes se centran en el historial del CNA, pero ofrecen análisis opuestos sobre dónde se ha equivocado. Para la izquierda, el punto de inflexión fue la connivencia de los líderes del CNA y del Partido Comunista Sudafricano (PCSA) con el capital al aceptar un marco neoliberal durante la transición de 1990-1994. En lugar de movilizar a los centros urbano degradados y segregados y el apoyo internacional en torno a un programa redistributivo coherente, Mandela y sus compañeros acordaron desmovilizarse. De acuerdo con esta interpretación, el régimen posterior al apartheid fue impulsado por el capital financiero y minero sudafricano, junto con el Banco Mundial y el FMI, mientras «los líderes del PCSA ofrecían entusiasmados los fórceps» y el movimiento de masas activo en los centros urbanos degradados habitados por la población negra (townships) «se mantenía fuera del paritorio»^[6].

Los críticos liberales también identifican al CNA como uno de los problemas cruciales, pero para ellos la cuestión es que el partido se ha mantenido fiel al estatismo de izquierda y no ha sido lo suficientemente neoliberal. En What’s Gone Wrong?, Alex Boraine, artífice de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, sostiene que los largos años de exilio del CNA, incesantemente perseguido por la policía secreta de Pretoria, le inculcaron un comprensible temor a la infiltración, lo que convirtió la lealtad al partido y el compromiso con el dogma programático en la virtud suprema^[7]. Frans Cronje, antiguo director del Institute of Race Relations sudafricano, culpa a los gobernantes del apartheid de haber empujado al CNA, originalmente realmente moderado, a los brazos de Moscú en la década de 1950. Para Cronje, la transición tuvo un buen comienzo de la mano del discurso pronunciado por Mandela en Davos en 1992 y la intensificación de la orientación neoliberal por parte de Mbeki de la mano de las políticas macroeconómicas incluidas en el programa Growth, Employment and Redistribution (GEAR), que redujo la deuda nacional de Sudáfrica del 50 al 25 por 100 del PIB, mientras las tasas de crecimiento alcanzaban el 5 por 100 entre 2004 y 2007, si bien impulsadas por una burbuja inmobiliaria de una escala comparable a las registradas en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, Cronje sostiene que los defectos personales de Mbeki –superstición sobre el SIDA, paranoia hacia sus rivales, implicación en negocios corruptos de armas– abrieron el camino para que la izquierda del CNA, el PCSA y el COSATU lo destituyeran como presidente del partido durante la conferencia del primero de 2007 celebrada en Polokwane, aprovechando el atractivo populista de Zuma. Tras la victoria de Zuma en las elecciones presidenciales de abril de 2009, la izquierda tomó el control de la política del partido, aumentando el salario mínimo, imponiendo un marco regulador favorable a los sindicatos en la industria minera, ampliando el seguro médico y acelerando las medidas incluidas en el marco legislativo conocido como Black Economic Empowerment, programa que estimulaba la participación, el empleo y los derechos económicos de la población negra. Fue este alejamiento del sentido común económico liberal, combinado con la corrupción a escala industrial practicada por Zuma, lo que condujo a la «caída» de Sudáfrica^[8].

Una tercera explicación de los fracasos del CNA es cultural. En Africa Works: Disorder as Political Instrument, un locus classicus de este enfoque, Patrick Chabal y Jean-Pascal Daloz sostienen que el África poscolonial ha desarrollado su propia forma de modernidad, combinando las tecnologías avanzadas occidentales con los modelos culturales y las formas de gobierno locales

Una tercera explicación de los fracasos del CNA es cultural. En Africa Works: Disorder as Political Instrument, un locus classicus de este enfoque, Patrick Chabal y Jean-Pascal Daloz sostienen que el África poscolonial ha desarrollado su propia forma de modernidad, combinando las tecnologías avanzadas occidentales con los modelos culturales y las formas de gobierno locales. Tras la independencia, las tumultuosas estructuras estatales coloniales europeas se informalizaron aún más en interés de las elites africanas, que necesitaban recursos para que sus electores las respaldaran y fortalecieran su estatus de «grandes hombres». En opinión de Chabal y Daloz, y en contra de los dogmas de la «buena gobernanza», los programas de ajuste estructural del FMI de la década de 1980 profundizaron este proceso de «retradicionalización» debido a las ricas ganancias que podían obtenerse de la privatización de los activos estatales. Pero, a su manera, argumentan, el sistema «funciona», ya que ofrece soluciones personalizadas a los problemas sociales, si bien a costa de un bajo crecimiento económico^[9].

Aunque Africa Works: Disorder as Political Instrument excluía específicamente a Sudáfrica, el politólogo R. W. Johnson ha desarrollado un análisis cultural comparable del régimen del CNA, aunque menos crítico con sus predecesores coloniales. Johnson califica la etiqueta de «Estado fallido» de «irremediablemente ahistórica». En realidad, Sudáfrica ha vuelto a sus costumbres precoloniales. Las incursiones para robar ganado desempeñaron un papel importante en las sociedades xhosa y zulú; cuando los líderes del CNA saquearon el Estado, simplemente estaban reestableciendo un antiguo modelo de autoridad, transmitido culturalmente de generación en generación, aunque también fortalecido por las políticas de «tribalización» de la era del apartheid. Se trataba de una forma de neopatrimonialismo, basada en un «gran hombre» que acumulaba riqueza personal y la distribuía entre sus clientes. Como señala Johnson, Zuma procedía de un entorno relativamente modesto, pero no tuvo dificultad en adoptar «todos los atributos de un jefe zulú»: el gran kraal de Nkandla, las numerosas esposas e hijos, la multitud de clientes y compinches. En opinión de Johnson, el saqueo en sí mismo es la causa principal del bajo crecimiento y del aumento del desempleo en Sudáfrica, mientras que las empresas estatales corruptas y en quiebra constituyen un lastre importante para el desarrollo. Sin embargo, a diferencia de Chabal y Daloz, Johnson se muestra optimista sobre el ajuste estructural neoliberal y sostiene que, con la crisis de la deuda acechando, el CNA tendrá que cambiar ya sea por presión del FMI o por iniciativa propia^[10].

Aunque en cada una de estas explicaciones podemos encontrar algunas pizcas de verdad, todas ellas son susceptibles de críticas. La perspectiva de izquierda no analiza las dificultades reales a las que se enfrenta la reconstrucción socialista en la era de la globalización financiarizada. La crítica liberal desvía la mirada de la vertiginosa desigualdad, que ha contribuido a provocar la desregulación del capital. El enfoque culturalista no explica la magnitud del saqueo y el clientelismo bajo el dominio colonial holandés y británico. Al mismo tiempo, estas tres explicaciones se centran casi exclusivamente en las decisiones de los dirigentes del CNA, cuya importancia, por relevante que sea, corre el riesgo de dejar al margen otros parámetros importantes, dado que tratan a Sudáfrica al margen de las fuerzas geopolíticas y económicas mundiales de mayor envergadura. Este ensayo intenta, por el contrario, ofrecer una explicación más estructural de la situación de Sudáfrica, postulando que, sin pretender dejar de lado los efectos tóxicos del neoliberalismo, conviene dotar de todo su relieve al duro legado del régimen del apartheid, cuyos efectos reales desde su abolición han tenido una mayor importancia.

Luchas constitutivas

Fue el descubrimiento en 1886 de un filón de oro, que se extendía de este a oeste en el interior del África meridional, a la altura de la actual Johannesburgo, en la región que se conocería como el Rand, lo que catalizó la lucha final para forjar un Estado unificado a partir de las múltiples entidades políticas existentes entre el Cabo y el río Limpopo. Durante casi un siglo, las colonias costeras inglesas (El Cabo y Natal) y las repúblicas bóeres del interior de habla neerlandesa (Transvaal y el Estado Libre de Orange) habían estado luchando entre sí, al tiempo que intermitentemente combatían a los belicosos pueblos zulú y xhosa del Cabo Oriental y de la costa del océano Índico, a los cazadores-recolectores khoi y san del árido oeste y a los pedi, sotho y tswana del norte de ese territorio. Los británicos habían arrebatado el Cabo a los holandeses durante las guerras napoleónicas por su estratégica ubicación en la ruta marítima hacia la India, existiendo en aquel momento en Londres poco apoyo para acometer una costosa campaña militar destinada a conquistar el interior. Sin el oro, la república bóer de Transvaal podría haber seguido siendo una región fronteriza, donde los terratenientes blancos se ganaban la vida explotando a sus ejércitos de arrendatarios y ocupantes ilegales, o aparceros, así como cazando animales de gran tamaño para exportar marfil y pieles. Radicados más allá del alcance de las leyes y de los impuestos de la autoridad colonial británica, que emanaban de Ciudad del Cabo, los granjeros bóeres también se hallaban geográficamente aislados en mucha mayor medida de los circuitos del capital global y de los mercados de la economía urbano-industrial que las estancias argentinas o los ranchos ganaderos estadounidenses. La otra diferencia crucial entre el sur de África y las colonias de pobladores del Nuevo Mundo o del Cono Sur era la magnitud de las poblaciones africanas «nativas», que superaban en número a los blancos en una proporción de cuatro a uno y que demostraron ser más resistentes a las enfermedades de los blancos y más dispuestas a trabajar que los indios de las llanuras norteamericanas, lo cual tendría una gran importancia para la explotación minera.

Las minas de oro transformaron el Transvaal, que paso de ser un lugar rural aislado y atrasado a convertirse en un pequeño Estado semiindustrializado en pleno auge bajo el liderazgo de Paul Kruger, el comandante de su milicia fronteriza. Las empresas mineras y ferroviarias británicas proporcionaron el capital prestado, mientras que la afluencia de lo que los afrikáners de habla holandesa llamaban mano de obra uitlander –blancos «extranjeros», principalmente británicos– proporcionó el estrato productivo más cualificado en las minas y en la red de ferrocarriles construida desde las ciudades portuarias de Durban y Ciudad del Cabo hasta el Rand. Kruger mantuvo un férreo control sobre este conjunto de procesos, ejerciendo el monopolio sobre el suministro de dinamita y la mano de obra negra, negando el voto a los uitlanders, mientras sus impuestos llenaban las arcas de este Estado basado en el oro, fortaleciendo su poder frente a los británicos y ayudando a rearmar sus fuerzas kommando con armas alemanas. La confluencia de determinadas tensiones geopolíticas –la llegada del imperialismo alemán al sur de África– y étnicas intraeuropeas –las quejas inglesas por el maltrato de los afrikáners– se vio agravada por el impacto desestabilizador de los procesos de extracción industrial-capitalista en la región. Además, en lugar del simple intercambio de mercancías entre los blancos y de la práctica bantú de la tenencia tradicional de la tierra y la agricultura de subsistencia, el capital global exigía la producción –y la reproducción continua– de una mano de obra explotable.

Los Randlords, como se conocía a los propietarios de minas de habla inglesa, ejercieron una enorme presión sobre el gobierno de Transvaal para que suministrara mano de obra negra barata para las sus explotaciones mineras. Las condiciones geológicas del Rand, donde la mayor parte del mineral era de baja ley y estaba enterrado a gran profundidad, imponían un proceso de extracción intensivo en mano de obra y altos costes de capital. Al mismo tiempo, el precio fijo del oro –la opción del Banco de Inglaterra por el patrón oro en la década de 1870 respaldó los flujos de crédito en esta primera era de globalización– y los altos impuestos del Estado afrikáner implicaban que los beneficios solo podían aumentarse ejerciendo presión a la baja sobre la mano de obra. Pero los terratenientes afrikáners del Transvaal, la base de Kruger, con sus enormes granjas, también dependían de los productos de los aparceros africanos y de la ayuda de los jornaleros para cuidar sus rebaños y cosechar sus cultivos. Los Randlords contaban con el respaldo de la Colonia del Cabo, donde las empresas mineras de diamantes como De Beers, propiedad de Cecil Rhodes, ya estaban encontrando nuevas formas de suministro de mano de obra, entre otras mediante el aumento del denominado impuesto sobre las chozas, que obligaba a los africanos a trabajar a cambio de dinero en efectivo, y mediante sus técnicas pioneras de control laboral, en particular gracias a la creación del recinto laboral segregado [compound], que se trasladaría a las minas de oro. Rhodes, hijo de un vicario inglés, había sido enviado de adolescente a vivir con unos parientes en Natal para curar su delicada salud. A los 23 años había amasado una fortuna con los diamantes y estaba tramando la expansión de la Sudáfrica británica por la espina dorsal oriental del continente, a través del río Zambeze. Una campaña de prensa en Londres a favor de este proyecto «del Cabo al Cairo» contribuyó a conseguir el respaldo del gobierno para la intervención militar en 1899, lo que dio lugar a la Guerra de los Bóers en la que las fuerzas británicas, frustradas por su incapacidad para acabar con las guerrillas kommando, recurrieron a incendiar granjas y acorralar a los afrikáners para matarlos de hambre en campos de concentración, mientras que los bóeres masacraban a los africanos sospechosos de colaborar con el poder imperial.

La Guerra de los Bóers concluyó con un compromiso, sellado en la Constitución de la Unión Sudafricana de 1910. El país sería un dominio británico, siguiendo el modelo «autónomo» de Canadá y Australia, administrado por un gobierno afrikáner «moderado», elegido por sufragio exclusivo de los blancos. El sistema político se vio fortalecido por la propiedad blanca de minas, empresas, bancos y tierras agrícolas, propiedad esta última codificada en la Land Act de 1913, que especificaba que los africanos no podían poseer ni arrendar tierras fuera de las «reservas nativas» previstas, protopaíses que apenas cubrían una décima parte del país. Uno de los resultados fue reducir a los agricultores africanos a sirvientes o jornaleros, o empujarlos a las reservas pobres en tierras. También sirvió para aumentar la reserva de mano de obra migrante a disposición de los Randlords: los hijos menores eran enviados a trabajar a las minas durante un determinado periodo de tiempo, donde vivían en albergues, dejando atrás a sus familias; sus salarios no tenían que cubrir el coste de la reproducción del hogar. (La Land Act también intentó eliminar el arrendamiento de mano de obra y la aparcería en las granjas blancas con un éxito limitado; en 1960 todavía había millones de agricultores africanos en la platteland [zonas rurales], especialmente en el Estado Libre de Orange y Transvaal).

La inserción de Sudáfrica en la división internacional del trabajo como gran productor de minerales –oro, pero también diamantes, cobre, carbón y más tarde platino– dependería de estos circuitos de migrantes temporales procedentes de toda la región; trabajadores que solo estaban semiproletarizados, en el sentido de que trabajaban por un salario, pero también tenían acceso a los medios de subsistencia en sus hogares, ya fuera a través de la tenencia consuetudinaria vigente en una reserva nativa, o a través de sus familias de aparceros o arrendatarios en granjas propiedad de blancos. Los trabajos en superficie, administrativos y de ingeniería estaban reservados a los blancos por la Mines and Works Act de 1911, mientras que la Native Urban Areas Act de 1923 delimitaba las ciudades como espacios blancos y exigía a todos los africanos urbanos llevar un pase; se aplicarían restricciones más leves, pero no obstante comparables, a las poblaciones de mestizas e indias. Basadas sobre todo en la necesidad de garantizar mano de obra barata para las minas, estas estructuras de clase racializadas se sedimentarían en la cultura y la sociedad del nuevo país, dejándolo dividido por el descontento.

La depresión agrícola del periodo de entreguerras agravó la inseguridad material en las reservas africanas y provocó que un número cada vez mayor de personas se marchara a buscar trabajo a las ciudades, quizá también para escapar del dominio patriarcal y de la carga que suponía encontrar la tradicional lobola, o dote de la novia. Ello agravó la escasez de mano de obra en las zonas rurales blancas. Mientras tanto, los afrikáners rurales hervían de ira por la sumisión del país al Imperio británico tras las atrocidades cometidas durante la Guerra de los Bóers, sentimientos que serían canalizados por un Partido Nacional «purificado» contra los gobiernos anglófilos liderados por Louis Botha y Jan Smuts. La Segunda Guerra Mundial agudizó la polarización entre los blancos. El Partido Nacional, bajo el liderazgo de Daniel Malan, adoptó una línea proalemana contra la lealtad al Imperio del gobierno de Smuts, con la esperanza de que, si Hitler derrotaba a Gran Bretaña, se restauraría una república afrikáner. En las elecciones de 1948 Malan reunió el voto rural de los granjeros blancos, preocupados por la disminución de la mano de obra negra, y el voto urbano de los trabajadores blancos, que temían la competencia de los salarios más bajos de los negros, para lograr una victoria por los pelos inspirada por un programa de restricción de la urbanización africana mediante una política de «separación».

El apartheid implicó la intensificación de la regulación racializada de la fuerza de trabajo, no una ruptura con ella, pero supuso en todo caso la toma de una decisión estratégica decisiva, ya que supuso el rechazo del gesto de Smuts en pro de la integración, cuyo objetivo era neutralizar el atractivo que  una nueva generación de líderes negros de la Liga Juvenil del CNA –Sisulu, Tambo, Mandela– sentía por el pequeño, pero intelectualmente potente, Partido Comunista Sudafricano, la primera organización política no racial del país. Por el contrario, el gobierno del Partido Nacional se propuso «elevar» a los afrikáners, esto es, al sector más pobre de los blancos, mediante la intensificación de la explotación de la mayoría africana. El «control de la afluencia» establecería límites estrictos a la población negra presente en las ciudades mediante la aplicación rigurosa de documentos de identidad: el sistema de «pasaportes». Solo un pequeño estrato de los «Section Tenners», esto es, de la población negra que tenía derecho a vivir en las áreas urbanas blancas, llamado así por una cláusula de la Bantu (Urban Areas) Act de 1945, tendría derecho a la residencia urbana permanente; el objetivo era que estas poblaciones respondieran a las demandas efectuadas por la industria sudafricana de disponer de un estrato intermedio de trabajadores negros cualificados; de ahí la provisión de escuelas, algo inexistente para los africanos en otros lugares. Por lo demás, a los africanos solo se les permitía trasladarse a los municipios como trabajadores migrantes temporales en los que vivirían en albergues y seguirían el modelo de la industria minera; se prohibía a los familiares de las reservas o de las zonas rurales gestionadas por blancos reunirse con ellos.

El creciente movimiento obrero africano, mestizo e indio se hizo notar en las huelgas portuarias de Durban de 1973. Los nuevos sindicatos, federados en el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU), serían un componente clave del movimiento contra el apartheid. Un segundo elemento fue la politización de la juventud de los centros urbanos degradados habitados por la población negra, liderada por los estudiantes de enseñanza secundaria, que iniciaron el levantamiento de Soweto en 1976

Paralelamente al «control de la afluencia», el Partido Nacional se propuso convertir las reservas nativas en territorios tribales autónomos. En parte, se trataba de una respuesta táctica a la creciente resistencia negra concebida con el objetivo de dividir a la mayoría africana mediante la «tribalización»; pero la afirmación de que estos bantustanes se convertirían en naciones reales también se calculó para hacer frente a la creciente ola de anticolonialismo imperante en todo el continente y al hilo de tal proceso crear una Sudáfrica verdaderamente blanca, aunque fuera de dimensiones reducidas. En la década de 1960 el fuerte impulso de modernización y mecanización de la agricultura blanca redujo drásticamente la necesidad de mano de obra africana, lo que condujo al «blanqueamiento de las platteland» mediante la expulsión forzosa de aparceros y arrendatarios y su reubicación en desolados campos de reasentamiento en las tierras tribales, bajo el dominio de su jefe tradicional o, como en el caso de los bafokeng en Bophuthatswana, del rey. Aproximadamente 3,5 millones de africanos fueron desalojados de sus tierras en esta ola de miseria. En sus propios términos, este proyecto de ingeniería social racializada fue un éxito, dado que a principios de la década de 1980 el 54 por 100 de la población africana vivía en los territorios tribales. Ahora totalmente proletarizada, es decir, privada de sus medios de subsistencia, esta población fue canalizada hacia las nuevas zonas industriales, construidas dentro de la jurisdicción de la «Sudáfrica blanca», pero adyacentes a los bantustanes protonacionales, que las abastecían de mano de obra barata. El reasentamiento también daría lugar a la aparición de los mineros «de carrera», esto es, trabajadores que ahora encadenaban un contrato tras otro en lugar de regresar al campo. Este modelo no solo afectó a los mineros, sino también los obreros de fábrica, los estibadores y los trabajadores de la construcción, los cuales sentarían las bases para el explosivo auge del movimiento sindical africano.

Ello supuso un punto de inflexión. El creciente movimiento obrero africano, mestizo e indio se hizo notar en las huelgas portuarias de Durban de 1973. Los nuevos sindicatos, federados en el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU), serían un componente clave del movimiento contra el apartheid. Un segundo elemento fue la politización de la juventud de los centros urbanos degradados habitados por la población negra, liderada por los estudiantes de enseñanza secundaria, que iniciaron el levantamiento de Soweto en 1976. A mediados de la década de 1970, los Estados negros del sur de África –Zambia, Mozambique, Angola, Botsuana y Zimbabue– estaban ganando la independencia y ofrecían refugio al proscrito CNA. La respuesta del Partido Nacional al creciente malestar urbano fue delegar la responsabilidad del gobierno local y la vivienda pública a los municipios negros. Pero su corrupción y su autoritarismo impulsaron un nuevo movimiento cívico de la clase media, que organizó más protestas y huelgas de alquileres. Los levantamientos de los distritos negros de 1983-1985 propiciaron la declaración del estado de emergencia por el gobierno, lo cual a su vez provocó una crisis de la deuda externa y el colapso del mercado bursátil; el sistema económico del apartheid, altamente estatista, fue objeto de ataque desde posiciones neoliberales. Era cada vez más evidente que para romper la resistencia de la clase trabajadora sería necesaria una transición hacia el sufragio universal y, por lo tanto, hacia un gobierno de mayoría africana. Los servicios de inteligencia sudafricanos habían tanteado al CNA a principios de la década de 1980; en 1991, finalmente comenzaron las negociaciones públicas sobre el desmantelamiento del apartheid con el ala reformista del Partido Nacional.

Las condiciones globales para la transición y el desmantelamiento del apartheid no eran propicias. La autoliberación de Sudáfrica del dominio colonial llegó a finales de siglo, demasiado tarde para intentar el modelo clásico de crecimiento económico mediante el desarrollo industrial impulsado por las exportaciones y respaldado por el Estado. A principios de la década de 1990, el auge de China ya estaba muy avanzado y la posibilidad de que cualquier otro Estado siguiera esa vía de desarrollo se hallaba cegada; por el contrario, las economías recién llegadas a la arena mundial, como Brasil y Corea del Sur, ya estaban empezando a desindustrializarse

Transición

¿Cómo iba a abordar el CNA el sedimento social heredado del primer siglo de existencia de Sudáfrica y la pirámide de clase racializada, que habían forjado los ingleses y los afrikáners? En la cima, un puñado de conglomerados mineros e industriales eran propiedad y estaban gestionados por un pequeño grupo de familias blancas, vinculadas a los círculos empresariales y bancarios internacionales. Una creciente clase media profesional negra estaba llegando a superar en número a sus homólogos blancos, indios y mestizos, más acomodados y mejor formados. A su vez, estos eran superados en número por el joven proletariado negro, cada vez más desempleado, que se dirigió a las ciudades una vez que se puso fin al «control de la afluencia» en 1986. Su «tardía» proletarización en las décadas de 1970 y 1980 se produjo en un momento crucial para la economía mundial, cuando las tasas de crecimiento global y la absorción de fuerza de trabajo comenzaban a disminuir. Los millones de africanos expulsados de sus tierras, hacinados en campamentos de reasentamiento tribalizados y luego arrojados a la economía industrial, serían expulsados de ella a partir de la década de 1990 para engrosar las filas de los desempleados urbanos.

Las condiciones globales para la transición y el desmantelamiento del apartheid no eran propicias. La autoliberación de Sudáfrica del dominio colonial llegó a finales de siglo, demasiado tarde para intentar el modelo clásico de crecimiento económico mediante el desarrollo industrial impulsado por las exportaciones y respaldado por el Estado. A principios de la década de 1990, el auge de China ya estaba muy avanzado y la posibilidad de que cualquier otro Estado siguiera esa vía de desarrollo se hallaba cegada; por el contrario, las economías recién llegadas a la arena mundial, como Brasil y Corea del Sur, ya estaban empezando a desindustrializarse. En cualquier caso, Sudáfrica no habría estado preparada para seguir ese camino. Las exportaciones de minerales mantenían la moneda relativamente fuerte; los trabajadores recién sindicalizados defendían ferozmente sus derechos; los principales bancos y empresas se habrían resistido sin duda al tipo de intervención pública y asignación de capital que requiere un Estado desarrollista. La ubicación geográfica también jugaba en su contra. Sudáfrica está muy lejos de los mercados de consumo mundiales, a diferencia de economías exportadoras de ingresos medios como México o Eslovaquia, que contaban con países más ricos justo al otro lado de la frontera. La salida obvia serían los mercados del África subsahariana, pero, debido al predominio de la tenencia consuetudinaria de la tierra, el desarrollo capitalista es un reto y solo absorben una quinta parte de las exportaciones de Sudáfrica^[11].

Transformar una economía dependiente de los minerales en otra más centrada en el crecimiento industrial y orientada hacia los mercados extranjeros era por definición una tarea desalentadora. Toda la infraestructura social y física, la base de conocimiento, la estructura de competencias, la producción industrial y los mercados internos están orientados hacia la producción minera o dependen de ella. Es lo que mejor conocen los sectores empresarial y bancario sudafricanos^[12]. Las políticas de sustitución de importaciones tuvieron un breve momento de gloria en Sudáfrica después de la Primera Guerra Mundial y recibieron un nuevo impulso, cuando estalló la Segunda. Pero desde el inicio del gobierno del Partido Nacional en 1948, el intento del gobierno de controlar la urbanización africana se interpondría en el camino, imponiendo un estatus temporal de mano de obra migrante a la mayoría de la población negra, bajo el supuesto de que las familias de los trabajadores permanecerían en las reservas nativas y «vivirían de la tierra», lo cual limitó las posibilidades para la formación y la mejora de las competencias de los trabajadores africanos; los contratos a corto plazo no eran la solución^[13].

Retrospectivamente, lo curioso es la importancia otorgada a lo «nacional» como marco en el que se desarrollaría el proceso social sudafricano. Las negociaciones en torno a la transición dejaron claro que el capital sudafricano siempre podría recurrir a los guardianes políticos del capital global. El equilibrio de fuerzas también estaba determinado por los recursos a los que podían recurrir los gobernantes del apartheid; a diferencia de los colonos franco-argelinos, que dependían de un Estado francés dotado de su propia agenda, ellos disponían de su propia capacidad militar y de la base industrial para respaldarla

El abordaje por parte del ANC de estos problemas estratégicos se basó en la famosa definición de los mismos por parte del PCSA como «colonialismo de un tipo especial». No era formalmente una colonia, ya que era un país independiente desde 1910; por otra parte, quienes ponían en marcha los medios de producción y la fuerza de trabajo y monopolizaban el Estado eran los descendientes de quienes habían llegado como colonizadores de los países imperiales durante el periodo en que Sudáfrica estuvo bajo el dominio primero de los holandeses y luego de los británicos. La clase explotada era la población indígena, junto con los trabajadores y trabajadoras importados por los primeros colonos blancos como esclavos, así como los trabajadores contratados para facilitar el proceso de acumulación. Para los teóricos del PCSA, este cuadro requería dos revoluciones sucesivas: primero una nacional en la que se desmantelara el dominio colonial en todos sus aspectos, económicos, políticos y culturales; después, la clase obrera nacional derrocaría a la clase capitalista nacional y se prepararía para construir el socialismo.

Retrospectivamente, lo curioso es la importancia otorgada a lo «nacional» como marco en el que se desarrollaría el proceso social sudafricano. Las negociaciones en torno a la transición dejaron claro que el capital sudafricano siempre podría recurrir a los guardianes políticos del capital global. El equilibrio de fuerzas también estaba determinado por los recursos a los que podían recurrir los gobernantes del apartheid; a diferencia de los colonos franco-argelinos, que dependían de un Estado francés dotado de su propia agenda, ellos disponían de su propia capacidad militar y de la base industrial para respaldarla. Frente a esta constelación de factores, se constaba la debilidad histórica del CNA. No fue hasta la década de 1970 cuando las demandas generalizadas de abolición del apartheid y la introducción del sufragio no racial comenzaron a animar al conjunto de la población negra^[14], lo cual también reflejaba la historia de la política de la clase trabajadora en el país y la proletarización tardía de la mayoría provocada por la necesidad de mano de obra en condiciones de semisubsistencia sentida por los propietarios de las minas. La influencia moral del CNA era mucho mayor que su influencia política, la cual se vio además gravemente debilitada al inicio de las negociaciones para acabar con el régimen del apartheid por las matanzas perpetradas por los partidarios del partido independentista zulú Inkatha, instigada por determinadas facciones de los servicios de inteligencia sudafricanos.

El resultado fue atar a la Sudáfrica posterior al apartheid a la dependencia de la inversión extranjera y, por lo tanto, al mantenimiento de un «clima empresarial» atractivo. Como muestra de buena voluntad hacia los inversores internacionales, el CNA aceptó asumir la deuda contraída por el régimen del apartheid; la única forma de pagarla era vendiendo los activos del sector público, en particular los ligados a la industria del hierro y del acero y las instalaciones de licuefacción del carbón (SASOL).

Recordar estas difíciles condiciones no significa embellecer la evolución posterior del CNA. A su salida de prisión en 1990, Mandela reiteró la famosa petición de la Carta de la Libertad de 1955 de nacionalizar las minas, los bancos y las industrias monopolísticas, añadiendo que «la modificación de nuestras opiniones al respecto es inconcebible»^[15]. La historia de esa modificación se ha contado muchas veces y las principales razones que la motivaron no son objeto de discusión. El colapso de la Unión Soviética en 1991 dejó al CNA desarmado, desprovisto de todo apoyo internacional para acometer forma alguna de transición poscapitalista. De hecho, el objetivo del CNA siempre había sido la liberación nacional –la eliminación del apartheid y el establecimiento del gobierno de la mayoría negra– más que una transformación económica radical. En segundo lugar, estaban en juego los intereses del capital occidental. El FMI y el Banco Mundial, en particular, estaban decididos a convertir la transición de Sudáfrica en un éxito capitalista. Un ejército de expertos llego al país para formar a los líderes del CNA en «economía» y en la importancia de los derechos de propiedad privada^[16].

El resultado fue atar a la Sudáfrica posterior al apartheid a la dependencia de la inversión extranjera y, por lo tanto, al mantenimiento de un «clima empresarial» atractivo. Como muestra de buena voluntad hacia los inversores internacionales, el CNA aceptó asumir la deuda contraída por el régimen del apartheid; la única forma de pagarla era vendiendo los activos del sector público, en particular los ligados a la industria del hierro y del acero y las instalaciones de licuefacción del carbón (SASOL). El fin de los controles de capital y divisas –una de las condiciones para el préstamo de 850 millones de dólares del FMI– provocó la desinversión y la fuga de capitales. La introducción de la denominada cláusula de propiedad privada en la nueva Constitución supuso un grave obstáculo para la reforma agraria, al eliminar la posibilidad de expropiación sin compensación. La adhesión al GATT y a la OMC, presentada como la salida de Sudáfrica del aislamiento, supuso la reducción de los aranceles y el fin de las subvenciones a los sectores textil y automovilístico, que habían proporcionado empleo al nuevo proletariado negro. En 1996 las políticas macroeconómicas incluidas en el programa GEAR (Growth, Employment and Redistribution) supusieron un nuevo giro a favor del mercado. La evolución del CNA quedó espectacularmente simbolizada en los sucesos de Marikana en 2012, cuando la policía disparó contra los mineros en huelga en una mina de platino de Lonmin, matando a treinta y cuatro trabajadores. En la junta directiva de Lonmin se encontraba Cyril Ramaphosa, secretario general de COSATU durante los últimos años del apartheid, que había denunciado a los huelguistas de Marikana como «criminales» y había pedido la intervención del gobierno. Cuando asumió la presidencia en 2019, la fortuna personal de Ramaphosa ascendía a 450 millones de dólares.

Corrupciones de Estado

Por muy atroz que haya sido en todo caso el comportamiento de la elite del CNA, hay tres factores estructurales que ofrecen una explicación más sólida de la trayectoria de Sudáfrica. En primer lugar, la continuidad de las relaciones de propiedad garantiza que, aunque se haya abolido la discriminación racial, las estructuras de clase en las que esta se hallaba arraigada no hayan sufrido ningún cambio fundamental. Dado el dominio continuado de la burguesía anglo-afrikáner en los niveles más altos de la economía privada del país, en las salas de juntas y en las altas esferas de las estructuras empresariales, la principal vía de acceso a la riqueza para los africanos aspirantes ha sido el Estado. Este es el hecho que confiere a la corrupción en Sudáfrica su carácter sistémico. El CNA comprendió la importancia de la administración pública y aplicó debidamente una política de «despliegue de cuadros», colocando a miembros de confianza del partido en puestos clave para orientar los recursos públicos hacia la mayoría negra pobre^[17].

En general, el empleo en la función pública, junto con una representación muy ampliada en el sistema judicial y en las universidades, ha desempeñado un papel muy positivo en la ampliación y reproducción de la clase media profesional negra^[18]. Pero la pérdida de competencias profesionales fue especialmente perjudicial, porque se dio prioridad a la lealtad al partido en lugar de poner en primer término los conocimientos técnicos o la experiencia a la hora de nombrar a las personas que debían dirigir las principales empresas públicas: electricidad, transporte, agua, la aerolínea nacional. La opinión del CNA era que no podía confiarse en la Administración pública de la era del apartheid para gestionar la transición a un régimen mayoritario. Pero los conocimientos técnicos necesarios no podían simplemente contratarse en el extranjero; los asesores internacionales sabían poco sobre los problemas específicos del uso de carbón sudafricano en centrales eléctricas estándar de modelo occidental, por ejemplo. La pérdida de competencias profesionales ha sido sin duda un factor en los problemas de Eskom.

La otra solución del CNA al control anglo-afrikáner de la economía privada fue el programa Black Economic Empowerment (BEE), cuyo objetivo era la creación de una clase capitalista africana. El BEE fue acogido con satisfacción por los conglomerados de propiedad blanca de Sudáfrica, sin duda aliviados por haber salido tan bien parados de la amenaza original de nacionalización. Las empresas obtuvieron una puntuación BEE por su buena conducta en una serie de medidas de empoderamiento negro. Una de estas medidas podía cumplirse vendiendo un paquete de acciones a un cuadro del CNA, pagado con un préstamo bancario, que se renovaría perpetuamente, lo que le valía al cuadro un puesto no ejecutivo en el consejo de administración. Esto permitía a la empresa aumentar su puntuación BEE en materia de propiedad negra, lo que le daba derecho a un trato preferencial en los contratos públicos y garantizaba que otras empresas la favorecieran para mejorar sus propias tarjetas de puntuación BEE. El resultado fue la creación de una nueva capa de rentistas negros, mientras que la alta concentración de capital sudafricano seguía desplazando el espíritu emprendedor africano surgido desde abajo^[19].

El requisito estructural de acceso al Estado como condición para el avance de la población negra opera a todos los niveles, del local al provincial y al nacional. Pero para acceder es necesario ser elegido o estar cerca de alguien que lo haya sido. Dado que el CNA ha predominado en todas las elecciones desde 1994, el camino hacia el Estado ha pasado por el partido, que se ha convertido en un vehículo para el enriquecimiento personal. La corrupción puede adoptar una asombrosa variedad de formas, aunque las mayores ganancias suelen provenir de los sobornos de las multinacionales que licitan para obtener contratos públicos. Un funcionario electo a cargo de un departamento gubernamental puede favorecer a determinadas empresas en los contratos de prestación de servicios públicos, las decisiones sobre la concesión de licencias y el acceso a la tierra, especialmente en el caso de las empresas mineras. A escala local, los funcionarios pueden decidir qué empresas contratan para ejecutar los correspondientes contratos de prestación de servicios, ya se trate de la asignación de viviendas públicas, de la reparación de carreteras o de la instalación de inodoros con cisterna en un municipio. Los puestos de trabajo también están en juego, ya que por ley los proyectos de desarrollo local deben contratar a empresas y trabajadores locales.

Ejércitos de reserva

Para ganar las elecciones, el aspirante necesita una base de apoyo personalizada a la que luego hay que ofrecer algo a cambio, lo cual propicia una política faccionalizada y muy movilizada. Los que ocupan cargos públicos, los «guardianes», se ven constantemente amenazados por rivales que tratan de usurpar su papel, a menudo incitando a sus propios votantes descontentos contra ellos^[20]. Aquí entra en juego un segundo legado: el vasto lumpenproletariado, comprendido en el sentido que Marx le da al término, creado por el programa de reasentamiento del apartheid al comienzo de una época de destrucción de empleo como lo fue la primera mitad de la década de 1990, que empujó a un enorme volumen de población sudafricana a las ciudades en búsqueda, aparentemente infructuosa, de trabajo. Hay que destacar la magnitud de este estrato social, que no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo actual. La tasa de desempleo formal, en su mayor parte de fuerza de trabajo africana, se disparó del 20 por 100 antes de la crisis financiera de 2008 a más del 30 por 100 en la actualidad, con niveles todavía más altos entre los jóvenes, lo cual significa que hay un gran número de personas disponibles para la movilización y las protestas callejeras. Las frustraciones de los desempleados en los asentamientos informales pueden explotarse fácilmente. Cuando un asentamiento recibe el favor de su patrocinador político, sus vecinos se quedan atrás, lo que da lugar a reivindicaciones y protestas –bloqueos de carreteras, destrucción de propiedades– a menudo instigadas por quienes pueden utilizar la ira para sus propios fines electorales. Los conflictos son de suma cero y lo que está en juego puede ser enorme; lo mismo ocurre con los costes del fracaso para el proletariado urbano. A pesar de los salarios relativamente altos de los trabajadores sindicados, los salarios en otros lugares son muy bajos. Muchos hogares subsisten gracias a una combinación de la pensión de la abuela, las remesas de algún familiar con ingresos más altos y los ingresos informales irregulares^[21]. En este contexto, los jóvenes, en particular, suelen estar dispuestos a participar en disturbios para protestar por la falta de empleo, vivienda y servicios, quizá descargando así parte de su frustración por no poder permitirse la lobola necesaria para formar su propio hogar^[22].

En la cúspide del sistema, los enormes presupuestos de las empresas públicas ofrecían oportunidades casi ilimitadas. Sudáfrica no es el único país en el que los cargos electos sirven de puerta de acceso a la riqueza; basta con ver las fortunas personales amasadas por los Clinton, los Blair o los Obama. Pero hay pocos otros en los que el Estado democrático sea el único responsable de una redistribución reparadora de las viejas injusticias a una escala tan histórica, que va en contra de la dinámica arraigada del sistema económico

Las protestas pueden dar lugar a enfrentamientos violentos, a menudo instigados por la policía, y a la destrucción de bienes públicos. La violencia política tiene, por supuesto, una larga historia en el África meridional. Los sistemas coloniales holandés y británico se mantuvieron por la fuerza de las armas: los mosquetes y los cañones contra las lanzas con punta de hierro de la resistencia zulú o xhosa. La coacción sustentaba los beneficios de las minas y garantizaba por la fuerza la expropiación de las tierras y la segregación del trabajo y el espacio urbano bajo el apartheid. La región también se vio marcada por las respuestas violentas de los dominados, incluidos los conflictos entre la población negra, las guerras entre bandas y el vigilantismo^[23]. El frenesí de violencia desatado contra los partidarios del CNA por el Estado profundo y el Partido de la Libertad Inkatha durante las negociaciones de 1990-1994 paralizó el movimiento democrático de masas. Bajo el régimen posterior al apartheid, la violencia ha sido desplegada por las fuerzas de seguridad del Estado llamadas a vigilar el sistema socioeconómico excluyente, como en el mencionado tiroteo contra los mineros de platino en huelga en Marikana, pero también por aquellos que quieren desafiarlo o reconfigurarlo. Sin embargo, las luchas entre facciones del CNA pueden adoptar formas mortíferas, como el asesinato de rivales políticos, de fiscales o de denunciantes en el ámbito provincial o incluso municipal. La competencia por los terrenos urbanos en los que construir chabolas también puede tornarse violenta, a veces a través de conflictos con los vecinos que van a ser reubicados en los terrenos ocupados previamente por chabolas adyacentes, o con residentes más acomodados preocupados por el valor de sus propiedades. Las ocupaciones de terrenos también suelen politizarse, siendo habitual observar en los mismos a cuadros locales del CNA o de los Economic Freedom Fighters (EFF), disputándose el liderazgo de la ocupación como forma de asegurarse los votos de los ocupantes. La violencia es racional, por lo tanto, pero sigue siendo una lacra para el país, que tiene graves implicaciones para su desarrollo actual^[24].

En la cúspide del sistema, los enormes presupuestos de las empresas públicas ofrecían oportunidades casi ilimitadas. Sudáfrica no es el único país en el que los cargos electos sirven de puerta de acceso a la riqueza; basta con ver las fortunas personales amasadas por los Clinton, los Blair o los Obama. Pero hay pocos otros en los que el Estado democrático sea el único responsable de una redistribución reparadora de las viejas injusticias a una escala tan histórica, que va en contra de la dinámica arraigada del sistema económico. Una vez más, la corrupción tiene una larga historia en la política sudafricana, que se remonta a las «concesiones» mineras de Kruger y sus redes de clientelismo^[25]. Pero la magnitud de la corrupción gubernamental bajo el CNA es de otro orden. Las irregularidades que rodearon al  Strategic Defense Package de finales de la década de 1990, popularmente conocido como el Arms Scandal, supuso un gasto público gigantesco en la compra a diversas empresas europeas de armamento de alta tecnología, incluidos submarinos y aviones de combate, operación financiada con préstamos internacionales y, supuestamente, lubricada con enormes comisiones ilegales entregadas a figuras destacadas del CNA, entre ellas Mbeki y Zuma^[26].

Estas adaptaciones del Estado como vehículo para el enriquecimiento molecular lo harían vulnerable a la captura criminal desde el exterior. A partir de 2009, durante la presidencia de Zuma, los hermanos Gupta –magnates oriundos de Uttar Pradesh que se habían convertido en sus compinches– lograron nombrar a sus colaboradores para ocupar altos cargos ministeriales y administrativos con el fin de aprovechar los presupuestos de adquisición de las principales empresas públicas sudafricanas: Eskom, Transnet, South African Airways y el fondo de pensiones estatal. Los puestos clave de sus consejos de administración fueron ocupados por personas leales a los Gupta. Con la ayuda de Zuma, el ministro de Empresas Públicas ocultó lo que estaba sucediendo con discursos militantes sobre la aceleración de la transformación social, atacando a los críticos como representantes del capital monopolista blanco. Los Gupta fueron demasiado lejos cuando pusieron sus miras en el propio Ministerio de Finanzas, después de que el ministro en funciones se negara a pagar una central nuclear sobrevalorada en la que los hermanos tenían intereses. El Defensor del Pueblo, un organismo de supervisión pública dirigido por la jurista Thuli Madonsela elaboró un informe condenatorio que dio lugar a una investigación oficial por parte de la Comisión Zondo. Bajo la fuerte presión de los principales dirigentes del CNA, Zuma dimitió en 2018 sin dejar de negar la comisión de irregularidad alguna antes de que la Comisión pudiera presentar su informe de varios volúmenes, que constituye un relato detallado de un caso de corrupción sistémica^[27].

El último legado que pesa sobre el presente de Sudáfrica es la racialización de la identidad nacional por parte del apartheid. Sin embargo, el hecho de que el CNA dejara de lado la lucha de clases en favor de una unidad interclasista de los antiguos desposeídos –manteniendo a las elites gobernantes tradicionales en el seno de los distintos grupos étnicos, al igual que se mantuvo a la alta burguesía entre los blancos– implicó la etnización de la identidad nacional del país

Nacionalidad

El último legado que pesa sobre el presente de Sudáfrica es la racialización de la identidad nacional por parte del apartheid. El único sentido de nación disponible bajo el apartheid era el de una Sudáfrica blanca. El resultado lógico de ello fue el proyecto del «gran apartheid»: no solo la segregación dentro de un país, sino la separación en diferentes países, la propia Sudáfrica y los bantustanes, que se habían construido bajo los reyes y jefes tribales como sumideros de corrupción. La Carta de la Libertad del CNA se refería al «pueblo», implícitamente sin distinción de raza; se convirtió en la esperanza y el sueño de los africanos y de muchos mestizos e indios, porque prometía un país en el que podrían ejercer su voluntad a través de un sufragio no racial. Las organizaciones cívicas de la década de 1980 acogieron no solo a africanos, sino también a mestizos e indios; esta sería la base del Frente Democrático Unido como vehículo para poner fin al apartheid. Las luchas en los centros urbanos degradados habitados por la población negra, que se remontan a los disturbios de Soweto de 1976, se centraban, en el sentido más inmediato, en cuestiones relacionadas con el lugar de residencia y no con el lugar de trabajo: las escuelas y las viviendas de los mismos, lo cual tenía sus límites en términos de una agenda dotada de una mayor radicalidad. El gobierno inicial de Unidad Nacional de 1994, compuesto por ministros del CNA, Inkatha y el Partido Nacional, la idea tan publicitada de la «nación arcoíris» y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación prefiguraban de diferentes maneras un sentido más inclusivo de la nacionalidad.

Sin embargo, el hecho de que el CNA dejara de lado la lucha de clases en favor de una unidad interclasista de los antiguos desposeídos –manteniendo a las elites gobernantes tradicionales en el seno de los distintos grupos étnicos, al igual que se mantuvo a la alta burguesía entre los blancos– implicó la etnización de la identidad nacional del país. Como muchos estudiosos han señalado, la reivindicación por parte del CNA de las identidades étnicas africanas se aceleró con el abandono de la redistribución por parte de las políticas económicas contempladas en el programa GEAR y por la necesidad de acallar las acusaciones de corrupción. La presidencia de Mbeki volvió a vincular la nacionalidad y la identidad étnica, aunque de una forma mucho menos agresiva. Su «renacimiento africano» promovió la idea de Sudáfrica como un país esencialmente «africano». Aquí, la afirmación de los afrikáners de ser una tribu blanca de África encontró sus límites; podían estar de acuerdo en que Sudáfrica ya no era un país blanco, pero la idea de que era un país occidental persistía. Zuma era un líder explícitamente zulú, que se sentía realmente feliz, cuando contaba chistes en su lengua materna. La africanización de los nombres de las ciudades, así como de las calles y los aeropuertos –Durban, que llevaba el nombre de un gobernador británico de Natal, ahora es eThekwini, Port Elizabeth es Gqeberha, Fort Beaumont es KwaMaqoma– supuso una especie de represalia excluyente, al menos para la quinta parte de la población compuesta por mestizos, indios y blancos. Es difícil evitar la impresión de que el CNA considera a los africanos como una presencia más auténtica en el país que la de otras personas de color; los indios se han quejado constantemente de ser marginados en favor de los africanos.

Ha sido difícil sin duda encontrar una forma convincente y no racial de narrar una historia nacional, con héroes y aspiraciones compartidas, que pudiera estructurar la autocomprensión de un país tan dividido. Ha resultado realmente difícil encontrar símbolos para los sellos y los billetes; ha habido que conformarse con imágenes anodinas de la fauna y la flora locales. Pero si el CNA al menos ha luchado por sacudirse el legado de una identidad nacional etnicizada, otras fuerzas más reaccionarias han luchado por perpetuarla. El fomento de las identidades étnico-tribales por parte del régimen del apartheid mediante la construcción de bantustanes protonacionales ha resultado ser uno de sus legados más dañinos. La superposición de formas occidentales de representación política, que incluyen asambleas legislativas y autoridades ejecutivas, sobre la autoridad patrimonial tradicional del jefe tribal, caracterizado por su control del proceso de asignación de tierras, formaba parte del proceso del gran apartheid de preparar los bantustanes para el «autogobierno». Pero esta superposición institucionalizó una versión particularmente retrógrada de la política del «gran hombre», ya que las subvenciones del apartheid y el dinero de las multinacionales elevaron a los líderes tribales y a sus familias a la categoría de oligarcas.

Al inicio de las negociaciones, el CNA quiso abolir estos bantustanes recientemente fortalecidos en el seno de la democratizada Unión Sudafricana. Pero la carnicería de la guerra civil iniciada por los partidarios de Inkatha contra los cuadros del CNA, fomentada por la afirmación de que el CNA estaba empeñado en prohibir la tenencia consuetudinaria de la tierra, le hizo reflexionar. Los territorios tribales serían absorbidos por las nueve nuevas provincias, pero las antiguas estructuras de poder tribales y el control de los jefes sobre la tierra se mantendrían, ahora legitimados mediante la creación de una nueva cámara gubernamental, la Cámara Nacional de Líderes Tradicionales. Con su incorporación a los nuevos gobiernos provinciales después de 1996, los líderes tribales continuaron ejerciendo un peso local considerable, sobre todo en el Cabo Oriental y en las provincias nororientales de Limpopo y Mpumalanga^[28]. Cuando el Departamento de Desarrollo Rural y Reforma Agraria creado tras el desmantelamiento del apartheid compró tierras a propietarios blancos para devolverlas a la comunidad, los antiguos líderes tribales tendieron a arrogarse el control de las Asociaciones de Propiedad Comunitaria (APC), que supuestamente debían garantizar la autogestión colectiva. El resultado de todo ello ha sido el nepotismo, la malversación y el soborno por parte de las empresas mineras, que tratan de apropiarse de las tierras comunales y de los recursos hídricos, así como la apropiación por parte de las elites de los beneficios entregados a las APC por las empresas, normalmente propiedad de blancos, a las que se recurre para gestionar las tierras destinadas a la agricultura^[29].

La situación de Sudáfrica debe juzgarse en el contexto de estos legados, esto es, teniendo en cuenta la estructura de clases racializada del país, la existencia de un lumpenproletariado sin empleo, la naturalización de la violencia política, la persistencia de la etnotribalización y la afirmación del Estado como única vía para el avance social y económico

Perspectivas

La situación de Sudáfrica debe juzgarse en el contexto de estos legados, esto es, teniendo en cuenta la estructura de clases racializada del país, la existencia de un lumpenproletariado sin empleo, la naturalización de la violencia política, la persistencia de la etnotribalización y la afirmación del Estado como única vía para el avance social y económico. La historia del país contextualiza los altos niveles de desigualdad y desempleo existentes entre la población negra, el estancamiento de los sectores ocupacionales y de la geografía residencial basados en la raza, el deterioro de las infraestructuras públicas y el aumento del vandalismo y de los delitos violentos. No existen realmente demasiadas esperanzas de que vaya a producirse una mejora macroeconómica significativa. En un futuro previsible, la trayectoria de Sudáfrica en la división internacional del trabajo será la «reprimarización», es decir, un mayor peso de la exportación de materias primas, que en su caso se refiere a los minerales, frente a los productos manufacturados. Desde la década de 1990, esta ha sido una tendencia general en los países del hemisferio sur, tanto en el Cono Sur –Argentina, Chile, Uruguay, Brasil– como en Oceanía, con la excepción parcial de Nueva Zelanda. Podemos mencionar en este sentido el auge de la soja en Argentina, Brasil y Uruguay; las exportaciones de mineral de hierro de Brasil y el aumento de las exportaciones de cobre de Chile (cuadro 1). La demanda generada por el auge del consumo de materias primas impulsada por China entre 2000 y 2012 ha influido en ello de manera generalizada, al igual que la desindustrialización, una respuesta desigual al exceso de capacidad industrial registrada a escala mundial, la cual se ha visto agravada por la entrada en funcionamiento del enorme sector industrial exportador de China, además de por la prodigiosa productividad de los tigres asiáticos, de Alemania y de Japón.

Pero, aunque la dependencia de las exportaciones primarias no implica necesariamente la imposibilidad de elevar el nivel de vida, ello es lo que ha sucedido en Sudáfrica. En comparación con países similares del hemisferio sur, el historial es desalentador (gráfico 1). Ello se debe en gran medida a que en el caso de Sudáfrica la reprimarización refleja una tasa excepcional de desindustrialización. En líneas generales, la industrialización impulsada por el Estado entre 1960 y 1980 se tambaleó a partir de entonces, pero el crecimiento del sector industrial se estabilizó entre 1995 y 2008, cuando la economía en general creció a una tasa media anual del 3,4 por 100. Sin embargo, la economía sudafricana –y su sector industrial en particular– ha tenido dificultades para recuperarse de la crisis de 2008; el crecimiento medio anual durante la década siguiente ha sido solo del 1,4 por 100. Se perdieron en torno a 300.000 puestos de trabajo en el sector industrial, especialmente empleos de baja cualificación, siendo las pequeñas y medianas empresas las más perjudicadas, así como las industrias de procesamiento de metales demandantes de un alto consumo energético afectadas por los mencionados problemas de Eskom, especialmente en KwaZulu-Natal y el Cabo Oriental. El resultado de todo ello fue la reducción del 20 por 100 del crecimiento total del empleo^[30]. Las repercusiones de la contracción del sector industrial provocaron una fuerte caída de la demanda interna de bienes de inversión, así como de insumos financieros y de servicios. La inversión se desvió de la producción hacia las adquisiciones y fusiones empresariales, lo que supuso una presión adicional ejercida sobre las pequeñas empresas.

Las encuestas realizadas a las empresas muestran que la crisis eléctrica –frecuentes cortes de suministro combinados con un aumento de los precios– ha sido la mayor limitación para las mismas a escala del conjunto de la economía sudafricana. La proporción de estas que recurre a costosos generadores privados ha aumentado del 20 al 60 por 100 entre 2007 y 2020, un proceso de privatización progresivo y molecular, que es a la vez socialmente regresivo y económicamente ineficiente^[31]. En 2019 Eskom producía menos electricidad que en 2007, aunque sus precios se habían triplicado y su plantilla había aumentado el 50 por 100. Los planes para ampliar el suministro dependían en gran medida de la construcción de dos nuevas centrales eléctricas, Medupi y Kusile, pero estas se vieron afectadas por problemas técnicos y sobrecostes a lo que se sumaron acusaciones de sobornos masivos. La corrupción y la pérdida de competencias profesionales registradas en Eskom, resultantes del despliegue de cuadros del CNA en la empresa y de la depredación de esta por los hermanos Gupta, ha sido agravada por la debilidad estructural de los municipios en el sistema de suministro eléctrico, porque al ser los suministradores directos de electricidad a los usuarios de sus localidades, sus presupuestos dependen de los ingresos procedentes de la prestación de este servicio público, lo cual propicia a menudo su desvío a otras partidas de las cuentas municipales en lugar de destinarse a pagar las facturas de Eskom. Y ello por no hablar de las conexiones ilegales a la red eléctrica de los asentamientos informales o de la resistencia de los clientes a pagar las elevadísimas facturas que cobra el municipio por un suministro poco fiable. Existe un claro riesgo de que se produzcan efectos multiplicadores a partir de los problemas estructurales heredados por el CNA, agravados por algunas de sus soluciones.

El descontento está adoptando diversas formas políticas. La huelga de los mineros de platino de Marikana en 2012 fue también una lucha contra el sindicato oficial, el National Union of Mineworkers, afiliado a COSATU, socio de la coalición del CNA, en pro de la más combativa Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU). Una ola de huelgas lideradas por la AMCU en 2014 logró mejoras en los salarios y las condiciones laborales. La NUMSA, el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica, que mantiene una relación tensa con el COSATU, también ha liderado huelgas en las nuevas centrales térmicas de Medupi y Kusile. En lo referido a la política partidista, estas polarizaciones se reflejan en la Alianza Tripartita, el antiguo pacto electoral entre el CNA, el PCSA y el COSATU. El acuerdo de coalición del CNA con la Alianza Democrática, Inkatha y la Alianza Patriótica tras las elecciones de 2024 agravó las tensiones con el PCSA. El PCSA, que cuenta con 200.000 miembros, ha anunciado ahora su retirada de la Alianza Tripartita, afirmando que se presentará a las elecciones locales de 2026 con sus propias siglas. Se espera que algunos de los sindicatos actualmente afiliados a COSATU le retiren su apoyo^[32]. La popular es palpable, pero es poco probable que estos acontecimientos presagien un reajuste serio de las fuerzas de clase. El EFF, principal contendiente por el voto de los sindicatos disidentes, defiende la nacionalización de la industria y la redistribución de la tierra sin compensación alguna, pero parece más interesado en promover la hostilidad hacia los numerosos refugiados del norte de Limpopo.

Sin embargo, aunque el panorama es sombrío, no lo es del todo. Muchos observadores señalarían el papel del Defensor del Pueblo en la denuncia de la captura del Estado, la destitución incruenta de Zuma y la acumulación incansable de pruebas por parte de la Comisión Zondo, como ejemplos del lado mejor de Sudáfrica; aunque la corrupción ha continuado bajo el mandato de Ramaphosa, no lo ha hecho a la misma escala. Otros analistas podrían destacar el papel desempeñado por Sudáfrica y su sistema jurídico a la hora de llevar a Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia por la destrucción de Gaza, como un planteamiento más civilizado que el de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Alemania. Mientras tanto, los resultados de Eskom han mostrado signos de mejora desde principios de 2025 bajo la nueva dirección, constatándose una reducción significativa de los cortes de electricidad; los ferrocarriles están cambiando poco a poco, muy poco a poco. Pero los efectos del apartheid han sido duraderos. Los sudafricanos siguen pagando por todo ello un alto precio.