Producir revuelta: la formación de la clase obrera en la India neoliberal

En abril una ola de huelgas se extendió por la Región de la Capital Nacional, constituida por Delhi, que opera como su núcleo, y un determinado número de distritos adyacente pertenecientes a los estados de Haryana, Uttar Pradesh y Rajastán, todos ellos gobernados por el Partido Popular Indio (BJP). La Región de la Capital Nacional, una de las zonas más densamente industrializadas del mundo, se halla constituida por una constelación de polos industriales planificados surgidos a gran velocidad tras la liberalización económica decretada durante la década de 1990 por el Partido del Congreso, y da empleo a más de seis millones de trabajadores y trabajadoras en la producción de automóviles, productos electrónicos, prendas de vestir y bienes de consumo. Las huelgas comenzaron en la localidad de Manesar, ubicada en el estado de Haryana, se extendieron a Noida, una ciudad de Uttar Pradesh situada a 100 kilómetros de distancia, y se propagaron de inmediato a ciudades más alejadas como Bhiwadi, Faridabad, Neemrana y Rudrapur, entre otras. En menos de un mes, las evaluaciones efectuadas sobre el terreno contabilizaron paros en más de ciento cincuenta centros productivos localizados en cinco estados.

El descontento lleva años acumulándose. Los salarios se hallan contenidos por la competencia desencadenadas entre los diversos estados para atraer inversiones en el sector industrial, mientras que el salario mínimo lleva congelado desde 2016. La inflación ha mermado gravemente el poder adquisitivo de la clase trabajadora, pero, sin embargo, la sindicalización sigue siendo casi imposible, debido al sistema de contratación de la mano de obra a través de contratistas y a la fragmentación de las cadenas de suministro. Por ello, hasta hace poco, la resistencia obrera ante estas condiciones ha sido principalmente individual e informal: ralentizaciones del ritmo de trabajo, bajas por enfermedad o negación a hacer horas extras. En casos extremos, los trabajadores cogen un autobús de vuelta a su pueblo y no regresan a su puesto de trabajo; la tasa de rotación en las fábricas de la Región de la Capital Nacional es tan alta que los directivos empresariales la consideran un coste inherente al funcionamiento de la empresa.

El trabajador temporal medio de una planta de componentes de automoción realiza turnos de doce horas diarias, gana 600 rupias (aproximadamente 6 dólares) al día, no firma ningún contrato escrito, no dispone de mecanismo formal de reclamación alguno y su empleo está sujeto a renovaciones de treinta días, que su empleador puede optar por no respetar. El pago de las horas extras rara vez se calcula correctamente y las deducciones por «roturas» son habituales y arbitrarias. Una encuesta realizada por la Migrant Worker Solidarity Network reveló que más del 60 por 100 de los trabajadores del cinturón industrial de Manesar nunca ha recibido una nómina

Tomemos como ejemplo Manesar, ciudad donde comenzaron las huelgas. El cinturón industrial de Gurgaon-Manesar, situado al suroeste de Nueva Delhi, creció en torno a Maruti Suzuki, el principal fabricante de automóviles de la India, establecido en esta zona industrial a principios de la década de 1980 como una empresa mixta participada por el gobierno indio y la empresa japonesa. El programa de fabricación gradual implementado por el gobierno indio transformó esta zona en uno de los principales núcleos de producción automovilística de la India. Tan solo el «pueblo industrial modelo» de Manesar incluye dos mil doscientos centros de producción, que empleaban en torno a 300.000 trabajadores en 2023. El trabajador temporal medio de una planta de componentes de automoción realiza turnos de doce horas diarias, gana 600 rupias (aproximadamente 6 dólares) al día, no firma ningún contrato escrito, no dispone de mecanismo formal de reclamación alguno y su empleo está sujeto a renovaciones de treinta días, que su empleador puede optar por no respetar. El pago de las horas extras rara vez se calcula correctamente y las deducciones por «roturas» son habituales y arbitrarias. Una encuesta realizada por la Migrant Worker Solidarity Network reveló que más del 60 por 100 de los trabajadores del cinturón industrial de Manesar nunca ha recibido una nómina.

En Noida, un distrito productivo situado al sureste de Nueva Delhi especializado en confección y electrónica, la producción se distribuye entre miles de fábricas vinculadas a través de contratistas y subcontratistas. Los trabajadores se enfrentan a robos salariales diarios mediante deducciones ilegales y despidos arbitrarios. La condición de aprendiz, limitada legalmente a dos años, se ha utilizado sistemáticamente para negar a los trabajadores las prestaciones correspondientes a los empleados fijos y los salarios acordes con sus competencias. Los trabajadores soportan condiciones explotadoras e ilegales, porque simplemente no pueden permitirse el riesgo de ser despidos. Un trabajador contratado desprovisto de ahorros, carente seguridad social y con una familia que depende de las remesas mensuales enviadas a su pueblo, no puede permitirse una pérdida de ingresos. Y en toda la Región de la Capital Nacional, el despido ha sido la respuesta habitual ante cualquier forma de resistencia. Ser incluido en una lista negra en un distrito donde todas las fábricas comparten contratistas y supervisores significaría no poder encontrar trabajo a partir de ese momento.

La promulgación de los nuevos Códigos Laborales en noviembre de 2025 ha consolidado la trayectoria de liberalización del mercado de trabajo mediante la facilitación de los despidos masivos, el adelgazamiento de la normativa vigente y el aligeramiento de los procedimientos, así como mediante el condicionamiento del reconocimiento sindical a la obtención del 51 por 100 de afiliación, un umbral prácticamente inalcanzable, en las empresa correspondientes y la introducción de requisitos procedimentales, que dificultan considerablemente la organización de huelgas legales

Otro factor que ha frenado la acción colectiva son las diferentes circunstancias de los trabajadores. Un trabajador fijo tiene prioridades distintas a las de un trabajador contratado por treinta días, que puede ser despedido sin previo aviso. Las reivindicaciones de un aprendiz difieren de las de un trabajador a destajo, cuyos ingresos mensuales pueden fluctuar de forma impredecible. Sin embargo, las vías institucionales necesarias para superar tales diferencias se han visto todavía más restringidas por los nuevos Códigos Laborales aprobados en noviembre de 2025. Estas reformas legislativas han consolidado la trayectoria de liberalización del mercado de trabajo mediante la facilitación de los despidos masivos, el adelgazamiento de la normativa vigente y el aligeramiento de los procedimientos, así como mediante el condicionamiento del reconocimiento sindical a la obtención del 51 por 100 de afiliación, un umbral prácticamente inalcanzable, en las empresa y la introducción de requisitos procedimentales, que dificultan considerablemente la organización de huelgas legales.

Sin embargo, durante los tres primeros meses de este año ha habido indicios de que la resistencia masiva de los trabajadores estaba creciendo a pesar de todo, habiéndose documentado al menos veintiocho acciones sindicales importantes. Entre ellas se incluye el paro en la refinería de Indian Oil en Panipat, estado de Haryana: 30.000 trabajadores detuvieron la producción durante seis días, mientras las fuerzas de seguridad disparaban para dispersar a la multitud. También hubo acciones en ArcelorMittal Nippon Steel, en Surat, en Adani Power (Singrauli) y en las plantas de UltraTech Cement repartidas por cuatro estados. No se trató de acciones coordinadas, sino en realidad de reacciones paralelas a las mismas presiones estructurales ejercidas por el Estado y las empresas sobre los trabajadores y las trabajadoras.

¿Por qué estas reivindicaciones de larga data estallaron de repente en acciones sindicales? Los nuevos Códigos Laborales han formado parte del contexto político fundamentalmente por la decepción que han acarreado, en primer lugar, porque muchos trabajadores esperaban mejoras salariales o una mayor seguridad laboral y, en segundo, porque los Códigos se publicitaron ampliamente, contando incluso con vallas publicitarias contratadas por el gobierno indio, instaladas a lo largo del corredor industrial, que los presentaban como el fruto de reformas importantes. En abril concurrieron otros dos factores, que conjuntamente alteraron de manera decisiva los cálculos de los trabajadores. El primero fue el incremento del coste de la vida. La India importa la mayor parte de su petróleo crudo y el estallido de la guerra en Oriente Próximo y el Golfo Pérsico provocó una subida vertiginosa de los precios del combustible y del gas de cocina, devorando lo poco que quedaba de los salarios de los trabajadores tras pagar el alquiler. Para los trabajadores que ganaban aproximadamente 10.000 rupias al mes (3,80 dólares al día tras las deducciones) el precio de una bombona de gas de cocina se convirtió en una cuestión de supervivencia. El segundo fue el detonante inmediato: el 9 de abril el gobierno del estado de Haryana, bajo la presión de semanas de continuos disturbios laborales en Manesar, anunció un aumento del 35 por 100 del salario mínimo para los trabajadores no cualificados, que pasó de 11.274 rupias (119 dólares) a 15.220 rupias (161 dólares) al mes. Para los trabajadores de Noida, que cobraban menos por un trabajo idéntico efectuado en las mismas empresas multinacionales, el anuncio desató la indignación y la esperanza de poder obligar también al gobierno de Uttar Pradesh a ceder.

La movilización se extendió horizontalmente a través de las conversaciones a las puertas de las fábricas, las redes de migración y las solidaridades de casta y regionales, que unen a los trabajadores con sus pueblos de origen. Las redes sociales también fueron clave

La cadena de suministro se convirtió en el circuito por el que se propagaban las noticias de las huelgas. Cuando los trabajadores de la confección de Richa Global en Manesar se declararon en huelga y fueron atacados por la policía, los trabajadores de Richa Global en Noida se declararon en huelga como respuesta a la agresión. Los trabajadores de Motherson, uno de los mayores fabricantes de componentes de automoción de la India, vieron cómo las huelgas se extendían desde Noida hasta Faridabad, Lucknow, Haldwani y Bhiwadi, avanzando a lo largo de la cadena de producción. El 14 de abril más de 42.000 trabajadores se habían echado a la calle en ochenta y tres localidades. La movilización se extendió horizontalmente a través de las conversaciones a las puertas de las fábricas, las redes de migración y las solidaridades de casta y regionales, que unen a los trabajadores con sus pueblos de origen. Las redes sociales también fueron clave. Los trabajadores migrantes de Bihar y del este de Uttar Pradesh construyeron una cultura paralela de solidaridad en Instagram, donde podían ver imágenes de los trabajadores de Indian Oil en Panipat lanzando piedras contra las fuerzas paramilitares. La difusión de esas imágenes contribuyó a que la clase trabajadora se reconociera a sí misma más allá de las fronteras geográficas y sectoriales.

Este año, el Estado y la policía han intentado criminalizar a los huelguistas de forma similar. Afirmaron que las acciones sindicales habían sido orquestadas por agitadores externos y las calificaron de «conspiraciones de WhatsApp»; cuando esas acusaciones no cuajaron, alegaron vínculos con Pakistán, el naxalismo… con cualquier cosa, que pudiera desviar la atención del tema en cuestión: las condiciones laborales y los salarios

La respuesta del Estado siguió un precedente brutal. En 2011-2012 los trabajadores de la planta de Maruti Suzuki de Manesar hicieron campaña por el derecho a formar un sindicato independiente. Tras un violento enfrentamiento en julio de 2012, quinientos cuarenta y seis trabajadores fijos y mil ochocientos temporales fueron despedidos ilegalmente. Más de ciento cuarenta y siete fueron encarcelados. Trece líderes de la huelga recibieron condenas a cadena perpetua basadas en lo que un informe publicado por la People’s Union for Democratic Rights consideró pruebas falsificadas. La represión y la criminalización de las huelgas contribuyeron al debilitamiento de la infraestructura organizativa de la región.

Este año, el Estado y la policía han intentado criminalizar a los huelguistas de forma similar. Afirmaron que las acciones sindicales habían sido orquestadas por agitadores externos y las calificaron de «conspiraciones de WhatsApp»; cuando esas acusaciones no cuajaron, alegaron vínculos con Pakistán, el naxalismo… con cualquier cosa, que pudiera desviar la atención del tema en cuestión: las condiciones laborales y los salarios. En Manesar se produjeron detenciones masivas de cientos de trabajadores, además de persecuciones contra organizadores y activistas. Miembros de la organización sindical Inquilabi Mazdoor Kendra fueron detenidos junto con trabajadores de la fábrica del fabricante de piezas de automóvil Bellsonica; a todos se les tachó de conspiradores y se les encarceló. En Noida, miles de trabajadores fueron detenidos. También se persiguió a quienes apoyaban las huelgas, entre ellos un ingeniero de software, que publicó un vídeo instando a los trabajadores a protestar pacíficamente, y un veterano periodista, que llevaba doce años sin poner un pie en la ciudad. A continuación, se invocó la Ley de Seguridad Nacional, que permite la detención «preventiva» sin cargos ni juicio. Cientos de trabajadores siguen en prisión acusados de intento de asesinato. Se han documentado casos de tortura bajo custodia.

En junio la producción se había reanudado en toda la región, aunque muchos de los que huyeron tras las detenciones no han podido volver al trabajo. No obstante, el movimiento logró una importante concesión inmediata: a los pocos días de la movilización, tanto Haryana como Uttar Pradesh revisaron el salario mínimo. Sin embargo, los avances resultaron desiguales. Muchos empresarios todavía no han aplicado las tarifas revisadas, han continuado las represalias encubiertas mediante la no renovación de contratos, y cientos de trabajadores siguen en prisión mientras continúan los procesos penales contra organizadores y activistas.

Aunque las huelgas quizá no hayan transformado el régimen laboral que las provocó, sí han puesto de relieve una contradicción clave del modelo económico de la India. Durante la última década, el gobierno de Modi ha convertido al sector industrial en parte central de su estrategia de crecimiento, «convirtiendo las fábricas, las redes logísticas y las vastas cadenas de suministro del corredor industrial Delhi-Región de la Capital Nacional en la joya de la corona, que han sido promocionadas como prueba del surgimiento de la India como potencia industrial mundial. Este impulso industrial ha dependido de un régimen laboral «flexible» caracterizado por una profunda inseguridad, salarios estancados y una creciente frustración imperante entre los trabajadores y trabajadoras, que las leyes antiobreras no pueden reprimir indefinidamente, como demostraron claramente las huelgas de la última primavera. Que estas resulten ser un punto de inflexión depende de la infraestructura organizativa, que se construya a raíz de ellas.

Recomendamos leer Radhika Desai, «La India de Modi: ¿El punto álgido de la hindutva?», Diario Red/NLR 147, Pranab Bardhan, «La “nueva" India: Un diagnóstico económico-político», NLR 136, y Achain Vanaik,, «Las dos hegemonías de la India», NLR 112.

Este texto se ha publicado en Sidecar, el blog de la New Left Review, revista bimestral de teoría y política publicada en Madrid por Traficantes de Sueños.